A siete meses de la trágica muerte de siete jóvenes presos en una comisaría de Pergamino, hay cinco policías detenidos. El comisario sigue prófugo. “Casi todos los días muere un pibe en manos de la Policía”, dicen los familiares.
Se enteraron por los medios de comunicación de que la Comisaría Primera de Pergamino, donde estaban sus hijos detenidos, se había incendiado. Cuando llegaron al lugar, entre el tumulto y el griterío, un policía leía desde la vereda, a los gritos, uno a uno los nombres de los presos que habían muerto: Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Cabrera, Fernando Latorre. Tenían entre 18 y 27 años. “Leyó los nombres en la calle, como si sorteara algo”, recuerda Andrea, hermana de Sergio Filiberto. Hubo gritos de dolor, insultos y piedrazos contra la comisaría. Los policías reprimieron con balas de goma.
Dos días más tarde, el fiscal que investiga el caso, Nelson Mastorchio, separó a la Policía Bonaerense de la investigación. Al mes, pidió la detención de los policías que estaban ese día en la comisaría: Alexis Eva, Carolina Guevara, Matías Ezequiel Giullietti, César Brian Carrizo, Sergio Rodas y el comisario Alberto Sebastián Donza. Los primeros cinco siguen detenidos; cuatro de ellos, con prisión domiciliaria. Al jefe Donza nunca lo encontraron: está prófugo. El fiscal los acusa de abandono de persona seguido de muerte. Para los familiares, fueron siete asesinatos.
La primera versión oficial que intentó instalarse fue la de un motín. Hoy, por testimonios de los sobrevivientes (había 19 detenidos en total) y las pericias que se hicieron, los familiares están convencidos de que los policías, al menos, dejaron morir a sus hijos. Andrea, hermana de Sergio Filiberto (una de las víctimas), enumeró las razones: al comienzo el fuego era pequeño y estaba al alcance de los policías que, en lugar de apagarlo, sólo retiraron del lugar al oficial que custodiaba los calabozos. No descolgaron los matafuegos, no encendieron las duchas (que están dentro de las celdas pero se activan desde afuera), no llamaron a los bomberos, no abrieron las celdas (incluso decían no encontrar las llaves cuando llegaron los bomberos). “No hicieron nada. Los dejaron morir”, afirma Andrea.
La masacre ocurrió el jueves 2 de marzo. Esa tarde, algunos de los detenidos alcanzaron a mandar mensajes por celular a sus familias: “Mamá, vení rápido que nos mata la Policía”, decía uno de ellos.
“Queremos que esto no pase nunca más”, dice Andrea. “A nosotros nadie nos devuelve nada. Pero queremos que se marque un precedente, por eso estamos en esta lucha. Queremos que se condene a estos policías y que sirva para los jóvenes que están en peligro”.
“Los mató la Policía”
Es domingo a la tarde y en el patio delantero de la casa de Silvia Rosito, mamá de Fernando Latorre (otro de los fallecidos), están reunidos integrantes de “Justicia x los 7”, el espacio que crearon los familiares de las víctimas con organizaciones sociales y de derechos humanos. Entre las sillas camina Francesca, de un año, hija de Fernando. Ya pasaron cinco meses de la masacre y es día de elecciones primarias en todo el país. La boleta que circula en este patio no tiene el nombre de ningún candidato. En cambio dice: “Lista 7. Justicia por los 7 pibes asesinados por la Policía de Pergamino”.
La detención de sus hijos y luego su muerte metió a estas familias en un mundo que la mayoría de ellos desconocía: las comisarías y sus inhumanas condiciones de detención, la corrupción policial, los abusos de autoridad, el silencio cómplice de las autoridades políticas. “Nos empezamos a enterar de más casos y empezamos a juntarnos con madres de (víctimas de) gatillo fácil. Prácticamente todos los días muere un pibe en manos de la Policía. Y esas cosas no las sabés o no le das importancia hasta que no te toca”, dice Ludmila Díaz, prima de Fernando.
