La Asociación de Defensores del Pueblo reunida en su primer plenario del año reclamó la suspensión de la aplicación de los aumentos de tarifas en los servicios públicos anunciados por el gobierno nacional.
En la ciudad de Neuquén se reunieron en plenario a fines de marzo los defensores del pueblo de todo el país. En la declaración final se incorporó un pedido del ombudsman local, Raúl Lamberto, quien señaló que los aumentos tarifarios no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad. Es decir: los aumentos son desproporcionados, no son graduales y son confiscatorios.
Los defensores además realizaron una serie de propuestas: que las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, antes de las paritarias para que los acuerdos salariales puedan medir el impacto; que el GNC tenga un valor testigo; que el gas envasado en garrafas sea declarado un servicio público esencial y no regulado por el mercado; que la tarifa social llegue más hogares; que las empresas prestadoras sean absolutamente transparentes en sus estructuras de costos para la definición de las tarifas. Además, se opusieron al intento de proveer medidores de energía prepagos (y su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar las facturas)
