Relocalizaciones y derrumbes de casas: al norte de Santa Fe se repiten los abusos en tres barrios pobres.
Por Juan Pascual
“Nosotros estamos acá y somos como marcianos. Nadie nos conoce. Hace 9 años que estoy viviendo acá. En 2009 estuve inundada, decían que me iban a dar una casita, que esto y aquello. Y no me la dieron. Y yo fui a reclamar y me mandaron de acá para allá. ¡En cuatro años no hicieron nada! ¡Antes de largar la lengua hay que hacer las cosas!”, dice Esther Acevedo. Su rancho, que estaba en la zona del humedal de la Setúbal, ya forma parte del pasado. Unos 100 metros al sur vivía Ángel Buratti, en una casa de material a la vera de Pascual Echagüe, en zona no inundable. Mientras hacíamos equilibrio sobre los escombros, el viejo cuenta: “La tiraron abajo con la topadora, hace dos meses. Mirá, ese era uno de los tirantes. Me sacaron todos los cables de la luz y los cargaron en el camión. Tuve que pagarme los cables después para hacerme el refugio”. Al lado de la vivienda destruida hay un rancho de chapa, “Me dijeron que también lo iban a tirar al suelo. Les dije que si me lo tiraban al suelo yo les tiraba a las patas, a ver si les gustaba. Los escombros son de la casa del pibe mío, que está preso. Yo se la iba haciendo con la plata que él me mandaba de trabajar en la cárcel”.
—¿Ya habló con su hijo?
—¿Qué le voy a decir? La Municipalidad la tiró abajo, ¿qué querés que haga? Nunca tuve problemas con nadie. Pero me prometieron una casa en Pompeya, y acá están los escombros. Dijeron que tenían que hacer un reservorio, pero... Y que me pagaban. Después vinieron, me dieron $1000 y se fueron nomás. Me dijeron que podía levantar una casa en Pompeya. La fui a ver: me pidieron 150 mil pesos y era una cosita que se empujaba y se caía. La Municipalidad lo prometió y después vinieron a prepearme. ¿Y dónde pongo los chanchos, los caballos, las gallinas?
Desde 2001, Liliana Berraz sostiene la Asociación Civil Manzanas Solidarias y un trabajo continuado con las más de 200 familias que viven en los barrios Bajo Judiciales y Playa Norte: más de 250 hectáreas al norte de Guadalupe, delimitadas por French al sur, Riobamba al este, Pascual Echagüe al oeste y un terraplén construido en 1995 al norte. Además, está Bajo GADA, al norte del terraplén, con hogares al costado de la arteria que lleva a Chaco Chico, o en el humedal de la Setúbal. Liliana camina por el barrio a cualquier hora: sabe los nombres de cada uno de los jefes de hogar. Con un tono casi administrativo, enumeró las demoliciones: la casa de un pescador de Playa Norte en 2008, 20 casas de Bajo Judiciales en 2010, cinco más sobre Pascual Echagüe, otras ocho sobre Playa Norte, tres intentos que resistieron los vecinos –y que devinieron en dos denuncias judiciales-, y dos derrumbes efectivos, el mes pasado, sobre Pascual Echagüe. Son 36 viviendas destruidas en cinco años. Los últimos dos casos corresponden a Acevedo, en Bajo GADA y Buratti, de Bajo Judiciales.
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¿Qué hacemos?
El 16 de junio de 2005 el Concejo Municipal sancionó la ordenanza Nº11.197, que establecía que la Costanera debía continuar por calle Italia, primero, y Riobamba, después, con un parque lineal de 60 metros al costado. El recorte caía sobre los vecinos al oeste de Riobamba, los pobres, y no sobre los caserones del este, que tienen vista a la laguna. No hubo acción alguna hasta 2008, durante la gestión Barletta. Empleados municipales trazaron una línea de cal, como las de las canchas de futbol, paralela a Riobamba. La línea pasaba por los patios y a veces se interrumpía, cuando se topaba con la pared de una casa. Se estaba marcando el ensanche de la calle. El entonces coordinador de Distrito Este, Jorge Rico, explicó que con esos 32 metros de calle más al oeste se mejoraba el acceso a la playa, siguiendo la sinuosa línea de la costa, y se favorecía a futuros proyectos inmobiliarios. Les dijo a los vecinos que potenciaba “el aspecto turístico”. La Vecinal de Guadalupe Noreste apoyó el proyecto y sumó que alentaba a la “seguridad” del barrio. La raya de cal sentenció a 17 casas, una sola (la del pescador) se demolió “sin previo aviso y con una impresionante custodia policial”, recordó Berraz. Los vecinos en la calle detuvieron el avance.
