La represión a los docentes delante del Congreso no es el mayor hecho autoritario de un gobierno que cuenta con una presa política que escandaliza a los organismos internacionales y cuyos funcionarios desataron golpizas policiales, desde los primeros hechos en La Plata hasta el ingreso en modalidad patota a un comedor infantil de Lanús, cuyo saldo más triste fue la pérdida del embarazo de Laura Zaracho, una de las cocineras, que aguantó un embate de 40 minutos de palos y gas pimienta. Sin embargo, la detención de cuatro docentes, el acorazamiento de fuerzas de seguridad para impedir la construcción de una "escuela itinerante" y el rociado de gas pimienta es un punto de inflexión en el conflicto docente.
El principal reclamo es la apertura de la negociación paritaria nacional. La Ley de Financiamiento Educativo establece el marco normativo, la negociación de 2016 el antecedente fáctico. La negativa oficial del gobierno se fundamenta en que ya se había establecido un automatismo salarial en 2016. Un fallo judicial y los docentes responden que esa afirmación es apenas una cláusula subordinada, que la paritaria, como tal, ha de ser anual y que, además, es el ámbito para discutir mucho más que el salario: la política general de mejora en la calidad educativa.
Frente a la escena de la noche del domingo 9 de abril, se ha vuelto real la hipótesis de que el gobierno no sólo no quiere abrir la paritaria, sino que ha elegido a los sindicatos docentes como enemigos para quebrar el espinazo de todo el arco sindical de los trabajadores. En la paritaria docente se elije la referencia de las demás paritarias del país, la comparación de la prensa internacional de la gobernadora María Eugenia Vidal con la ex primera ministra británica Margaret Thatcher es muy precisa. Los docentes argentinos de hoy son los mineros ingleses de hace décadas.
Los actos de violencia institucional contra los docentes se suceden sin pausa. A las amenazas contra el líder de Suteba Roberto Baradel le siguen las burlas del presidente en el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. El macartismo de Vidal, persiguiendo docentes por sus ideas políticas, es paralelo a la condena de los colectivos y el choripán. La difusión de los resultados de la evaluación Aprender –defectuosa como herramienta, peor presentada como estadística– fue de la mano con las estúpidas declaraciones del ministro de Educación Esteban Bullrich, que imagina una escuela pública que forme pilotos de drones. Descuentos salariales masivos e indiscriminados por paro –que dejaron en banda a los docentes que fueron a la escuela en busca de un igualmente ilegítimo e ilegal premio por romper las huelgas–, convocatorias a voluntarios para que obren como carneros, policías presentes en las escuelas pidiendo listas negras a los directivos y la solicitud de revocatoria de la personería gremial de Suteba cierran un panorama de persecución sistemática bajo el amparo y la promoción de los medios de comunicación oficiales.
El Congreso continúa como testigo mudo de un conflicto entre trabajadores que no quieren perder más poder adquisitivo y un gobierno que no quiere cumplir la ley. Es inmediatamente necesaria una respuesta política de las Cámaras. Si no está claro el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, explicitarlo aún más. Una interpelación al ministro Esteban Bullrich es imprescindible. Trasladar el conflicto al pleno del Congreso permitirá, también, que los gobernadores den su voz: juegan con finanzas públicas ahogadas por la práctica anulación del Fondo de Incentivo Docente, que es lo que negocian los sindicatos y la Nación, y tienen que manejar las huelgas en sus territorios. Finalmente, en el Congreso cada sector partidario pondrá las cartas sobre la mesa respecto de los derechos de los trabajadores, el futuro de la escuela y la calidad de la democracia.
