En su segunda declaración ante la Justicia, Reutemann no dio precisiones sobre el control de la defensa oeste antes de la inundación y reiteró que no le avisaron sobre la crecida.

Por segunda vez en nueve años, Carlos Alberto Reutemann ofreció declaración testimonial en el proceso abierto por la inundación de 2003. El 12 de abril de 2004, cuando la causa aún no tenía imputados firmes, el ex gobernador respondió por escrito las preguntas del primer juez de la causa, Diego de la Torre. En 2006, el magistrado Jorge Patrizi procesó al ex intendente Marcelo Álvarez, al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y  al ex director provincial de Hidráulica Ricardo Fratti por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. Paralelamente, Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi se constituyeron como actores civiles contra quienes resultaren responsables para la Justicia, como también contra los Estados municipal y provincial.

En junio último comenzó la etapa de producción de pruebas y con ella la sucesión de declaraciones testimoniales, que se extendió hasta el 6 de agosto. La etapa de producción de pruebas no está terminada; aún resta que se realice una pericia, a pedido de Berli, pero además el juez Gustavo Urdiales tiene que resolver sobre el pedido de prescripción presentado por la defensa del ex intendente Álvarez. Entre tanto, Reutemann recibió un nuevo pliego de preguntas confeccionado por los abogados del matrimonio Castro. Como en 2004, el ex titular del Ejecutivo provincial se amparó en sus fueros de senador nacional y remitió las respuestas por escrito.

Su declaración tiene 232 líneas, que se reducen a 212 sin las formalidades de rigor: fecha, datos del testigo, saludo inicial y final al juez Urdiales. 125 de esas líneas –el 58%– son copia literal de las respuestas de 2004, o bien hacen alusión a ellas. En ese 58% de reiteraciones, Reutemann abona otra vez su teoría sobre la falta de advertencias respecto de la magnitud que tendría la catástrofe: se victimiza y le apunta a los organismos competentes. Además, refiere las amplias responsabilidades que, a su entender, le cabían a la Municipalidad e inaugura una nueva versión de aquel célebre “a mí nadie me avisó” haciendo gala del tiempo transcurrido desde el 29 de abril de 2003. Así redobla la apuesta con un “No recuerdo”.

Los que no le avisaron

Desde la primera consulta, Reutemann deja en claro su posición: “En ningún momento durante mi último mandato como gobernador de la provincia de Santa Fe fui informado por miembros de mi gabinete, ni de las autoridades municipales o comunales de las localidades afectadas, ni tampoco de la Nación a través de sus autoridades específicas como ser el Instituto Nacional del Agua, ni por dependencias universitarias con conocimientos superiores en la presente temática, ni verbalmente ni por escrito, en relación al comportamiento del Río Salado, tanto atinente a su altura, como a la velocidad de sus aguas”. La cita es prácticamente idéntica a su primera respuesta de 2004.

Inundación 2003 - José Almeida (30)
Foto: José Almeida

Continúa: “En todo el territorio provincial, en el último trimestre del año 2002 y primer cuatrimestre del año 2003, se produjeron precipitaciones muy por arriba de los promedios normales, tal es así que los registros demuestran que en sólo siete meses (octubre de 2002 a abril de 2003) llovió el 51,8% del total de los años 2002 y 2003. En ocho departamentos de la provincia, llovió en los siete meses mencionados del 45,11% al 51,9% de los dos años y en los restantes once departamentos, llovió el 51,8% al 58,2% de los dos años. Estos datos prueban, que no sólo la cuenca del Río Salado resultó afectada por las desmedidas precipitaciones ocurridas principalmente en los meses mencionados, sino que todo el territorio de la provincia resultó seriamente afectado”. Cabe preguntarse en qué punto el ex gobernador sigue considerando que esos datos lo deslindan de responsabilidades, siendo que los mismos dan cuenta de que los excesos pluviales venían azotando la provincia meses antes de la inundación.

“¿Nunca se interesó, por sí o a través de preguntas específicas a sus funcionarios, acerca de la incidencia de las lluvias extraordinarias de 2002 sobre el comportamiento del río?”, indaga el nuevo pliego de preguntas.

La respuesta es vieja: “De las conversaciones que mantuve con las autoridades de las localidades afectadas, que son en definitiva las que tienen un conocimiento preciso y directo de su población y jurisdicción territorial, nunca escuché comentarios ni de las autoridades de las localidades visitadas ni de los miembros de mi gabinete que concurrieron a las mismas, acerca de la incidencia de dichas lluvias sobre la cuenca del río Salado y en particular sobre la ciudad de Santa Fe”, repitió el ex gobernador.

