Hay mayores oportunidades de vender el combustible en el mercado europeo, lo cual también es un espaldarazo para el complejo empresarial vinculado a la soja transgénica.
El biodiesel santafesino podría volver al mercado europeo en los próximos meses gracias a un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que declaró ilegales los aranceles antidumping impuestos por la Unión Europea (UE) al biocombustible argentino desde 2013. En la provincia se produce cerca del 85% del volumen del país; el total se elabora a partir de aceite de soja. Antes de la imposición de los aranceles europeos, las multinacionales localizadas en el Gran Rosario llegaron a exportar hasta 1.500 millones de dólares anuales a la UE, según la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Entre 2012 y 2013, Europa determinó que la Argentina competía de manera desleal con el biocombustible europeo y estableció los aranceles. Esto motivó el reclamo argentino ante la OMC, que el pasado 6 de octubre falló de manera definitiva a favor del polo de biodiesel local. En consecuencia, se deberían levantar las trabas en el corto plazo.
“El cierre de ese mercado implicó que el año pasado Argentina trabajara a un 40% de su capacidad de producción”, explicó Víctor Castro, director Ejecutivo de Carbio, que nuclea a las diez principales multinacionales del sector. “Esto quiere decir que se primarizaron las exportaciones. En lugar de enviarlas como biodiesel se enviaron como aceite. Esto satura el mercado internacional de aceite de soja y por lo tanto deprime los precios del aceite argentino y de toda la cadena sojera en sus exportaciones, con lo que se provoca menores ingresos de divisas de uno de los principales pilares económicos de la Argentina, que es el complejo sojero”, analizó.
No todo es tan verde
Pero hay otra lectura posible. Y es que el biodiesel no unge a la Argentina con un oleo sustentable y generador de riqueza. Sino que vigoriza el negocio de la soja transgénica, que se expande a costos ambientales y de salud cada vez más altos, sin reducir de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero y beneficiando a un puñado de empresas multinacionales.
El mayor crecimiento de esta industria en Santa Fe se dio en los últimos diez años, impulsado por las ventajas competitivas (la cercanía de los campos de soja a las aceiteras instaladas en los puertos del Gran Rosario), la promoción estatal (creación de demanda interna y beneficios impositivos), y la apertura de mercados en Europa y Estados Unidos, como resultado de políticas de sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles en esos países.
En ese escenario, los gigantes aceiteros, en su mayoría instalados en las costas santafesinas del río Paraná, desarrollaron sus plantas de biodiesel y se concentraron en el mercado externo: Louis Dreyfus, Cargill, T6 industrial (AGD y Bunge), Renova (Vicentin, Glencore, Molinos Río de la Plata) y la china Cofco (que compró Noble este año) son las principales. A ellas se suman las grandes empresas que no provienen del agronegocio, como Unitec-Bio (Corporación América), Explora y Patagonia Bioenergía.
La producción de biodiesel creció de manera sostenida entre 2008 y 2012: de 700 mil toneladas se llegó a producir dos millones y medio. Los primeros dos años, se exportó prácticamente el 100%. A partir de 2010, en coincidencia con la apertura de la demanda interna, esa proporción se redujo al 69%.
La noche para el negocio llegó primero en 2013, con el conflicto con Europa, y luego en 2015, con la caída del precio del petróleo a nivel mundial, que desalentó el consumo de biocombustibles.
La producción comenzó a repuntar el primer semestre de 2016, con la elaboración de poco más de un millón de toneladas, de las cuales se exportó el 53%, según el último informe sobre el sector publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en agosto pasado.
Pese al fallo favorable de la OMC, se estima que el biodiesel argentino continuará teniendo obstáculos en Europa, de acuerdo a un análisis del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), publicado en septiembre del año pasado. Allí se advierte sobre la competencia de nuevos productores europeos, el bajo precio del petróleo y la reducción del corte de biodiesel producido a partir de cultivos alimenticios. “La nueva reglamentación establece que los biocombustibles generados a partir de cultivos no podrán representar más del 6% del consumo total de energía del sector transporte. En cambio, se favorece la utilización de nuevos biocombustibles, producidos mediante algas o ciertos residuos (…) Éstos últimos son más amigables con el medio ambiente, no fomentan la deforestación ni compiten con la producción de alimentos”, explica el informe.