Las familias siguen de cerca la investigación. “Lo que surge de la causa por declaraciones de sobrevivientes, sumado a pericias, es que hubo una pelea en el patio entre dos de los detenidos, pero que cesó por su propia voluntad”, cuenta Andrea. “Después, los policías los encerraron a todos en las celdas y ellos se quejaron para que les abran pero no les abrían. Y ahí fue cuando se genera el primer foco de incendio que es un pedazo de almohada, por lo que se sabe, que lo prenden y lo tiran al pasillo, fuera de las celdas”.
—¿Qué tendrían que haber hecho los policías?
—El primer foco de incendio fue en el pasillo y los chicos estaban encerrados. Como primera medida, ellos podrían haberlo apagado. Había matafuegos en la dependencia. Uno de los sobrevivientes dice en su testimonio: “Hasta con una meada podrían haberlo apagado”.
—El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ¿qué dijo?
—Nada. Nunca supimos que haya dicho algo. No se enteró, parece. (La gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal tampoco. Las veces que vino a Pergamino después de la masacre nunca nos avisaron.
—¿Qué responsabilidad les asignan a Ritondo y Vidal?
—El Estado es responsable. Por las condiciones en las que estaban los detenidos. La Policía fue el autor material, pero detrás de esto hay muchas responsabilidades.
Andrea explica que una de las medidas ordenadas por el fiscal fue un simulacro del hecho dentro de la comisaría. Primero ingresaron a 20 personas y quedó en evidencia que los detenidos estaban en condiciones de hacinamiento. Luego prendieron fuego y midieron el tiempo que tuvieron los policías para actuar e impedir la muerte de los chicos (al menos 40 minutos, afirman los familiares). También midieron hasta dónde podían oírse los gritos de pedido de auxilio: no sólo podían escucharse desde las oficinas del comisario y los policías, podían oírse desde la calle.
En julio pasado, cuatro de los cinco policías detenidos pasaron a gozar de prisión domiciliaria. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Pergamino, integrada por Mónica Guridi, María Gabriela Jure y Martín Morales, que confirmaron la decisión del juez de garantía César Solazzi. Sólo está preso Alexis Eva, en la comisaría de la localidad de Rojas, a 40 kilómetros de Pergamino.
En las redes sociales
“Leer las redes sociales esos días y todavía hoy es un dolor”, cuenta Andrea. “Al principio se viralizaron fotos de los cuerpos de los chicos, que inclusive nos llegaron a nuestros WhatsApps. Esas fotos se usaron para compararlas con una parrilla. Y escribían: ‘Así se inicia el servicio en la Comisaría Primera de Pergamino’.” La imagen muestra, en la parte superior, dos bifes en una parrilla; abajo, los cuerpos quemados de los jóvenes. “Todo lo denunciamos en Asuntos Internos (de la Policía Bonaerense). Porque hay cualquier cantidad de opiniones de policías actualmente en servicio que apoyan y comentan estas publicaciones en las redes sociales”.
Fernando pedía ir a un penal
Silvia, la madre de Fernando Latorre, cuenta que en la última visita a la comisaría (cinco días antes de la masacre) lo notó enojado. “Mamá, hablá con el abogado porque quiero el traslado a un penal”, le dijo. Después de eso, recuerda: “Esa noche le mandé un mensaje al celular y le pregunté si estaba bien. Y él me respondió: ‘La Policía es una mierda. Estoy cansado de estar acá. Me quiero ir. Por favor, me quiero ir’”.
