Justicia y poder político: la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación revisa la actuación de los fiscales Apullán y Martí.
Los fiscales santafesinos Roberto Apullán y María Laura Martí están siendo investigados por Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación a raíz de tres denuncias por supuesto mal desempeño de sus funciones. Son los funcionarios que llevaban adelante investigaciones sensibles para el poder político, como la causa por las horas extra de la Policía provincial –por la cual fue intervenido el celular del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro– y el manejo de fondos del programa Iniciativas Comunitarias del municipio santafesino.
La auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, les informó a los fiscales, el jueves 7 de diciembre, que sobre ellos pesan denuncias que constituyen “faltas graves y leves”. Vranicich es la funcionaria encargada de supervisar la tarea de los fiscales y tomó la decisión de investigar a Apullán y Martí luego de tres denuncias: una del ministro Pullaro, por la filtración de los audios en el marco de la causa por las horas extra de la Policía; otra del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, por la misma causa; y la restante del intendente José Corral por el allanamiento en la Municipalidad en el marco de la investigación de los “Corral Papers”.
“Se han admitido ciertas denuncias y presentaciones efectuadas, lo que significa que ingresamos a la etapa de investigación disciplinaria”, explicó Vranicich luego de la entrevista con los fiscales. “A partir de ahora los fiscales tienen derecho a controlar la prueba que se produzca y luego, en base a esa evidencia, la Auditoría debe llegar a una conclusión: o bien el archivo, si se comprueba que no hubo faltas graves o mal desempeño, o bien la formulación de cargos. Si se formulan cargos, pasamos a la etapa de juicio disciplinario de naturaleza administrativa, pero que tiene la misma lógica que un juicio oral y público”.
Las sanciones que pueden caberles a los fiscales son la suspensión por 30 días sin goce de sueldo, si se determina que cometieron faltas leves, o la destitución, si se entiende que fueron faltas graves.
El abogado que representa a los fiscales, Néstor Oroño, hizo una lectura política del tema: “Sería ingenuo desconocer que detrás de estos hechos hay motivaciones e intereses políticos. Esta es una cuestión que va a incidir y que ha incidido desde el inicio de esta causa. No tengo dudas de que la cuestión política ocupa un primerísimo plano”.
Según Oroño, los fiscales Apullán y Martí no sabían –al momento de pedir la intervención de la línea de Pullaro– si se trataba del teléfono del ministro o de otro funcionario del área. La intervención fue autorizada por el juez Nicolás Falkenberg. Luego de las acusaciones de Pullaro sobre una supuesta maniobra política para desestabilizarlo, tanto la Asociación de Fiscales como el Colegio de Magistrados defendieron las actuaciones de Apullán, Martí y Falkenberg y negaron que los fiscales y el juez hayan cometido alguna falta en su accionar.
También la Legislatura
En medio del escándalo por la divulgación de las escuchas entre el ministro Pullaro y el ex jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez (detenido en el marco de la causa por las horas extra y liberado dos días más tarde), la Legislatura sancionó una polémica reforma de las leyes 13.013 (Ministerio Público de la Acusación) y 13.014 (Servicio Provincial de la Defensa Penal), que recorta la autonomía de fiscales y defensores.
La sanción de la reforma fue sin debate ni explicaciones, en ambas cámaras y en trámite express, en la última sesión ordinaria, el 30 de noviembre. La norma establece que será la propia la Legislatura la encargada de ejercer un control directo sobre los organismos judiciales y tendrá además la “potestad exclusiva” de remoción de fiscales y defensores.
Por ese motivo, los fiscales regionales y el fiscal general Jorge Baclini le pidieron al gobernador Miguel Lifschitz que no promulgue la ley y en el mismo sentido se expresaron desde el Servicio Provincial de la Defensa Penal comandado por Jaquelina Balangione.