Promoción y exenciones
Por decisión política, a partir de 2006 se generó una demanda de biocombustibles que no existía en el país. Fue con la promulgación de la ley nacional Nº 26093: Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
La norma estableció un corte mínimo obligatorio de 5% de bioetanol y biodiesel en las naftas y gasoil, respectivamente, y estableció precios diferenciados para las pymes y las grandes empresas.
En la práctica, las mezclas de combustible comenzaron en 2010. Y desde ese año, los porcentajes de corte se incrementaron. El último aumento fue anunciado en abril pasado, cuando el Poder Ejecutivo dispuso un 10% para el biodiesel y un 12% para el biotanol (que se produce a partir de caña de azúcar o maiz).
La política de precios para el mercado interno hizo que sean las pequeñas y medianas industrias, de menos de 50 mil toneladas anuales, las que se volcaran a este segmento. Estas empresas se ubican sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En cambio, las grandes fábricas radicadas en Santa Fe se concentraron en los mercados internacionales.
En cuanto a las exenciones de impuestos, a nivel nacional se garantizó la devolución anticipada de IVA o amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias. A su vez, se dispuso que los bienes afectados a la producción no integren la base imponible y se estableció la exención de la tasa de infraestructura hídrica, Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural e impuesto sobre transferencia o importación de gasoil. Al mismo tiempo, se determinó un arancel menor de exportación para el biodiesel que el aplicado a la exportación de granos o aceite de soja, que tienen menor valor agregado.
Santa Fe adhirió al régimen de promoción nacional en 2006 y a través de la ley N° 12.692 concedió a las industrias, por los siguientes 15 años, la posibilidad de eximirse del 100% de los siguientes impuestos: Ingresos Brutos, Aporte Patronal Ley 5110, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos y Patente Única sobre Vehículos.
Según informó la Dirección de Industrias de la Provincia, son cinco las empresas que hasta ahora se acogieron al beneficio y cuatro las que lo están tramitando. Sin embargo, no accedieron a decir cuáles son las firmas beneficiadas.
El costo fiscal en 2015 fue de 870 mil pesos y para 2016, se estableció un cupo de cinco millones de pesos con posibilidad de incrementarlo un 100 %.
¿Negocio o protección ambiental?
Se supone que el biodiésel, elaborado a partir de cultivos, debería tener un impacto mucho menor en el ambiente que los derivados de petróleo. Esto es porque durante su combustión se libera sólo el carbono captado por la planta durante su crecimiento, a diferencia de los fósiles, que liberan el carbono almacenado durante millones de años debajo de la tierra. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las emisiones a lo largo del ciclo de vida del biocombustible: siembra y cosecha; industrialización; transporte. A ello se suma el uso de fertilizantes y plaguicidas, el consumo de agua y la deforestación.
Así lo advertía ya en 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés): “La conversión de selvas lluviosas, turberas, sabanas y pastizales para producir etanol y biodiésel en Brasil, Indonesia, Malasia o los Estados Unidos de América libera al menos 17 veces más dióxido de carbono que lo que estos biocombustibles ahorran anualmente al sustituir a los combustibles fósiles”.
A esto se suma el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial. En ese sentido, en 2007 Greenpeace ya alertaba: “Si se piensa la bioenergía como un simple negocio para los productores de soja nos encaminamos a un nuevo desastre de proporciones temerarias. El mercado externo debe ser limitado y reducido a su mínima expresión, porque provocará inexorablemente un aumento inédito de los commodities alimenticios y por cada porcentual de aumento de estos commodities millones de personas son empujadas de su actual estado de pobreza a un verdadero abismo”.
Pero así fue pensado y se piensa. “Se desarrolló la industria con miras a internalizar beneficios económicos provenientes del complejo sojero, no en base a criterios de sustentabilidad”, sostiene la economista María Marta Di Paola coordinadora en Economía y Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
