Yo no quiero volverme tan loco

El gobierno declaró ayer la vigencia del estado de excepción en todo el territorio. Cómo construyen la legalidad para un programa de violencia. Cuál es la lógica política y adónde apuntar para romper el mecanismo.

Mirar de frente al poder desnudo exhibiéndose triunfal puede enloquecer. Ayer, la ministra Patricia Bullrich y el ministro Germán Garavano realizaron una declaración fundante, el paralelo al discurso del presidente Mauricio Macri sobre las reformas tributaria, previsional y laboral. Expresaron el núcleo legal fundante del poder soberano del Estado que es, justamente, la capacidad del Estado para suspender su legalidad en nombre mismo de la ley y, sobre todo, de una necesidad o un imperativo siempre superior. Y abrazaron esa suspensión como un hecho que se repetirá infinitamente. Ambos dijeron: habrá más muertos. Ambos le dijeron a los pretorianos: hay que matar.

Todo Estado funciona en ese mismo e igual modo, el Estado es una máquina que no puede trabajar de otra manera. Lo que la democracia puede arrancar de esa lógica muda es, al menos, dispositivos de control, gestión, publicación de esos mecanismos letales que el Estado no puede evitar. La democracia corre –nunca del todo– esos límites. La democracia puede analizar –lo hizo hasta hace poco– cómo se revientan a balazos las vidas de los pueblos originarios en las ciudades, que es lo mismo que decir cómo la cana reprime a los negros de mierda. (¿O qué creías que es la piel del pobre? ¿Creías que acá etnia y pobreza –racismo y clasismo– se pueden separar?)

Los matanegros en el Palacio

A través de lo que mal se llamó “garantismo” el Estado gestionó, de alguna forma, esos límites a lo excepcional. Bullrich y Garavano ayer volvieron al estado de excepción toda la legalidad del Estado. Y cuando el Estado puede hacer lo que quiera con vos –incluso, cuando se presenta como el garante total de la total seguridad y protección–, vos no son más que su objeto ante su mirada. Su cosita.

El primer paso, en 2016, fue el amparo del gobierno a cuanto caso de gatillo fácil civil o policial tuviera lugar. La legítima defensa se extendió hasta convertirse en la regla y, con ello, trastocar el orden social en excepción. Si te roban, matá. Si matás cuando te roban, sos víctima. Para la protesta social se creó un protocolo que, directamente, rezaba que sólo era constitucional su ejercicio en sectores autorizados previamente. Otra vez, la excepción: protestar es un derecho constitucional regulado por una gris autoridad de una burocracia administrativa. El ojo del Estado que enloquece. Y, en paralelo, palos, palos y más palos, en Capital Federal y ante la televisión nacional. Cuando los palos se ostentan de ese modo es porque la regla es el palo. Ese es el valor de reprimir o no reprimir en plaza de Mayo.

La técnica (gramática de la barbarie)

Pero la demostración de ayer de Garavano y Bullrich ofrece matices que demandan mayor aproximación. Las generalidades dichas son certeras pero las precisiones ofrecen una orientación más ajustada de la dirección de esta nueva avanzada de la violencia de Estado. Como en toda situación de excepción, la paradoja, la contradicción, la neblina es el paisaje, el concepto. La gramática de la barbarie de Estado es siempre confusa pero no por ello carece de lógica política.

El primer punto es la técnica. Cómo el ministerio de Justicia y el de Seguridad aplicarán la ley cuando al mismo tiempo afirman que se suspende.

Siempre dentro de la ley, siempre fuera de ley. La legalidad de las acciones del Estado se produce por la sola y mera administración de esas acciones por parte del Estado. Si lo hace el Estado, siempre es legal. Para ello hay que definir hasta dónde llega el Estado y cuál es mecanismo que produce esa legitimación legal fuera de lo legal. Empecemos por la pastilla que te pone más psicótica:

“El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad ya ha definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial, dada por el juez Gustavo Villanueva. La Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. Creemos que el Estado es el juez, el Ministerio de Seguridad, el gobierno nacional, la Prefectura Naval Argentina, que fue a enfrentarse con un grupo violento».

Es cierto, el Estado son sus tres poderes. Pero a la vez, es su división. O, bueno, así es como se presenta. ¿Se entiende lo de mostrar el poder desnudo, lo de la locura? La defensa de la ley se hace desde el reconocimiento de un hecho fáctico: el Estado no es indiviso, aunque así se postule, la Justicia no necesita pruebas, aunque a partir de ellas dé sus fallos. El carácter intrínseco de verdad para lo que diga una fuerza represiva significa que el poder civil le está otorgando otro estatuto, otra dignidad, superior a la cualquier otro ser humano, a los pretorianos. Es la carta blanca total, porque para estar dentro de la la ley no hay que probar nada, para ser justos hay que darle la razón siempre al mismo, para matar sin responsabilidad hay que saber que se es parte de un Estado indiviso. Y los legitimadores son la sola orden judicial y la ley de flagrancia. Bullrich define el último punto:

“El estado de derecho y las fuerzas de seguridad si están ante un delito tienen que actuar y además la ley de flagrancia le da un procedimiento especialísimo para hacerlo”.

Garavano completa:

“Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión como una forma de algún modo vulnerar la ley y poner en crisis al Estado de Derecho. La existencia de estos grupos que señalaba la ministra de Seguridad, que no reconocen al Estado, que no respetan la ley, es algo que tenemos que tomar en cuenta, y en esto es importante el accionar de la justicia”.

