Secuestraron, torturaron, robaron bebés, mataron y ahora piden el 2×1. Los nombres en Santa Fe.

Los represores santafesinos condenados por delitos de lesa humanidad, como en el resto del país, buscan ahora beneficiarse del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido el 3 de mayo, por el cual se otorgó el 2×1 a Luis Muiña, condenado por cinco casos de tortura cometidos en marzo de 1976 en la provincia de Buenos Aires.

En la provincia de Santa Fe, 87 personas fueron condenadas por crímenes cometidos durante la dictadura en los 19 juicios que se realizaron a partir de 2009. Ex militares, ex policías, pero también civiles, como el ex juez federal Víctor Brusa, uno de los primeros en pedir el beneficio del 2×1.

Brusa fue el primer juez del país destituido por el Consejo de la Magistratura (por el caso Pedernera) y luego, en diciembre de 2009, el primer funcionario judicial condenado por delitos de lesa humanidad en el país. Tuvo sentencia en tres procesos distintos: 21 años de prisión en la Causa Brusa I (torturas y secuestros), siete años en la Causa Brusa II (asociación ilícita) y tres años en la causa “La Casita”. Cumple en la cárcel de Las Flores una condena unificada en 23 años de prisión efectiva. El lunes 8 de mayo, pidió el beneficio del 2×1, igual que la ex policía María Eva Aebi, condenada en los mismos juicios que Brusa (fue la guardiacárcel que llevó a Silvia Suppo a abortar luego de quedar embarazada en una violación grupal en la Guardia de Infantería Reforzada).

Brusa y Aebi son algunos de los represores que podrían quedar en libertad antes de tiempo. En Santa Fe están en una situación similar los ex policías Eduardo “Curro” Ramos y Juan Calixto Perizzotti, ambos condenados en tres ocasiones. Ramos y Perizzotti deben cumplir perpetua, Aebi fue condenada a 24 años.

También están en condiciones de pedir el 2×1 Carlos Nickisch (sentenciado en la causa de la Brigada Aérea de Reconquista, un juicio donde quedó acreditado que las violaciones contra las mujeres secuestradas son delitos de lesa humanidad) y el ex policía Ricardo José Salomón, uno de los torturadores del intendente destituido Adán Campagnolo, condenado en octubre de 2014 a 16 años de prisión.

A nivel nacional, de los 750 genocidas condenados (en 593 causas), 278 están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1.

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