Con gestos exagerados, en marzo de 2009 el secretario de Planeamiento, Eduardo Navarro, afirmó que “la idea es sacar la arena y con ella refular (rellenar) la zona”: el Bajo Judiciales. El nuevo plan: viviendas, hoteles, clubes, restoranes y comercios, torres y caletas náuticas, en el humedal. En abril del mismo año, la web de la Municipalidad comunicó que el intendente, el secretario de Obras Públicas Roberto Porta y miembros de la Cámara Argentina de la Construcción se habían reunido para analizar las “nuevas posibilidades de inversión público-privadas”; la correspondiente a Guadalupe Noreste fue presentada antes en un desayuno con la Asociación de Dirigentes de Empresas. Los anuncios se sucedieron en diversos medios locales, (en El Litoral se señaló que “Los principales escollos son conseguir fuentes de financiamiento y reubicar a unas 150 familias que viven en una villa cercana”), hasta que en abril de 2010 arribó al Concejo Municipal el nuevo Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU): previo refulado, viviendas de planta baja y primer piso para el bajo, en Riobamba habilitación para la construcción de torres, y las caletas. Navarro sintetizó la lógica del desarrollo urbano de acuerdo al interés inmobiliario con un escueto enunciado: “estamos garantizando la llegada de los servicios porque a las empresas de luz, gas, agua y cloacas les resultará más rentable extenderlos si a futuro tendrán más clientes”.
Sin embargo, en abril de 2010, quien era el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Alejandro Boscarol, aclaró que la zona en realidad era un reservorio y que, por ello, comenzarían a erradicarse a las familias allí residentes. Recién en agosto de 2012 el ejecutivo local elevaría al Concejo Municipal el Mensaje 66, que solicitaba modificar el ROU para “construir un nuevo reservorio”.
Dos ensanches, un fastuoso plan para las inmobiliarias, un reservorio. Desde 2005 a la fecha la Municipalidad desarrolló cuatro proyectos distintos, pero mantuvo un solo curso de acción: demolición y erradicación de los vecinos.
—¿Por qué los cambios de posición de la Municipalidad?
—No hubo un cambio de posicionamiento –respondió la directora de la Agencia Santa Fe Hábitat, Sara Lauría–. Si bien el ROU define el área como de potencial desarrollo, esta gestión ha elevado un proyecto al Concejo Municipal para hacer una reserva de tierra no edificable y un reservorio. Desde el primer momento esto funciona como un reservorio. Lo que queremos es que se legitime. En este sector no hay forma de resolver el anegamiento y el tiempo que demora en evacuar el agua en muchos barrios. Esto ha generado muchísima polémica, lo hemos discutido un montón de veces, están los informes del Instituto Nacional del Agua sobre el Plan General de Desagües donde se recomienda esto.
—Pero legalmente no está habilitado como reservorio.
—Lamentablemente el Concejo Municipal no ha tratado todavía el tema. Pero esto es una clara muestra para quienes piensan, lo voy a decir con todas las letras, que esto es un desarrollo inmobiliario.
“Que una zona sea un reservorio, o no, es una decisión política, no depende de las condiciones naturales. Se está intentando construir un reservorio donde habitan personas. Hay una negación de la subjetividad ciudadana de los vecinos de los barrios, porque se le pasa por encima a las casas sin preguntarles, sin ningún tipo de legalidad y sin cuidar siquiera de los escombros. Es como que no son personas”, afirma el abogado Guillermo Moro, de la Asociación Civil Tramas, que junto a Manzanas Solidarias, Canoa Hábitat Popular y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos son las organizaciones que hacen pie en la zona.
“Pareciera que no tienen idea de qué es un reservorio”, arranca Berraz. “Cualquier reservorio nuevo necesita de la evaluación de cuál es la población perjudicada. No solamente son los sectores más pobres, sino todo el sector residencial de la zona. El reservorio nunca fue aprobado. Tuvimos reuniones con concejales del oficialismo y la oposición, con la comisión que está a cargo de las obras públicas, y a ninguno le pareció lógico un proyecto de este tipo. Además, la ley provincial 11.730, establece que todo lo que tiene relación con las zonas inundables y obras hídricas depende de la provincia. La Municipalidad no tiene competencia”. La letra de la 11.730 es clara: su objeto es el “uso de bienes situados en las áreas inundables dentro de la jurisdicción provincial” y quien ha de aplicarla es el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.
