Avanzan a todo vapor las críticas religiosas sobre la unión civil: cartas de padres en Santa Fe, una encumbrada solicitada y un escándalo constituyente en Entre Ríos, son los primeros gestos en contra del cambio en la letra. Mientras, gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales y heterosexuales aguardan por el tratamiento de la ley de unión civil en la Cámara de Senadores de la Provincia. Derechos elementales negados a un sector de la población están puestos en juego.
A la espera de que el Senado provincial comience a tratar en sus comisiones el proyecto de unión civil aprobado por la Cámara de Diputados en agosto, son cada vez más las voces que se alzan en reclamo de una rápida sanción de la norma que otorgará derechos de tipo previsional, acceso a la salud, licencias, permisos laborales y planes de vivienda, sociales y educativos, entre otros, a parejas que deseen visibilizarse ante la ley y realizar este trámite.
La Unión Estable de Parejas está basada en el principio de no discriminación, por lo que pueden acceder a la misma todas las ciudadanas y ciudadanos con domicilio en la provincia de Santa Fe que así lo deseen, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género. Por tanto, pueden acceder a ella parejas heterosexuales o parejas de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales.
Dos concejalas y un abogado constitucionalista coincidieron en remarcar la importancia de la puesta en marcha de esta ley –que ya está vigente en otros puntos del país– luego de que en las últimas semanas se produjeran dos episodios que, aún con diferentes niveles de relevancia, marcan la pervivencia de factores conservadores ya no sólo en la ciudad, sino en la región toda.
Primero estuvieron los vaivenes que derivaron en la exclusión de la nueva Constitución entrerriana de la figura de unión civil. La iniciativa de darle rango constitucional tenía dictamen favorable; la irrupción de un duro comunicado religioso de cinco puntos con, entre otras, la firma del Arzobispo de Paraná, Mario Maulión, inició una rosca que continuó con un importante lobby y que terminó con una total torsión: la votación de los constituyentes cerró al revés de lo previsto. El comunicado, entre otras cosas, afirmaba que “Sólo la unión estable de un varón y una mujer está en condiciones de asegurar adecuadamente la procreación y la supervivencia de una sociedad humana” y que “No juzgamos a la personas aunque no la [sic] compartimos ni aprobamos las conductas incoherentes o contrarias a la naturaleza humana, como no compartimos el robo, el asesinato, la mentira…”.
Con mayor impacto de este lado del río, un grupo de padres santafesinos (nucleados en la Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos de la Arquidiócesis de Santa Fe) dirigió una carta a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la que se dice que se “respetan las acciones privadas de las personas”, pero que “no comparten y se resisten a que se aprueben como un valor social la figura de las uniones estables entre las personas del mismo sexo, equiparándola a la institución del matrimonio”. Además, se señala que “pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia santafesinos que han recibidos sus enseñanzas y pretenden continuar enseñando a sus hijos que la única unión estable es la de una mujer con un hombre, siendo por derecho natural, legal y biológicos, que es fuerza de razón de la existencia humana”. Con iguales términos –y con muy parecida sintaxis– se expresa el mismo argumento en otra parte de la solicitada publicada en los diarios paranaenses el 4 de septiembre, un día antes del abrupto cambio de opinión en la constituyente.
Ninguna respuesta oficial tuvo el pedido de los padres santafesinos. La iniciativa está (desde hace casi dos meses) a la espera de que las distintas comisiones de senadores comiencen a discutirla, para luego tratarla en el recinto. El periplo comienza en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por José Ramón Baucero; luego deberá pasar por la de Gobierno y la de Asuntos Constitucionales.
No será un trámite: el Senado constituye una suerte de reserva moral y material de la vieja política, si tal cosa existe. Nueve de sus diecinueve miembros van por sus segundos (o terceros) mandatos: los justicialistas Alberto Crosetti, Alcides Calvo, Ricardo Spinozzi, Juan Carlos Mercier, Norberto Betique, Danilo Capitani, Horacio Pucheta y el mencionado Baucero; también el radical Felipe Michlig. Los atornillados no tienen mayoría propia, pero casi...
Juan Carlos Zabalza, uno de los voceros oficialistas en la Cámara alta (donde es minoría su bloque), se manifestó expectante y optimista respecto de un eventual pronto consenso –tal como había ocurrido en Diputados, donde la composición política es otra.