La ley que no aplicó

En su artículo 4, inciso j, la ley provincial 8.094 de Defensa Civil obliga al Poder Ejecutivo a “disponer la realización de estudios e investigaciones relativos a las zonas susceptibles de ser afectadas por desastres naturales”. En función de ello es que se le preguntó a Reutemann si había ordenado los correspondientes estudios. Su respuesta no refiere en nada a lo que se le requiere, sino que comenta las obras de defensa realizadas en su primer mandato: “Rincón, todo Alto Verde y los tramos I y II de la Avenida de Circunvalación hasta Gorostiaga”; y luego enumera las gestiones efectuadas ante la Nación durante  su segundo gobierno para la concreción del tramo III, gestiones que reconoce infructuosas. “Todos sabemos –se justifica– en la crisis que entró el país a partir del año 2001 y sus consecuencias, motivo por el cual no se obtuvo el financiamiento correspondiente del Estado Nacional para la concreción de la obra”.

Inundación 2003 - José Almeida (29)
Foto: José Almeida

La ley 8.094 establece en su artículo 3 que “el gobernador de la provincia tendrá a su cargo la planificación, organización, control y dirección de la defensa civil, y eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia dentro del ámbito provincial”; y en su artículo 4, incisos b y f, que “el Poder Ejecutivo es responsable de establecer planes y programas de defensa civil”, y de “efectuar las previsiones para la evacuación de la población en caso de desastre”. Reutemann fue indagado, entonces, sobre las previsiones de su gobierno en cumplimentación de ese articulado. En tres tramos de su declaración, su contestación es la que sigue: “todo lo relacionado con previsiones para una eventual evacuación de la ciudad, era de competencia exclusiva y excluyente de la Municipalidad”. El ex gobernador sustenta sus palabras en el artículo 7 de aquélla normativa, que reza: “los intendentes municipales, dentro de su jurisdicción territorial, tendrán la misma responsabilidad que la establecida en el artículo 3º para el gobernador de la provincia”. Sucede que Reutemann interpreta que las obligaciones en torno a la emergencia recaen por completo en los mandatarios locales, y en ese sentido, evalúa que “no puede ser de otro modo, puesto que la lógica y el sentido común, hacen que sea imposible que el titular del Poder Ejecutivo Provincial, frente a una eventual emergencia que abarcara el total de las localidades de esta provincia, pudiere estar presente a la vez y en un mismo momento en todas ellas y llevar adelante la suma de las medidas y actividades a que refiere la ley citada”. Pero su interpretación resulta curiosa, ya que sin mediar palabra, el artículo 7 de la norma continúa: “debiendo (los intendentes) cumplir las directivas e instrucciones que el gobernador imparta”. Directivas e instrucciones que, como los resultados lo evidenciaron en 2003, nunca fueron impartidas por el titular del Ejecutivo provincial.

Lo que no recuerda

Una de las cuestiones más discutidas en el transcurso de las testimoniales efectuadas entre el 10 de junio y el 6 de agosto fue la del contralor de las obras de la avenida de Circunvalación, tanto en su aspecto vial como hídrico. Funcionarios provinciales y nacionales se atribuyeron mutuamente esa competencia en varias ocasiones a lo largo de los 57 días de audiencias. Hubiera sido interesante, entonces, que quien ordenó proyectar la obra dirima la cuestión. Pero no.

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Foto: José Almeida

“¿Qué repartición u organismo auditó la obra de la avenida de circunvalación inaugurada en 1997?”, le preguntaron.

“No recuerdo cuál era la repartición u organismo encargado de auditar dicha obra, entiendo que la respuesta a ello habría que buscarla en los antecedentes, documentales y expedientes administrativos relacionados con su construcción”, contestó Reutemann.

Y tal como lo hiciera en 2004 (de hecho, con las mismas palabras) en una de sus últimas respuestas el ex mandatario expresó su particular impresión acerca de su actuación durante la catástrofe: “En todo momento estuve al frente de esas gestiones, agotando esfuerzos y recursos, para mejor atender la catástrofe. Fue preocupación principal y casi excluyente de mi gobierno atender de la manera más eficaz posible, la grave emergencia producida, así como procurar remedio definitivo a la misma. Sin embargo el gobierno de la provincia debía seguir funcionando, así que luego de un tiempo prudencial debí abocarme a la problemática del resto de las localidades de la provincia, las cuales requerían mi presencia, dado que sus autoridades entendían, con justa razón, que debía gobernar para todos por igual”.

Publicada en Pausa #125, miércoles 6 de noviembre de 2013.

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