El miércoles a las 18.00 en la plaza del Soldado es la convocatoria lanzada por los organismos de Derechos Humanos locales. La consigna: “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto».

La plaza donde las Madres de Plaza de Mayo hicieron su ronda durante años, la plaza donde está el reloj de sol, los pañuelos pintados y en la que bancaron estoicamente los años en los que no se juntaban más de un centenar de personas los 24 de marzo. Años en los que los represores estaban sueltos, frecuentando los lugares de la gente bien o dominando la justicia federal, como en el caso de Víctor Brusa. La plaza santafesina donde el reclamo por memoria, verdad y justicia puso a la ciudad en el mapa de los argentinos que defienden la democracia, la ley y la república tendrá este miércoles a las 18.00 una nueva cita, esta vez en respuesta al fallo de la Corte Suprema de la Nación que beneficia a los genocidas con el 2×1, abriendo las puertas a que un buen número de represores vuelvan a la calle.

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El Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe convoca: «Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite». En un comunicado difundido en la redes sociales, advierten que «En caso de aplicarse el fallo a otros condenados, se pueden reducir las penas a todos los genocidas, con lo cual centenares de ellos pueden volver a la libertad. O sea, a la impunidad de la que habían gozado durante los treinta años previos a sus condenas. Enorme retroceso en materia de Derechos Humanos y fuerte mazazo a la Democracia y al Estado de Derecho, que se inscribe en las políticas de impunidad y represión del actual gobierno nacional. En este contexto, el nuevo llamado de la cúpula de la Iglesia a una absurda ‘reconciliación’ entre victimarios y familiares de las víctimas del genocidio, aparece como una cortina de humo, funcional a estas políticas».

En el mismo texto, se argumenta: «La maniobra de la Corte consiste en reflotar la ya derogada ley 24.390, que tuviera vigencia para delitos comunes entre 1994 y 2001, y que ahora se pretende aplicar ilegalmente a delitos de Lesa Humanidad. Se intenta así implementar una amnistía encubierta que viola los pactos internacionales que la Argentina suscribió, así como la jurisprudencia acumulada durante más de 10 años de juicios a los genocidas. Políticas de Estado que proyectaron a la Argentina como ejemplo y referencia de Justicia a nivel internacional».

 

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