Un proceso positivo
La concejala socialista Marta Fassino dijo que “vemos como muy positivo el proceso iniciado en Santa Fe y otras provincias. Creemos que la sociedad cada vez es más abierta a las distintas formas de relaciones humanas (que incluyen la diversidad sexual), lo cual queda evidenciado en que los representantes del pueblo están presentando, en diversos puntos del país, distintos proyectos para, de a poco, ir dejando de discriminar, sea en razón de la orientación sexual de las personas o por cualquier otro motivo”.
En el año 1987 se decía que si el Estado permitía que los matrimonios se disolvieran, ello traería aparejado una ola interminable de divorcios, que generaría prácticamente el fin de la sociedad occidental. Lo cierto es que hoy podemos decir que no hubo ninguna “explosión social” por el divorcio. “Idéntica comparación podríamos hacer con las leyes de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Que el Estado reconozca una situación que –de hecho– ocurre en la sociedad, como la diversidad de uniones de parejas, es simplemente una acción de estricta justicia, sinceridad social y respuesta a las necesidades planteadas por los ciudadanos y ciudadanas”, sentenció la concejala.
Sin dejar de apoyar el proceso de la Legislatura local, Fassino puso responsabilidad en la Nación: “lo que debemos decir al respecto es que las y los socialistas creemos que el Estado argentino debe reconocer el derecho de todas las personas a casarse civilmente, sean de igual o distinto sexo. Un Estado que discrimina no merece ser llamado democrático”.
“Ahora bien: en nuestro Estado Federal la legislación respecto al matrimonio corresponde al Código Civil. El Estado nacional debe legislar al respecto. Ello no obsta a que, a nivel provincial, pueda regularse la unión civil, que no llega a ser jurídicamente matrimonio. Así también se evidencia que el tema se está instalando en la sociedad y que ésta se encuentra preocupada por debatir lo que años atrás eran tabúes. En segundo lugar, ha quedado evidenciado que la Iglesia Católica presiona a los representantes del pueblo elegidos democráticamente cada vez que el Estado intenta cumplir con principios que la misma Iglesia Católica dice procurar, como la igualdad, la libertad, la no discriminación, etcétera, los que están consagrados en pactos internacionales y en la Constitución Nacional”, señaló.
Por su parte, la concejala oficialista Adriana Molina opinó que “la intención que tenemos desde el interbloque del Frente Progresista Cívico y Social es tratar de sacar una declaración apoyando la unión civil, porque creemos que aporta a una mayor democratización, mayor equidad entre varones y mujeres. Entendemos que es un avance en materia de derechos humanos: los concejales compartimos estos principios”.
Respecto de situaciones como las ocurridas en Paraná dijo que “sabemos que lo complicado en Santa Fe está, fundamentalmente, en el Senado, pero también sabemos que la vicegobernadora tiene una visión de apertura democrática sobre el tema”.
“Personalmente creo que en este caso, como en su momento fue la ley de divorcio, no estamos hablando de leyes que tengan que ver con confesiones o con religiones. Son cuestiones que tienen que ver con toda la ciudadanía, más allá de cuáles son sus convicciones religiosas. Nos parece que está bien plantear este debate porque son temas de los cuales debe ocuparse el Estado”, finalizó.
Constitución sin sexo
“La Constitución no tiene sexo, ni quiere tenerlo”, arrancó diciendo sobre lo ocurrido en Entre Ríos el abogado constitucionalista Domingo Rondina.
En primer lugar, aclaró que en un correcto lenguaje constitucional hay que hablar de matrimonio, no usar el eufemismo ‘unión civil’, “porque entendemos que a las parejas homosexuales les asiste exactamente el mismo derecho que a las heterosexuales. En todo caso, la ‘unión civil’ es sólo un paso intermedio en el devenir histórico que debe culminar con la convalidación plena de estas parejas. La Constitución Nacional consagra el derecho de todos los ciudadanos a casarse, sin distinguir sexos. Y lo establece en su artículo 20, donde habla de los extranjeros, porque quería asegurarse que quienes venían con costumbres distintas no fuesen discriminados si no coincidían con el casamiento mayoritario”. La Declaración Universal de Derechos Humanos (con jerarquía constitucional) en su artículo 16.1 establece el derecho, por igual para hombres y mujeres, a casarse y fundar una familia.