Fernando tenía 24 años. Llevaba cuatro meses detenido por tentativa de robo. Antes de que lo detuvieran, trabajaba en un taller de costura con su mamá y lavaba autos. “Con mi marido tenemos un taller de costura. Él trabajaba con nosotros. Como últimamente no teníamos mucho trabajo, a la tarde había puesto un lavadero de autos en la casa de mi abuela. Le gustaban mucho los autos y las motos. Le gustaba lavarlos y lustrarlos”, cuenta Silvia.
https://www.youtube.com/watch?v=DbK3jE9U5jE
“Estaba feliz con su hija. Francesca tenía cuatro meses cuando cayó detenido. El día que lo detuvieron yo estaba muy enojada con él. No lo podía creer. Una noche me llamó desde la comisaría, tarde, como a las 2 de la mañana, y hablamos mucho. Me pidió perdón y me dijo que su vida iba a cambiar, que quería hacer un tratamiento (por adicciones), que quería curarse, que no le gustaba la vida que estaba llevando. Y yo, a pesar de que él estaba preso, esa noche me sentí feliz. Que él me dijera que quería cambiar su vida para mi era muchísimo. Fernando era mi único hijo y éramos muy compañeros”.
Sergio, 28 días preso
Era la primera vez que Sergio estaba detenido. Tenía 27 años. Lo acusaron de robo. Llevaba 28 días preso y esperaba el arresto domiciliario. Días antes del incendio, autoridades habían visitado la casa de su mamá para evaluar si podía cumplir la prisión preventiva allí. “Se estaba aguantando un montón de cosas en la comisaría sin contarnos lo mal que la pasaba”, dice su hermana. “Lo único que decía era: ‘Si de acá me voy a un penal, no vuelvo más’. Como diciendo, si esto es la comisaría, no me quiero imaginar lo que es un penal”.
La madre, Cristina Gramajo, recuerda que el último día que lo visitó Sergio no estaba bien. Varios familiares coinciden en no haber visto bien a sus hijos en las últimas visitas. Sospechan que los policías les pasaban alcohol o drogas.
“No les dejes dinero. Porque no sé cómo, pero acá compran droga”, le dijo a la madre de Sergio uno de los policías durante una visita. “Mi hijo estaba haciendo el tratamiento por abstinencia”, cuenta ella. En las comunicaciones que tenían, Sergio afirmaba que quería cambiar su vida. “El bendito clic que toda familia espera y nos parecía que lo estaba haciendo, porque en sus cartas nos contaba eso”, dice Cristina. Sergio trabajaba en un hospital como secretario hacía tres años y medio, tenía una beca y estaba entusiasmado con su trabajo.
Del dolor a la lucha
Tras enterarse en la calle y a los gritos de que sus hijos habían muerto, ese jueves 2 de marzo, los familiares volvieron a verse dos días más tarde durante el velorio. Ese día hablaron e intercambiaron sus números de celulares. En ese mismo momento, se hacía en Pergamino una marcha por sus hijos, convocada por organismos de derechos humanos. Días después, empezaron a reunirse en un taller de serigrafía que les ofreció un vecino para hacer remeras y banderas.
Durante la primera semana recibieron la visita de familiares de la masacre de Quilmes (un hecho similar) y de madres de victimas de gatillo fácil. “A los quince días fuimos a la Casa de la Memoria en Rosario, donde daba una charla Vanesa Orieta (hermana de Luciano Arruga). Allá se sorprendían de que en tan pocos días los familiares de los siete estuvieran así de pie y en lucha”, cuenta Andrés Morais, integrante de Justicia por los 7.
Además de marchar en reclamo de justicia, el espacio comenzó a organizar y participar de actividades para visibilizar y denunciar la violencia institucional. Algunas madres, a su vez, se capacitaron y comenzaron a trabajar en prevención de adicciones, con visitas a los barrios y charlas en las escuelas. “Además de la búsqueda de justicia, parte de la lucha es tratar de algún modo de participar en la problemática de las adicciones, que son un flagelo, algo muy difícil”, dice Cristina Gramajo. “Lo que más queremos es concientizar a la gente. Que nadie está exento, que los chicos, cualquier chico, está en peligro constante estando en la calle”.
Fotos: Anred
