Familiares de Natalia Acosta junto al Foro Santa Fe Contra la Trata realizarán este sábado 9 una actividad en Santo Tomé para visibilizar el caso de la joven desaparecida en 2009. Esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si la investigación debe realizarla la justicia federal o la provincial. A siete años, no hay avances que ayuden a saber qué pasó con Natalia.
El sábado 9 de julio, familiares de Natalia Acosta, junto al Foro Santa Fe Contra la Trata, el Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral, el Ministerio Público Provincial de la Defensa y la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional Santa Fe, realizarán una actividad para visibilizar el caso. Natalia desapareció el 29 de mayo de 2009 y, hasta el momento, no hubo demasiados avances en la causa. La concentración se realizará desde las 14.30 en las cinco esquinas de Santo Tomé –en el cruce de las avenidas 7 de Marzo y Av. Luján–, ciudad donde vivía Natalia en el momento de su desaparición y donde podría haber estado tras su captación por una red de trata.
La actividad tiene como objetivo darle visibilidad al caso y presionar para que se sepa que sucedió con Natalia. La causa, a lo largo de los años, pasó de la justicia provincial a la justicia federal como si de un lado y del otro se tirasen la pelota. Ante tantas idas y vueltas, con la colaboración del Ministerio Público de la Defensa, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinará si es el fuero federal o el de la provincia quien continúa con la investigación.
Santo Tomé en el centro
Al momento de su desaparición, Natalia Acosta vivía en Santo Tomé junto a Eduardo Daniel Ruiz, quien era en ese entonces su pareja. Bajo su influencia y control, Natalia ejercía la prostitución en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, en Santa Fe, lugar donde se la vio por última vez. Ruiz declaró como testigo, aunque nunca se le pidieron demasiadas explicaciones sobre dichos tales como indicar tener informaciones “muchas y no confiables” sobre la desaparición de Natalia y descartar que “se haya ido por propia voluntad”.
Otro dato que coloca a Santo Tomé en un lugar clave tiene que ver con la detención de Carmela Acosta, Cristian Abel Gainza y Claudia Rivero. El 6 de enero de 2012, se encontraban en la terminal de ómnibus de Santa Fe a la espera de un testigo quien había viajado a nuestra ciudad para aportar datos sobre la desaparición de Natalia.
Mientras aguardaban su arribo, Carmela, Cristian y Claudia fueron encañonados y detenidos por la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe. El operativo lo realizó la comisaria Mónica Viviani, secundada por Lucas Musuruana y otros tres agentes, dos hombres y una mujer. A los tres se los trasladó a la Dirección de Trata de Personas acusados de estar secuestrando a la testigo que ellos habían contactado.
Tras tomarle declaración, fueron liberados los tres. Demasiado tarde, porque no lograron hablar con la testigo y ello impidió conocer más detalles sobre la desaparición de Natalia. Según la actual titular de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, las actuaciones fueron remitidas al juez Jorge Patrizi. Después del cambio en el sistema penal, Patrizi fue reemplazado por el juez de instrucción de octava nominación Diego De la Torre, quien se negó sistemáticamente a permitir que la familia acceda al expediente de la detención.
El año pasado, la familia Acosta restableció el contacto con esta testigo, quien ratificó lo que había manifestado en las comunicaciones telefónicas y través de redes sociales en 2012. Esto es que fue secuestrada junto a Natalia y que ambas estuvieron retenidas en un prostíbulo de la vecina localidad de Santo Tomé, bajo la custodia de un individuo que está identificado. Además indicó que Natalia estaba siendo sometida a explotación sexual y a torturas.
Las detenciones se tramitaron en una causa aparte a la que investiga la desaparición de Natalia y recién este año la familia pudo tener acceso al expediente luego de mucha insistencia y presiones en las cuales tuvo que intervenir el Ministerio Público de la Defensa Penal para que los reclamos sean escuchados. El 18 de mayo pasado, en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, se le pidió a la Comisaria Mónica Viviani que aclare los hechos de 2012 y colabore para que el expediente se incorpore a la causa principal. La funcionaria sólo dijo que los detalles de las detenciones no podían conocerse porque era información confidencial. Tan confidencial era la información que ni siquiera llegó a manos de Darío Sánchez, el juez que investigaba la desaparición de Natalia.
Cabe preguntar, no sin algo de inocencia: ¿cómo sabía la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe que Carmela, Cristian y Claudia esperaban a esta testigo en la terminal de ómnibus en un horario y día determinado si ellos eran los únicos que estaban al tanto de esto tras coordinar el encuentro a través de mensajes telefónicos? ¿La Agencia de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe dedicó más esfuerzos y recursos en investigar a los familiares de Natalia que a otros involucrados en la desaparición de la joven?
A la espera de una decisión
Siete años después de la desaparición de Natalia, la causa avanzó muy poco. Las pruebas aportadas, en su mayoría, surgieron de la investigación que llevó adelante, y por sus propios medios, la familia Acosta. En un primer momento se tramitó en el Juzgado Provincial de Instrucción Quinta Nominación de Darío Sánchez como búsqueda de paradero. Después, pasó al fuero federal para que el hecho sea investigado bajo la figura de trata de personas. Allí permaneció durante tres años hasta que el 29 de mayo de 2014 la Justicia Federal remitió la totalidad de efectos pertenecientes a la causa otra vez a la justicia provincial.
Este año, la familia Acosta junto a las organizaciones que acompañan el pedido de justicia, lograron llegar al Ministerio Público de la Defensa, a través del cual presionaron para que la causa se reactive y se investigue, por un lado, lo acontecido con Natalia y, por otro, las responsabilidades del ámbito judicial ante los nulos avances. Clara muestra de la desidia e inacción se coronó con la decisión del juez Sánchez de declararse incompetente. Una vez más, demasiado tarde. Ahora, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será el máximo tribunal de justicia el encargado de analizar los hechos, las declaraciones y las pruebas recabadas para determinar si la desaparición de la joven santafesina se investiga en el fuero federal como trata de personas.
Mientras tanto, para que la investigación se encamine de una vez por todas, desde el Ministerio Público de la Defensa Penal se denunció el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se lo presentó ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.
El reclamo ahora tiene dos caras. Una de ellas pide saber qué pasó con Natalia y exige su aparición. La otra denuncia y repudia la violencia que se ejerce desde el estado al negar el acceso a la justicia a mujeres por la doble condición de ser mujeres y pobres.
