Es la principal causa de muerte materna en el país.
En Argentina, entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino; de ellas, unas 80.000 deben ser hospitalizadas por complicaciones y 100 mueren por causa de la clandestinidad del procedimiento, siendo ésta la principal causa de las muertes maternas.
Estas cifras hablan de la urgencia que reviste el tratamiento y la aprobación de la ley de aborto seguro, legal y gratuito que este año, una vez más, tomó estado parlamentario. La iniciativa, elaborada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, consagra la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas como un derecho humano vinculado a la salud.
La ONU, precisamente, en la última visita que su relatora especial sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, realizó al país, acusó a la Argentina de “violar los derechos humanos” y “contribuir a la alta tasa de mortalidad materna”, debido a las trabas presentes dentro de su protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, el cual no cumplen dos de cada tres provincias. Además encontró fallas en los procesos de información, denunció la objeción de conciencia de los médicos y exigió al gobierno de Mauricio Macri impulsar un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
“Nos debemos un debate serio y maduro sobre un hecho que sucede: el aborto clandestino se cobró la vida de 3 mil mujeres desde la vuelta de la democracia y es la principal causa de muerte materna en Argentina”, afirmó la diputada Victoria Donda, quien encabeza la firma del actual proyecto.
El caso de Belén, que se dio a conocer en abril de este año, puso nuevamente en el centro de la escena social y mediática el tema. La joven tucumana, que llevaba más dos años presa en espera del juicio, fue condenada el 19 de abril a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto en un hospital. La sucesión de hechos que derivaron en la causa, dan cuenta de la violación de derechos a la que fue sometida Belén, doblemente vulnerable por su condición de mujer y de pobre.
Finalmente, luego de marchas en diversas partes del país y del accionar de las organizaciones feministas, en la tarde del martes 16 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio a conocer un fallo a través del cual anulaba la prórroga de prisión preventiva y así Belén quedó en libertad.
“El proyecto que en este momento tiene estado parlamentario, propone dos cuestiones: despenalizar y legalizar el aborto, que son dos cosas distintas”, comentaba Lucrecia Faccioli, secretaria de género de la CTA Santa Fe y militante de la Campaña. “Despenalizar es sacar el hecho de un lugar de crimen. La penalización interviene sólo para sancionar cuando el aborto ya se realizó, acá es cuando el tema se corre del ámbito de la salud para pasar al de la criminología. Esto no evita que se realicen abortos ni que mueran mujeres, el único objetivo de ponerlo como un tipo penal es el control, el escarmiento y el disciplinamiento de las mujeres”. Y respecto de la legalización, explicó: “legalizar implica diseñar, implementar, ejecutar y monitorear políticas públicas que garanticen la efectiva realización de la práctica. Implica un Estado activo que garantice la información, el acompañamiento y la más alta calidad de atención”.
