Reabierta la vía judicial, desde la Legislatura piden que el Estado provincial se constituya como querellante en la causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe. En abril la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó la reapertura de la causa en la que están involucrados 44 ex presidentes y ex directores que cumplieron funciones entre 1984 y 1999. El 30 de junio, el diputado de la Coalición Cívica-ARI Ariel Bermúdez presentó un proyecto para que la provincia sea querellante en la causa.
El proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Fiscalía de Estado, se presente como parte querellante en la causa “Altieri, Carlos Edgardo - Alzueta, Julio Cesar, s/ infracción Ley 20.840 – Denunciante: Vellio, Alberto Raúl”. El pedido se da luego de que la Cámara de Apelaciones anulara un fallo del Juzgado Federal Nº1 de Santa Fe que declaraba como extinguida la acción penal. El vaciamiento del banco requirió de un proceso de saneamiento que le costó al erario público más de 1.000 millones de dólares, que se terminaron de pagar en 2010.
Bermúdez remarca que el fallo de la Cámara demuestra que hubo “una actividad jurisdiccional fraudulenta” entre 1991 y 1993, cuando los entonces jueces federales Héctor Tripicchio y Víctor Hermes Brusa (luego condenado por delitos de lesa humanidad) comenzaron a dictar resoluciones cuyo único objeto fue garantizar impunidad de los responsables”. “La provincia tiene en sus manos una oportunidad inmejorable para solicitar constituirse como parte querellante en la causa penal, no solo para aportar aquellos documentos y constancias probatorias que obren en su poder sino también para impulsar procesalmente la investigación en orden a lograr verdad y justicia sobre uno de los hechos de corrupción más escandalosos de nuestra provincia”, consideró Bermúdez.
El diputado del ARI pidió además la desclasificación total del informe de la comisión investigadora sobre el Banco de Santa Fe, presidida por Alfredo Nogueras. En ese punto coincidió el senador del departamento La Capital Emilio Jatón, quien pidió que el Informe Nogueras sea de acceso público y se publique en Internet. Si bien el documento citado fue desclasificado durante la gestión de Hermes Binner, parte de esa investigación recién será pública en el año 2028.
“El Informe Nogueras resulta un elemento sustancial para la historia de las privatizaciones de lo público y para la memoria colectiva en cuanto a hechos de corrupción que han ocurrido en nuestra provincia”, opinó Jatón. “La voluntad del propio Nogueras, como de quienes redactaron el informe, es que retorne a la gente y para ello es necesario su desclasificación”.
El informe surge del trabajo de un equipo de especialistas dirigidos por Alfredo Nogueras, quienes indagaron sobre la situación del Banco Santa Fe entre los años 1979 y 1991. El informe final fue entregado en agosto de 1997 al entonces gobernador Jorge Obeid. Un año después los hermanos Carlos y José Rohm compraron la entidad por 57 millones de dólares, mientras la provincia se sumergía en una deuda de 1.000 millones de dólares que se terminaría de pagar 12 años más tarde.
