Histórica condena por fumigar con agrotóxicos una escuela

En un fallo sin precedentes, el Tribunal Oral de Concepción de Uruguay hoy condenó a un año y medio de prisión (en suspenso) a los tres imputados por la fumigación de agrotóxicos sobre una docente y sus alumnos de la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, Entre Ríos. 

«Lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa» dice el dictamen del Tribunal conformado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas que condena al presidente de una empresa fumigadora, al dueño de un campo que pidió el servicio y al piloto del avión que roció a la docente Mariela Leiva y a los alumnos de la escuela rural N° 44, en 2014.

Se trata del primer dictamen en la Argentina en torno a la protección de docentes y alumnos rurales. Los condenados son Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de Villaguay Aero Litoral S.A; José Mario Honecker, dueño de un campo de arroz y maíz, y el piloto César Martín Visconti, sobre quién recayó además una inhabilitación de un año para ejercer esa labor.

Según la docente, el juicio motorizó un cambio de conciencia, porque ahora «los vecinos están empezando a denunciar y a comprometerse con toda la problemática ambiental en base a este modelo de producción que nos está enfermando». La presentación judicial fue impulsada por la propia Leiva y por la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Leiva denunció fumigaciones y haber sufrido contaminación con pesticidas mientras trabajó en la escuela 44, entre 2008 y 2017.

Chacales

La fumigación de la escuela 44 de Santa Anita ocurrió el 4 de diciembre de 2014. Los estudiantes y la docente Mariela Leiva debieron recibir atención médica en el Hospital Reverendo Padre Betcher, de esa localidad, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.

Según señaló Agmer, Leiva sufrió amenazas telefónicas por llevar adelante el reclamo judicial. Por su parte, la Mesa de Enlace de Entre Ríos puso en duda todo lo sucedido, mientras se desarrollaba el juicio. En un comunicado expresaron que «De acuerdo a lo informado por el productor se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica y la empresa que la realizo se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes». Además señalaron que «es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente».

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