Punteros, ex candidatos y empleados: todos tienen su ONG

Allanamiento de la PDI en la Municipalidad, el 10 de octubre, por orden del fiscal Apullán.

La Justicia investiga el destino de fondos millonarios distribuidos por la Municipalidad entre organizaciones políticamente afines a través del programa Iniciativas Comunitarias.

“Corral Papers” se titula una investigación sobre las maniobras ejecutadas por el municipio santafesino, con fondos públicos, para financiar una red de militantes propios en los barrios más necesitados de la ciudad. El trabajo realizado por una decena de periodistas de distintos medios salpica al intendente José Corral, a su candidato a concejal Carlos Pereira, actual secretario general de la Municipalidad, y al secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano.

La investigación comenzó a publicarse el 2 de octubre en la web Corral Papers: allí se muestra cómo el municipio otorgó millonarias sumas a organizaciones integradas por empleados municipales y funcionarios. A través de esas entidades, beneficiadas por el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo creado por Corral en 2012, el municipio montó una red de punteros políticos que trabajan activamente en la campaña electoral de Cambiemos.

El análisis de archivos y documentos oficiales involucra también a la secretaria de Gobierno, María Martín, y de Hacienda, María Belén Etchevarría.

“Los archivos de trabajo de Medrano demuestran que las irregularidades no son una falla en los controles internos, ni un hecho aislado, sino una constante que financia la militancia, el timbreo y el aguante del intendente y presidente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, José Corral”, sostiene el informe central del “Corral Papers”.

“El cotejo dichos documentos permite obtener parámetros de incumplimientos de las normas legales de manera constante a lo largo del tiempo. Y en muchos casos, aún a sabiendas que los procederes eran reñidos con las leyes vigentes”, agrega el informe. En los primeros ocho meses de 2017, el programa Iniciativas Comunitarias ejecutó más de 72 millones de pesos (mas de 260 millones desde la creación del programa).

Los detalles

La primera investigación alude al sistema de concurso de precios del programa Iniciativas Comunitarias. Allí están los documentos públicos a través de los cuales la Secretaría de Desarrollo Social otorgó subsidios o contrató para diversos servicios a ONG integradas por militantes del radicalismo, por cifras en algunos casos superiores a los 200 mil pesos. Según la investigación, se trata de “concursos truchos” en los cuales hay una institución que cotiza y “gana” el concurso, otra que lo hace “por un monto algo más alto (la mayoría de los casos por dos mil pesos) y luego cuatro instituciones que no cotizan”.

La segunda parte del informe da cuenta de los empleados y funcionarios municipales beneficiados con el reparto de recursos públicos: “Los funcionarios ya conocían las irregularidades, es más, contaban dentro de los archivos con una planilla Excel que detallaba cada uno de los empleados del municipio que integraban las comisiones de cooperativas y ONG beneficiadas. En total son 65 los empleados municipales que integran entidades no gubernamentales que se benefician con estos fondos”.

La tercera parte da cuenta de la falta de repuesta del municipio a los pedidos de informes que había realizado previamente el Concejo. La ordenanza que regula el programa Iniciativas Comunitarias obliga al municipio a informar trimestralmente al Concejo de las adjudicaciones efectuadas bajo el régimen, cosa que hasta ahora no ocurrió.

Un cuarto informe revela que tres de los candidatos a concejales que acompañaron a Carlos Pereira en su primera participación electoral, en 2005, ahora integran organizaciones beneficiadas por el programa Iniciativas Comunitarias. Esas asociaciones civiles recibieron del Ejecutivo municipal un total de 6.565.040 de pesos desde 2013 a la fecha, según la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Los ex candidatos son Amelia Catalina Beorlegui, Esteban Aignasse y Orlindo Emiro Ruiz Díaz.

Una operación

El municipio se defendió de la denuncia de desvío de fondos para la campaña, revelada a través del informe “Corral Papers”, y acusó al kirchnerismo de haber montado “una operación de prensa” para desprestigiar a Pereira. El propio Corral se puso al frente del tema: “Son manotazos de ahogado”.

Pereira coincidió con su jefe político: “Todo tiene que ver con una campaña propia de las elecciones”. El secretario general del municipio dijo además que los recursos de Iniciativas Comunitarias no son una dádiva: “No es un plan social, no es darle plata a la gente para que no trabaje; es una política social para darles oportunidades laborales a la gente y lo venimos haciendo desde el primer día de gestión. No le regalamos plata a la gente”.

Allanamiento en el municipio

A pedido del fiscal Roberto Apullán, la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia allanó el martes 10 oficinas de Desarrollo Social y de Hacienda, en la Municipalidad, para recabar pruebas que permitan avanzar en la investigación de las presuntas irregularidades denunciadas en el informe “Corral Papers”.

El allanamiento comenzó el martes al mediodía y se extendió hasta la tarde. Fue realizado por una veintena de agentes de la PDI a requerimiento del fiscal Apullán. La denuncia inicial sobre el supuesto desvío de fondos públicos para financiar a organizaciones que responden políticamente al intendente Corral fue realizada por el concejal justicialista Juan Cesoni.

Desde el municipio confirmaron ayer que hubo un “requerimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para brindar información sobre investigaciones administrativas que está realizando” y aclararon que “los funcionarios municipales estuvieron a disposición de las consultas y requerimientos del personal del MPA en relación con las actuaciones públicas”.

Las voceras por parte de Corral fueron las secretarias de Gobierno, María Martín, y de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Andrea Valsagna. “Apenas el municipio tomó conocimiento de que un concejal del kirchnerismo había radicado una denuncia, el fiscal municipal (Federico Sedlacek) se comunicó con el MPA para poner a disposición toda la información y documentación que se requiera. Desde el gobierno de la ciudad estamos siempre a disposición para cualquier requerimiento de la Justicia”, explicaron.

“El intendente José Corral está al tanto, por supuesto. Y nosotros estamos a disposición de la Justicia. Nos parece muy bien que funcionen las instituciones, siempre bregamos para eso y confiamos en tener un país donde las instituciones funcionen democráticamente”, sostuvo Valsagna. Martín minimizó el procedimiento judicial al indicar que lo que buscaba el fiscal era “información de carácter administrativo que los funcionarios inmediatamente pusieron a su disposición”.

“Por fin actúan”

El concejal justicialista Ignacio Martínez Kerz se refirió al allanamiento del martes en la Municipalidad: “Algunos empleados nos contaban que nunca habían visto una situación como esta, están muy consternados”.

En declaraciones a Aire de Santa Fe, el edil opositor recordó que desde el interbloque del PJ “hace tres años que venimos trabajando sobre el tema, en su momento hubo concejales de nuestro grupo que sufrieron amenazas porque modificamos la ordenanza para implementar más mecanismos de control en esta área (Desarrollo Social) e hicimos muchos pedidos de informe que nunca se contestaron”.

“El programa Iniciativas Comunitarias, de llevarse adelante dentro los márgenes de la ley, tiene un buen espíritu porque genera transformaciones en los barrios. Pero cuando se utiliza como herramienta de posicionamiento político sectorial, se desvirtúa y tenemos los problemas que se están denunciando”, agregó Martínez Kerz. “Por fin, de una vez por todas, la Justicia actúa: era el estamento del Estado que brillaba por su ausencia y hoy se hizo presente”.

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