El gobierno nacional decidió reflotar un decreto de Menem, sancionado en 1997, a través del cual comenzó a dar de baja y suspender unas 70 mil pensiones a personas con discapacidad, sin previo aviso ni estudios socioambientales para conocer la realidad de cada beneficiario.
Ante la indignación y el repudió social casi unánime, en la web oficial de la Casa Rosada, en su apartado "Qué estamos diciendo", desde donde bajan línea a sus partidarios sobre qué responder ante los cuestionamientos que las diversas medidas generan, se esgrimieron aclaraciones-justificativos sobre las pensiones no contributivas. Allí afirman, entre otras cosas: "en 2015 nosotros no gobernábamos y se dieron de baja 168.000 pensiones, muchas más de las que se dieron de baja el año pasado".
Al respecto, en diálogo con Pausa en el Aire, la directora provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad, Gabriela Bruno, comentó: "En el 2015 se solicitó desde Nación una revisión de pensiones y nosotros no estamos en contra de eso, al contrario, pusimos todos los equipos de salud de los efectores públicos a disposición para que esto se haga de la manera más rápida, para que a ninguna persona se le corte el beneficio. Pero lo hicimos de manera articulada, fue organizado, con trabajadores sociales, con informes médicos, las personas fueron informadas y notificadas mediante cartas sobre esta revisión. Esa es la gran diferencia con lo que se hizo ahora, que fue un corte taxativo e intempestivo. En aquel momento nos convocaron desde Nación para hacer ese trabajo juntos. Ahora se pone bajo sospecha que todo lo que se hizo estaba mal, se desconfía de los certificados que las personas presentaron y de los empleados administrativos que llevaron adelante el proceso".
"Es una avasallamiento de derechos. Tenemos una Convención que habla de autonomía y empoderamiento, y se quita la pensión", @gabibru_bruno
— Periódico Pausa (@PeriodicoPausa) 15 de junio de 2017
Bruno también se refirió a la baja en la cobertura del programa Incluir Salud, que viene de la mano con el corte de las pensiones. "Este programa permite que una persona con discapacidad vaya a un centro de día, a un centro educativo terapéutico, haga formación laboral si lo necesita, haga estimulación temprana, tenga un transporte para ir a esos lugares. A quien se le quita la pensión, que en muchos hogares es el único ingreso, deja de ser beneficiario de este programa". Además, remarcó que cuando la atención desde el Estado nacional no llega, por diferentes razones, el gobierno de la provincia tiene un programa que garantiza el acceso a estas prestaciones para quienes no tengan ningún tipo de recursos, y acotó: "Todos estos años atrás vinimos haciendo un trabajo conjunto entre Nación y Provincia para garantizar que la mayor cantidad posible de personas con discapacidad tengan la pensión nacional, porque entendemos que es un beneficio y un derecho que les cambia la vida".
Personas con discapacidad se manifestarán ante el recorte a pensiones
Consultada sobre los reclamos que la dirección provincial que preside se encuentra recibiendo ante esta situación, la funcionaria comentó que hasta el momento habían atendido a unas 100 personas afectadas, pero que iba en aumento la cantidad de reclamos que llegan desde toda la provincia.
Por otro lado, Bruno aclaró que esta situación no es de estos últimos días. "Ya hace unas semanas que nos están contactando personas porque les llamaba la atención el no estar percibiendo la pensión. Cuando cotejábamos datos con Nación para ver qué estaba pasando, nos informaban que las bajas eran porque encontraban que alguien de la familia tenía un trabajo en blanco y podía acreditar solvencia. Y cuando hablan de solvencia se refieren, a veces, a sueldos de entre 6 y 10 mil pesos, no estamos hablando de sueldos holgados; o también la cortaban porque tenían una moto…"
Vale recordar que, según informó el ministerio de Desarrollo Social, no podrán tener una pensión por discapacidad aquellas personas con discapacidad cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de $ 19.200 por mes; quienes tienen un bien a su nombre, como un auto, independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado; y aquellos cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de $6.377. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que una persona con discapacidad y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza, cuando la canasta básica está arriba de los 14 mil pesos.
Otro de los puntos aclaratorios-justificativos que el gobierno de Cambiemos publicó y sus funcionarios repiten ante cada consulta, dice que "las pensiones por invalidez serán uno de los componentes del Plan Nacional de Discapacidad anunciado recientemente por el presidente, el primer plan integral de discapacidad de la historia del país, en el cual se reformarán y ordenarán los programas existentes y se trabajará para ofrecer un acercamiento integral a la cuestión". Consultada sobre este plan, Gabriela Bruno comentó: "No tenemos claro que es el Plan Nacional de Discapacidad, nunca tuvimos acceso al contenido, ni a las metas, ni a los objetivos, ni al plan de acción que se supone que una política así debe tener. Se presentó hace un mes y medio, y ahora se toman estas decisiones. No tiene mucha coherencia, o si..."
Finalmente, y ante el supuesto "error" esgrimido por la ministra Carolina Stanley ante los masivos reclamos, Bruno fue contundente: "No le creo que haya sido un error. Como funcionaria tiene una responsabilidad muy grande como para cometer ese tipo de errores, con tanto impacto en las vidas de otros".