“Ninguna cláusula constitucional permite inferir que sólo sea admisible el casamiento heterosexual. Ningún mandato de nuestra norma suprema contiene un concepto de familia como varón + mujer + hijos biológicos. Más aún: la correcta interpretación dentro de un Estado Constitucional de Derecho indica que ningún derecho primario puede depender de la orientación sexual de las personas. Todo ciudadano tiene los mismos derechos, todo ciudadano tiene todos los derechos. Y eso es igualdad, según el artículo 16 de la Constitución”, afirmó Rondina.
Para la concepción liberal es inconstitucional someter el goce de una facultad a determinada opción sexual: el Estado se hace totalitario al pretender imponer a sus ciudadanos un plan de vida, una escala de valores, un programa ético. Y es antirrepublicano: “el Estado no puede establecer un plan de vida al individuo, no puede decirle: esto es bueno y esto es malo, casarse con una mujer está bien, pero casarse con otro varón está mal. Hace a su privacidad, que es su libertad más básica, decidir eso, y poderlo decidir libremente hace a la dignidad del ser humano. Por lo tanto, debemos decir sin temor a equivocarnos que hay un derecho constitucional al matrimonio homosexual tanto como al matrimonio heterosexual. Lo mismo vale para las adopciones, alimentos, pensiones, salario familiar, sucesión, y demás derechos personalísimos que nacen con la familia”.
“Otra cosa es que nos parezca adecuado cristalizarlo en una Constitución. Precisamente porque creemos que está implícito, no nos parece necesario expresarlo. Y nos parece que todas estas regulaciones, que se vinculan a momentos históricos, no deben estar en las constituciones. Pero también es cierto que la argentina es un catálogo tan minucioso que agregarle cosas no sorprende a nadie. Siendo claro: el matrimonio homosexual es tan constitucional como el heterosexual, cualquier disposición en contrario resulta violatoria de la Constitución Nacional. La Constitución no tiene en cuenta el sexo a la hora de establecer los derechos de las personas, ni quiere que nadie se fije en el sexo del ciudadano, que con sólo serlo tiene acceso al patrimonio constitucional”, sentenció.
Una conquista
Al momento de aprobarse la iniciativa en Diputados, la legisladora Lucrecia Aranda señaló: “aspiro a que sea una conquista con un impacto positivo. Igual, las mujeres todavía tenemos mucho que pelear contra la discriminación. La sexualidad femenina sigue siendo penalizada. Los varones van adelante, como en otras conquistas: a las lesbianas les es mucho más difícil visibilizarse que a los varones”.
En el movimiento de lesbianas feministas Las Diversas creen que si bien es importante contar con esta ley, “antes se deben generar políticas públicas para terminar con la discriminación y el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad para con los gays y las lesbianas”.
Asociación Civil Vox, una ONG con sede en Santa Fe y Rosario, lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Días pasados, sus representantes mantuvieron un encuentro con senadores provinciales de diversos bloques a fin de avanzar en aspectos relativos al tratamiento de la Ley de Unión Estable de Parejas.
Esteban Paulón, secretario de Vox, declaró que “nos vinimos con la sensación de que nuestra provincia se encamina a consagrar la igualdad jurídica para todas las familias y parejas. Tuvimos muy buena recepción y, si bien no se obtuvieron compromisos explícitos, notamos una voluntad unívoca de tratar el tema y dar curso favorable a la sanción que falta”.
“Las senadoras y senadores provinciales representan a la población de sus departamentos y conocen la realidad de exclusión y negación de derechos que vivimos los miles de gays y lesbianas que hoy no poseemos el reconocimiento y protección del Estado provincial. Estamos convencidos que en base a esta realidad el Proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas va a ser aprobado pronto en el Senado y que hacia fin de año Santa Fe se pondrá a la cabeza de la legislación por la igualdad en Argentina”, agregó Paulón.
Sobre las declaraciones de la Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos de la Arquidiócesis de Santa Fe, Paulón dijo que “no nos extraña. La jerarquía de la Iglesia Católica siempre se ha opuesto a los avances sociales. Se opusieron al divorcio, a la investigación con células madres y hasta, en un inicio, se oponían a la masificación del conocimiento negando incluso que la tierra girara alrededor del sol, entre otras oposiciones que no tienen sustento en la realidad. Lesbianas, gays, bisexuales y trans conformamos en la actualidad familias diversas; somos una realidad concreta, habitamos el mismo suelo y queremos los mismos derechos con los mismos nombres”.
Publicado en Pausa #21, 3 de octubre de 2008.
