La patronal ofrece aumentos del 27%, dos puntos abajo de 2015. El sindicato se lanzó a la lucha.
Con $9.840 en el bolsillo. Así está hoy un redactor novato santafesino –en blanco– cuando le depositan el sueldo a fin de mes. Un cronista cobra $8.436 y, en el tope, un secretario de redacción gana $14.296. Esas cifras están fijas desde diciembre de 2015, cuando recibieron la última parte del aumento logrado en abril del año pasado. El gremio de los trabajadores de la prensa está pasando por uno de sus años más agitados y largos, nada indica que la calma esté en el horizonte. Grandes empresas comunicacionales locales están en situaciones muy complejas. Y el ofrecimiento de la patronal en la discusión de paritarias es insultante: aumentos del 27%, que se terminarían de efectivizar en diciembre y que están dos puntos por debajo del 29% acordado en 2015.
Por eso, la Asociación de Prensa de Santa Fe (Apsf) planteó un plan de lucha pocas veces visto: activismo en las redes sociales, una movilización y caravana el 10 de agosto y un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo el 12 de agosto. Como nunca antes, los micrófonos quedarán mudos, la tinta no correrá, los estudios quedarán vacíos y las actualizaciones informáticas cesarán. O al menos, ese es el objetivo de dirigentes y delegados. “Es nuestro punto de inflexión, para decirle a nuestros compañeros que lo que no ganamos en la mesa paritaria tenemos que ganarlo de otra forma, con la protesta”, reflexiona Sergio Ferreyra, delegado de Apsf en LT10.
Dura negociación
“Hace tres meses que venimos negociando y discutiendo”, señala Pablo Jiménez, secretario general de Apsf. “Las empresas ofrecieron solamente un 27%. El momento es conflictivo. Hay empresas que no han entendido que nosotros estamos sufriendo un ajuste brutal, pese a que son los mismos medios que informan a diario que la inflación está por arriba del 40%, holgadamente. Estamos en agosto y los periodistas y administrativos no hemos recibido un aumento que pueda mínimamente compensar la pérdida de poder adquisitivo hemos tenido todos estos meses”, explica.
Durante los meses de tire y de afloje, los trabajadores recibieron dos sumas fijas: un mes fue de $1200 y otro de $1500. “Pero eso fue mientras la negociación, que ya se dio por cerrada. Como el conflicto persiste, nuestro próximo sueldo va a llegar pelado”, lamenta Ferreyra.
Aparte del gremio y el Estado, en la mesa paritaria participan representantes de las empresas que han firmaron el Convenio Colectivo de Trabajo: El Litoral, Uno, Canal 13, Cablevisión, Cable & Diario, LT9 y LT10. “En este momento son los diarios los que están más duros. También el cable”, agrega Jiménez.
Para el caso, el sindicato que nuclea a los periodistas de Rosario tampoco llegó todavía a cerrar acuerdo para los aumentos. “Son muy pocos los gremios de prensa los que han logrado cerrar paritarias, muy pocos han cerrado convenios, que no llegan a algo digno. Se han hecho arreglos que han sido rechazados por los trabajadores, por debajo del 30%, o arreglos por seis meses”, señala Ferreyra. Por ejemplo, uno de los gremios de referencia, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, pactó todo en la franja que va del 27% al 30%. “Es una suma indigna, es un gremio absolutamente deslegitimado por sus afiliados, pero legitimado por la burocracia, con reconocimiento legal”, espeta el movilero de LT10.
Crisis empresariales
En LT9 hay un conflicto de larga data. Tras su intervención en 2011, a fines del año pasado se licitó su licencia y dos empresas resultaron elegidas: Pymess y Onda 9, en orden. Sin embargo, desde que se dio ese paso no hubo más novedades y la Líder sigue sin dueño. Por ello, y porque la actual gerencia –Ondafe– no había depositado los salarios de julio, el lunes 8 los trabajadores de la AM local iniciaron un paro por tiempo indeterminado.
La protesta fue efectiva: al otro día nomás los salarios adeudados estaban en las cuentas bancarias. Sin embargo, lo que más preocupa a los trabajadores es la incertidumbre respecto de qué sucederá con la emisora. Leonardo Botta, movilero, explica que “lo que queremos es una normalización. Nunca hubo una inclinación hacia un grupo u otro. Muchos podían pensar que los trabajadores se iban a inclinar por los empresarios de Santa Fe, pero lo que se busca es que la licencia sea adjudicada y se comience el proceso de normalización, lo que nos afecta es la incertidumbre de saber lo que va a pasar con la programación o nuestros puestos de trabajo”.
Pymess, que ganó la licitación, es una empresa del sur de la provincia, mientras que Onda 9 está compuesta por el dueño de Ondafe, Francisco Saiz, dos directivos de El Litoral, Federico Caputo y Manuel Víttori y la mutual de ATE. Las razones que esgrime Pymess para su demora se fundamentan en su pretensión de alquilar el actual edificio de LT9 (frente a la Municipalidad) y su antena transmisora, en Recreo, que son propiedad de, justamente, Saiz. Ante las dilaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones estaría otorgando la licencia a Onda 9. Sin embargo, todavía no hay nada firme respecto del asunto.
Por otro lado, en El Litoral dieron marcha atrás con las amenazas de despidos, suspensiones y retiros voluntarios que habían puesto en vilo al personal del vespertino. Una vez más, la empresa será ayudada con los programas de recuperación productiva (Repro), una política de sello kirchnerista que supieron aprovechar repetidamente años atrás. Lo importante, en palabras de Jiménez es que “se cerró un procedimiento de crisis, no va a haber despidos, ni suspensiones, ni otro tipo de medida. Hemos accedido a firmar un Repro, como parte ese acuerdo está la posibilidad de que la empresa lo gestione ante el Estado”.
