El mes de mayo de 2017 estuvo signado por la discusión sobre las penas a los genocidas encarcelados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La justicia, el Congreso y las calles se expresaron.

Primero, la Corte Suprema de la Nación decidió aplicar el cómputo del 2×1 para determinar penas de prisión en casos de delitos de lesa humanidad. Por decisión de mayoría (votos de Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y el santafesino Horacio Rosatti), declaró aplicable la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y luego fue derogada. Dicha ley reduce el cómputo de la prisión bajo el argumento de aplicación de la ley penal más benigna.

La decisión fue tomada a partir de un planteo del represor Luis Muiña, condenado por cinco casos de tortura en la causa que investigó el copamiento del Hospital Posadas de Haedo (Buenos Aires) el 28 de marzo de 1976.

El acortamiento de la pena otorgado por la Corte generó revuelo en el conjunto de la sociedad. En todo el país se organizaron marchas contra la decisión de los supremos. Los organismos de derechos humanos se pusieron al frente de los repudios generalizados. De hecho, en Santa Fe aconteció uno de los actos más grande de todo el país, con una histórica plaza de Mayo repleta.

A partir de la expresión popular, los distintos estamentos legislativos expresaron su postura. Tanto el Concejo municipal como la Legislatura provincial declararon su preocupación sobre el fallo y la posible libertad de los genocidas. Asimismo, el Congreso Nacional acordó rápidamente el tratamiento de un proyecto al respecto. Finalmente, el 12 de mayo se promulgó la ley N° 27.362 que bloquea cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

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