Las demoliciones
En su mayor parte, los terrenos pertenecen a dos familias, los Acuña y los Funes, quienes reclaman el desalojo de los habitantes, que moran allí desde hace más de 10 años y, en muchos casos, toda la vida. Los Funes son, además, los dueños originales de las tierras que fueron tardíamente expropiadas para la construcción de Los Quinchitos (Nueva Esperanza Este para la Municipalidad), un predio donde se construyeron módulos habitacionales para los habitantes erradicados: primero 20 familias en 2010, y luego varias más. Con techo de paja, paredes de fino durloc y apenas 17 m2 utilizables, las pocilgas eran mucho más precarias que las viviendas originales. Durante tiempo, la Municipalidad incumplió la ordenanza que daba marco al emplazamiento, especialmente en lo referente a servicios y acceso. Recién a fines de 2012 comenzó a llegar dinero para refacciones, pero los resultados siguen siendo inferiores al hábitat que los vecinos ya poseen en su lugar de origen.
—¿Por qué los que se van tienen que derrumbar sus casas?
—Eso está en el compromiso firmado en el acta de reubicación con los vecinos –justifica Lauría–. No se derrumban. Hay un compromiso. Están viviendo en una situación de precariedad edilicia, en un lugar que hay que recuperar para poder profundizar un reservorio. El compromiso del Municipio es adjudicar un terreno y un módulo. Es de sentido común, no dejemos una vivienda que pueda ocuparse. La idea es que este lugar se recupere, que el reservorio funcione como debería funcionar.
—También hay demoliciones en terrenos altos, como en Riobamba y Pascual Echagüe.
—No sé cuáles son las demoliciones en terreno alto. Todas las reubicaciones que se han hecho son reubicaciones en áreas de riesgo. En área de riesgo no puede haber una vivienda para que vaya otra familia a encontrarse en la misma situación de riesgo. Todas las reubicaciones se han hecho de acuerdo con las familias que vivían. Algunos han desmantelado los componentes porque han recuperado partes y las han llevado y con otros hemos colaborado porque no tenían capacidad propia para desmantelar su vivienda precaria. Están acordadas –enfatiza– cada una de las reubicaciones.
—Varios vecinos dijeron recibir presiones y hay denuncias penales.
—Acá no hemos recibido ninguna denuncia. A mí no me consta que haya ninguna denuncia penal de ningún, ninguna, ningún funcionario... Yo lo que te puedo decir es que en todo el proceso de reubicación de familias a Nueva Esperanza Este es la gente de Santa Fe Hábitat la que ha trabajado con las familias, y no es esa la modalidad que nosotros tenemos de operar. Ni la presión, ni el apriete.
Sin embargo, el 19 de febrero y el 28 de mayo de 2013 se sustanciaron denuncias penales ante las amenazas de expulsión, desalojo, uso de la fuerza policial y derrumbamiento de las casas de dos familias de Bajo Judiciales y Playa Norte, en trámite de regularización dominial, como muchas otras de la zona. Los cargos: abuso de autoridad, amenazas agravadas y violación de los deberes de un funcionario público. Los acusados: el subsecretario de Seguridad Rubén Montenotte (el protagonista del intento de desalojo del Centro Cultural y Social El Birri) y Mario Juan Manuel Martínez. Para los funcionarios imputados, el 20 de agosto de 2013 el Fiscal pidió la remisión a la justicia de instrucción penal porque la gravedad de la calificación superaba la competencia de la justicia correccional. “La acción judicial fue un último recurso. Denunciamos por vías administrativas, antes de ir a la vía judicial, por ejemplo, en la Dirección de Derechos Ciudadanos municipal. La instancia de recurrir a una denuncia penal fue tomada cuando vimos que a pesar de esos reclamos, manifestaciones públicas e instancias de diálogo, una y otra vez seguía operando este esquema de violencia paralegal”, explicó Guillermo Moro.
“Por más que demuelan... ¡Demuelen dos y se edifican cuatro!”, exclama Berraz para puntuar el sinsentido de esta larga historia de violencia.