Los tres términos delimitan la flagrancia y al mismo tiempo vuelven borrosos esos límites. “Violación de la ley” es una nebulosa. ¿En el lock out rural de 2008 se violó la ley? “Extorsión” es más complicado. ¿Un paro general es una extorsión? “Presión” ya directamente ubica cualquier protesta social dentro de la flagrancia: es la definición misma de protesta social. Se va a gritar a la puerta de un lugar… ¿qué otra cosa que presionar hace un manifestante? La excepcionalidad abunda, “una forma de algún modo vulnerar la ley”. Mientras haya orden judicial o los milicos puedan decir “eh, eh, flagrancia, flagrancia”, todo bien. Pero todo bien con todo: la acción es total, sin resquicio y potencialmente absoluta. Bullrich lo dice como demiurga, Garavano lo repite como salvaje gangoso recoleto.

“El Ministerio de Seguridad tiene todas las condiciones para entrar en cualquier lugar que le ordene un juez y ya lo hemos demostrado, infinitas oportunidades, infinitas acciones” (Bullrich).

“Me parece que ese es el camino que nos tiene que conducir a recobrar la paz y a marcar que aquellas personas que violan la ley tienen consecuencias”. “Está claro que la violación de la ley en la argentina tiene y va a tener consecuencias” (Garavano).

La política y la guerra

Se dice, la guerra es la continuación de la política por las armas. Se dice, mejor, la política es aquello que nace después de la guerra, cuando los bandos cuentan sus cadáveres. Resumimos: si el estado de excepción es intrínseco al funcionamiento del Estado y lo mejor que podemos hacer es asumirlo y operar sobre el mismo, entonces también la gramática de esta barbarie tiene una razón, una lógica política.

Y allí aparece la Campaña del Desierto. La Ley de Residencia. La proscripción del peronismo. La dictadura. Las masacres de la Alianza. El espectro. El espectro es siempre el mismo muerto, matado de la misma forma, en repetición. Un corte y su masacre. La solución a la grieta es una sola: la desaparición de uno de los lados de la grieta. Ley, excepción, locura.

1511794023831Patricia Bullrich y German Garavano conflicto mapuche Rafael Nahuel

Dice Patricia Bullrich que “todos los argentinos” han de saber que “tienen un gobierno que los va a defender, que va a defender la ley y que no va a permitir ningún tipo de ilegalidad, eso lo tiene que saber claro la gente”. Agrega “Que vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur y que se acabó el mundo del revés”. Esto es, que la excepción se amplió como nunca antes en la historia democrática, ante “Grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos. Que consideran como un poder fáctico que pueden resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos”. Y sintetiza:

“Estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación, pero que quiera resolver los problemas en el marco de la ley. Y no va a haber ningún diálogo con los grupos violentos que violan la ley”.

¿Quiénes son todos los argentinos? ¿Cuáles son los grupos pacíficos? ¿Cuáles los violentos? Determinar un sujeto, su existencia, y su acción, su verbo, es construir la esencia del conflicto político. El actor social que es capaz de producir esa definición, domina. Es el ABC del conflicto político. Pero en la ampliación del estado de excepción, esa lógica se vuelve difusa. La gramática del estado de excepción ofrece las reglas para este vocabulario sobre los argentinos, tan argentino: hay argentinos y otros que no tanto. Con los que no tanto, “ni justicia”, podría decir la ex montonera. Con esos argentinos que no tanto –los símbolos, cuánto pesan– no hay ley porque ellos no están en la ley. Frente a ellos el conflicto vuelve a una mítica naturaleza. Fuera de la ley, todo y todos, pero porque el Estado es el Estado –ciudadano, repúblico, juez y pretoriano– el ejercicio de su poder soberano es inmediatamente ley. La destrucción de toda resolución no violenta del conflicto se expresa por doble partida. Por un lado Bullrich enajena a sus enemigos de todo rasgo común:

“Estos grupos que no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta sino que son grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política”.

Son grupos sin contenido. Una pura acción no argentina enajenada. No hay campo común de discusión. El zarpazo final, lo tenebroso, está en el alcance de delimitación de ese grupo. Cualquiera puede ser ese grupo porque, básicamente, sólo desde el Estado en acto, en violencia, emana la ley. Dicho de un tirón: cuando el Estado te pega, te hace culpable, no antes. Así, la RAM no existe como tal, ya que cualquier cosa puede ser la RAM. Ese es el otro lado:

«RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente. Podrán tener otro nombre, pero los queremos separar total y absolutamente de la comunidad mapuche, o de cualquier comunidad originaria de la Argentina. Es un grupo que, como dijimos, no reconoce a la Argentina, no reconoce a la ley, no reconoce a la Constitución, no reconoce a la bandera. RAM es como un nombre, puede haber alguno que se llame de otra manera».

«Se pone en el RAM todo aquel grupo que no respeta la ley y que está fuera de la ley».

Pero ese fuera de la ley está definido por el (su) juez y por la flagrancia, que se dispara por la percepción de la propia fuerza represiva. No es el afuera de la ley el que define al RAM, es el Estado el que define al grupo violento, el afuera de la ley, y a los cuerpos allí situados los llama. RAM les dice, el nombre del enemigo interno del que hay que defender a los argentinos. No hay forma de separarlos de nada y sus adherentes hacen perfectamente la lectura: la línea del delirio arranca en Santiago Maldonado y termina en Baradel sin interrupciones, pasando en cualquiera que pueda caer en la volteada porque estado de excepción significa, al fin y al cabo, eso. Que ya está la mesa completamente servida para que cualquiera pueda caer en la volteada y que no habrá orden ni paz gubernamental hasta que todos y cada uno caigan, hasta que el mundo del revés haya sido triturado por esta máquina que vocifera, avanza y dispara a todo vapor.

 

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