Nuevo proyecto de ley en el Congreso va por la legalización y despenalización del aborto.
Las discusiones y debates acerca del aborto siguen, aun hoy, teñidas de un sinfín de conceptos religiosos, filosóficos y morales de la más variada índole que, lejos de allanar el camino hacia la solución de una situación concreta y real que viven las mujeres en nuestro país, sólo retrasan y obstaculizan.
Desde 1990, cada 28 de septiembre se conmemora, en América Latina y el Caribe, el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto, una fecha para visibilizar la problemática y dar cuenta de los avances y retrocesos que se vienen dando en los diferentes países.
Casi una década después de la presentación del primer proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el 2016 encuentra a nuestro país con un nuevo proyecto en el Congreso, el cual cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas, y las firmas de 34 diputadas y diputados de la mayoría de los bloques políticos (FpV, UCR, LdS, PS, PRO, UNA, FIT, entre otros).
En el marco de este día de lucha, se llevó a cabo un panel de debate en la sede de Trabajo Social de la UNL, donde Lucrecia Faccioli, secretaria de género de la CTA Santa Fe y militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comentó: “El proyecto que en este momento tiene estado parlamentario, propone dos cuestiones: despenalizar y legalizar el aborto, que son dos cosas distintas. Despenalizar es sacar el hecho de un lugar de crimen, de delito. La penalización interviene sólo para sancionar cuando el aborto ya se realizó, acá es cuando el tema se corre del ámbito de la salud para pasar al de la seguridad, al de la criminología. Esto no evita que se realicen abortos ni que mueran mujeres, el único objetivo de ponerlo como un tipo penal es el control, el escarmiento y el disciplinamiento de las mujeres”. Y respecto de la legalización, explicó: “legalizar implica diseñar, implementar, ejecutar y monitorear políticas públicas que garanticen la efectiva realización de la práctica. Implica un Estado activo que garantice la información, el acompañamiento y la más alta calidad de atención”.
Lo que mata es la ilegalidad
La ausencia del Estado para garantizar este derecho humano, derecho consagrado por pactos y convenciones internacionales con rango constitucional en nuestro país, lleva a las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, a realizar esta práctica en condiciones de absoluta clandestinidad e inseguridad.
Esta ausencia del Estado se traduce, si queremos hablar de un plano económico, en un gasto presupuestario mucho mayor que si se atendiera realmente la problemática. Al respecto, Faccioli comentó: “La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que se realizan en el país entre 370 y 522 mil abortos al año, con una alta tasa de mortalidad materna atribuible a complicación en el aborto. Se gasta más en intervención por abortos mal hechos que en la prevención. Y el temor a la penalización desalienta la atención post aborto, lo cual lleva nuevamente a las mujeres al sistema de salud por complicaciones”.
En los fundamentos del proyecto de ley, se retoman las cifras oficiales, estimaciones, del Ministerio de Salud de la Nación, respecto de la práctica del aborto en el país: “el 37% de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto […] El aborto inducido –en forma clandestina y en condiciones inseguras– es la causa de una de cada tres muertes maternas en nuestro país y de aproximadamente 80 mil hospitalizaciones por año”.
Garantizar el acceso a información, a métodos anticonceptivos y a estrategias respecto de la planificación familiar, es una manera consistente de llevar adelante políticas adecuadas de salud pública.
Desmitificando
[quote_box_right]“La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que se realizan en el país entre 370 y 522 mil abortos al año, con una alta tasa de mortalidad materna atribuible a complicación en el aborto. Se gasta más en intervención por abortos mal hechos que en la prevención. Y el temor a la penalización desalienta la atención post aborto, lo cual lleva nuevamente a las mujeres al sistema de salud por complicaciones”[/quote_box_right]Supuestos y tabúes que circulan en torno al aborto han calado hondo en el imaginario social y, pareciera, dan fundamento a esta deliberada ausencia del Estado. Joaquín Gorrochategui, abogado y docente, presente también en la charla, se refirió a una serie de mitos respecto de la interrupción del embarazo, los cuales contrastó con la realidad: “uno de estos supuestos dice que el aborto siempre es traumático. Pero no es traumático per se, eso depende de las condiciones en las que se haga. La condición de ilegalidad, de clandestinidad y el silencio sobre el tema es lo traumático y lo que genera sentimientos de culpa. En los países donde es legal, la decisión puede ser difícil, pero raramente es traumática”, y continuó: “También se dice que la penalización es una forma segura de eliminar la práctica. Este es un mito hegemónico, pero sabemos muy bien que la penalización solo hace que su práctica sea clandestina y que las muertes de mujeres se incrementen”.
Finalmente, Gorrochategui se refirió a la experiencia de otros países en el tema. “Donde se ha legalizado el aborto, no se ha producido un aumento en el número de abortos, que es otro de los mitos. En varios países de Europa Occidental, donde la legalización del aborto vino acompañada de un fuerte trabajo en educación sexual y en anticonceptivos, los índices de aborto han comenzado a bajar”.
Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud encontró que no había una diferencia significativa en las tasas de aborto durante el período 2010–2014 entre los países donde el aborto es legal (34 abortos por cada 1000 mujeres) y en aquellos donde está restringido (37 por cada 1000). Esto quiere decir que las leyes restrictivas no impiden que las mujeres tengan abortos, sólo hacen que el procedimiento sea mucho más inseguro.
La salud como un todo
La Interrupción Legal del Embarazo (ILE), está permitida en nuestro país desde 1921. En aquel momento se podía aplicar en caso de violación a una mujer “idiota o demente”, y cuando representara un riesgo para la salud de la mujer. Esto último, con el correr de los años, se vió reducido a un “riesgo para la vida de la mujer”, lo cual restringió los casos en los cuales el personal médico consideraba que debía autorizarse la ILE.
A partir del reconocido fallo F.A.L., de marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer; y además indicó que no es necesario recurrir a la justicia para su realización.
El proyecto que hoy se encuentra en el Congreso avanza en un punto determinante. En uno de sus artículos plantea que, fuera del plazo de las doce semanas de gestación, donde puede realizarse la práctica de forma voluntaria, se podrá interrumpir el embarazo si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerando la salud de forma integral, como un derecho humano. Esto implica entender a la salud no sólo como la ausencia de enfermedad física o psíquica grave, sino como un todo que hace al desarrollo pleno de la vida. Sobre esto, Gorrochategui explicaba: “Es un determinante social de su propia conciencia, e integra su salud mental, el que alguien no tenga las condiciones socioeconómicas para poder desarrollar su llamado ‘proyecto de vida’. Eso hace a su salud integral y debe ser atendido”.
