El aliento oficial al gatillo fácil estimula la violencia y el delito de las fuerzas de seguridad.
Por Maialen Somaglia y Luciana Ghiberto (*)
“Estamos cambiando la doctrina”, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, respaldando la ejecución por la espalda del joven Pablo Kukoc hace cuatro meses en La Boca, Buenos Aires, en manos del policía Luis Chocobar. El policía, según ella, “siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado”. “Estamos cambiando la doctrina de la culpa hacia la policía, el hecho de considerar que siempre el policía es el culpable, y estamos construyendo la doctrina de que el Estado es quien realiza las acciones para impedir el delito”. Sin embargo, esta “nueva doctrina” no cuenta con ninguna publicación en el Boletín Oficial y el accionar de Chocobar es caracterizado por los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos como “ejecución sumaria o extrajudicial”, constituyendo una evidente violación de los derechos a la vida y a la integridad física.
Aunque el funcionario policial actuó sin ningún tipo de amparo legal, fue recibido con honores en la Casa Rosada y el presidente Macri manifestó sentirse orgulloso de su accionar. Como si esto no fuera suficiente, inmediatamente después de la imputación de la justicia bonaerense en contra de Chocobar, Patricia Bullrich sumó: “Hay jueces que no lo entienden, el juez que haga lo que quiera, nosotros vamos a llevar adelante la defensa de la acción, no vamos a dejar que se construya la doctrina de que el delincuente tiene razón”. Es entonces cuando, en una oración, el partido político que ha hecho campaña presentándose como garante de los valores republicanos, avasalla abiertamente la división de poderes de la democracia.
Un interrogante para realizar después de semejantes declaraciones que justifican el uso letal de la violencia por parte de los funcionarios policiales sería ¿qué efectos tienen estos discursos en un contexto de crisis económica e índices elevados de conflictividad social? ¿Podemos calcular su impacto?
Continuidades y acentos
Si nuestras autoridades hacen declaraciones como estas ¿Tendremos entonces como resultado a más policías que se sientan habilitados a disparar y que esperen recibir medallas por ello? ¿Pueden los discursos oficiales legitimar más violencia policial? Las ciencias sociales tendrían algunas dificultades en comprobar empíricamente todas aquellas ruedas transmisoras que van desde la boca de la ministra hasta la acción de un policía disparando. Pero sí podemos afirmar que los discursos oficiales y sus réplicas en los medios poseen mucha autoridad a la hora de formar sentidos comunes punitivistas que se repiten y van sedimentando un piso de impunidad que respalda el accionar policial.
Pero estos sedimentos no nacen en el macrismo. Y la violencia policial tampoco. Gustavo González, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral y secretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo en este sentido que “existe un prisma discursivo para observar el gobierno de las fuerzas de seguridad que muchas veces se plantea en términos de discontinuidad entre el macrismo y el gobierno anterior, pero que en realidad esconde muchos matices”.
No podemos negar que ha existido durante el kirchnerismo una serie de prácticas de reconocimiento de derechos humanos, importantes avances en políticas sociales y en general una agenda vinculada con tópicos progresistas. Pero esto no fue extensivo al campo de las políticas de seguridad y de gestión de las fuerzas de seguridad, en el que solo se incluyeron algunos intentos poco tangibles de imponer una agenda progresista que terminaron por diluirse en la última gestión de Cristina Fernández.
En esta línea, como especialista en la temática, González presentó un contraste provocador entre las figuras Sergio Berni y Patricia Bullrich. “Berni como gestor, con vocación operativa, subiéndose a helicópteros, vistiéndose como militar, es una puesta en escena para mostrar drama y control que es también lo que vemos hoy. Existe una teatralización política con las fuerzas de seguridad que demuestra continuidades, y entre ellas, hay una apuesta muy grande del macrismo de continuar invirtiendo en Gendarmería Nacional como el modelo de fuerza de seguridad a seguir”.