Diálogo y basura
“En los últimos 50 años en Santa Fe, el Estado no estuvo presente para definir políticas o estrategias que acompañen el crecimiento de la ciudad, sea con infraestructura, planes, programas, proyectos, de manera pareja y equitativa. Cuando el Estado aparece con políticas, trabajamos con organizaciones sociales preocupadas por los sectores en situación de exclusión y pobreza, para que puedan tener una vivienda, como el Movimiento de los Sin Techo, con quienes hemos hecho convenios en conjunto con la Provincia, incluso para la reubicación de muchas familias... Fijate cómo cuando las organizaciones realmente están preocupadas se suman al trabajo, podemos discutir maneras, procedimientos...”
—¿Considera que las organizaciones que trabajan en Playa Norte y en los bajos nos están realmente preocupadas?
—Yo lo que digo es que cuando hay una genuina preocupación el diálogo es posible, se puede trabajar conjuntamente y a elaborar alternativas. Nosotros en esto somos claros: no vamos a regularizar la situación de las viviendas que estén en áreas de riesgo.
Así se manifestó Sara Lauría respecto de la relación entre la Municipalidad y los colectivos de acción territorial del noreste. Quizá como una glosa de este vínculo se pueda recordar la historia del hoy clausurado basural de Playa Norte.
En septiembre de 2009, Manzanas Solidarias reveló la existencia de un basurero a la altura de playa, donde la firma de contenedores Mallozi hacía sus descargas sin ningún tipo de control. El 27 de septiembre de 2010 iniciaron un expediente en la Municipalidad, para formalizar un pedido de cierre. Los reclamos, sucesivos y en diferentes instancias, nunca fueron atendidos. Recién el 21 de marzo de 2012 se tomó nota del asunto: “Se observan en el lugar la presencia de residuos propios de la construcción, residuos domiciliarios comunes y residuos patológicos tales como jeringas y gran cantidad de pañales geriátricos, que habitualmente son quemados”, reza el expediente de la Secretaría de Control que dicta la clausura temporal del vertedero. Casi una copia de lo que más de dos años atrás avisaban las organizaciones desde el lugar de los hechos.
Dueños y derechos
Las primeras 20 familias que se mudaron a Los Quinchitos fueron expulsadas de Bajo Judiciales no sólo bajo la justificación del reservorio, sino que, además, se suponía que vivían sobre las tierras que reclamaban judicialmente los Acuña y De La Peña. Sin embargo, desde Tramas explican que “en el expediente está tan vagamente tratado el caso y con tantas deficiencias que ni el polígono del terreno reclamado corresponde a las personas que se quiere sacar.
Ya hay una sentencia de desalojo como resultado de las denuncias de los propietarios originales. Sin embargo, “todavía no hay ninguna operatividad de esa sentencia porque hay una apelación, vinculada con deficiencias profundas en el armado del proceso y en el acceso a la defensa. Buena parte de estos vecinos estuvieron en el juicio sin asistencia letrada. Y quienes sí han tenido un tipo de asesoramiento oficial, recibieron una defensa mínima que, por ejemplo, no ofreció pruebas ni opuso siquiera las excepciones básicas como la prescripción adquisitiva. Muchas de las familias están allí habitando pública y pacíficamente desde hace más de 30 años. Eso excede con mucho el plazo de prescripción adquisitiva largo del Código Civil que les permitiría incluso reclamar la propiedad del terreno. Es más, numerosas familias de Playa Norte presentaron su reclamo de regularización dominial, bajo el marco de la ley 24.374 (Ley Pierri) y presentaron toda la documentación necesaria. El medio camino recorrido es el que recorrieron los vecinos, muy esforzadamente, para presentar la documentación. Falta recorrer el otro medio camino, que tiene que ver con la concreción y el reconocimiento del mismo por la Provincia. Se ha mostrado que hay una tenencia legítima de la tierra, una comunidad organizada, y que hay una voluntad de sostenerse en el lugar. Todas las supuestas ilegitimidades que se les imputan son por la negativa del sistema legal de reconocer una tenencia que encuadra como caso perfecto para el carácter social de las leyes que los amparan. Los vecinos produjeron socialmente su propio hábitat, durante décadas, con muchísimo esfuerzo, con sus propias manos”.
Publicada en Pausa #121, miércoles 11 de septiembre de 2013
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