Ahora bien, urge señalar una bisagra discursiva que no es menor en esta coyuntura: “Hay una diferencia mucho más marcada y que no aparecía tan claramente, ni siquiera en el mismo Berni, que son los intentos directos de justificación de los usos excesivos de la violencia letal o altamente lesiva”, señaló González. En los dos gobiernos anteriores no se registran declaraciones que justifiquen fusilamientos por parte de las fuerzas de seguridad. En cambio, en la actualidad, Bullrich no solo sostiene que “la acción del policía no es legítima defensa, está mal encuadrado el caso, es una acción de cumplimiento de deber del funcionario público” sino que también ha arremetido en contra del CELS, Procuvin y la Defensoría del Estado porque “iban en contra del policía como una ideología”.
Eco de otras voces
Desde la vereda del frente, la de un barrio pobre del conurbano bonaerense, Ivonne, la mamá de Pablo Kukok ofrece otra forma posible de contar la historia. Ivonne se replica como rostro de lucha de otras miles, en general madres y hermanas de jóvenes víctimas de gatillo fácil que son quienes sostienen la incansable lucha por justicia en medio del dolor de las pérdidas y rodeadas de indiferencia social. La madre de Pablo levanta la voz para afirmar la cara oculta detrás de la versión oficial: “Chocobar no es un héroe, es el asesino de mi hijo”. La historia de Pablo es un signo de los destinos que depara la sociedad para aquellos jóvenes pobres que viven en los escenarios de la pobreza actual y de la pelea cotidiana que dan contra un sistema que los margina y a la vez los necesita para crear nuevos mercados ilegales y luego vendernos “seguridad”.
Los discursos oficiales y las imágenes que impulsan a través de los medios hegemónicos de comunicación obturan la identificación con estos otros puntos de vista que consideran las historias de los jóvenes de nuestro país e impulsan, en cambio, el reconocimiento de ellos como el chivo expiatorio de los males sociales. ¿Qué hizo el Estado por Pablo mientras se encontraba en un contexto de extrema marginalidad y violencia?, “Yo pienso que debería haber ayuda desde un principio”, replica su mamá, “deberían sacar a los chicos de la calle”.
Impactos perversos
Según Sabina Frederic, investigadora del CONICET y especialista en formación policial y militar, cuando la conducción política señala un camino de reconocimiento a conductas como la de Chocobar, las fuerzas policiales comienzan a moverse de esta manera “porque lo necesitan, como cualquier persona, pero, además, porque muchos de ellos son bastante sensibles al reconocimiento público y social, ya que tienen muchas carencias por otro lado. Muchos son jóvenes que están tratando de salir de situaciones de extrema vulnerabilidad social. Este respaldo alienta a quienes dentro de las fuerzas son más fácilmente llevados a una actitud violenta”. Esta maniobra del gobierno nacional es sin duda un movimiento arriesgado e irresponsable pero con un claro mensaje a las fuerzas de seguridad.
En la provincia de Santa Fe, la Policía asesina a jóvenes de los sectores populares desde mucho antes de que Cambiemos suba al podio a Chocobar. Franco Casco, Jonathan Herrera y Pichón Escobar son solo algunos ejemplos. Y los fusilamientos son el último eslabón de una serie de múltiples violencias que los jóvenes de los barrios periféricos soportan cada día. Se han realizado estudios que dan cuenta de las microviolencias que los jóvenes de la ciudad de Santa Fe sufren desde pequeños en manos de la Policía. Ahora, con el enaltecimiento de un policía “héroe” que utiliza la forma más extrema de violencia y recibe palmadas en la espalda del poder ejecutivo nacional no podemos sino imaginar, con tremenda desazón, que esas interacciones cotidianas entre adolsecentes pobres y policías se están volviendo aún más violentas y más riesgosas para las vidas de los jóvenes.
(*) Maestrandas en Criminología. Integrantes del Programa Delito y Sociedad de la UNL.
