El gobierno inició una carrera contra el tiempo para lograr la actualización constitucional que habilite la reelección de Lifschitz. Desde la oposición responden con sus propios proyectos.
Hay cuatro proyectos en la Cámara de Diputados que proponen la reforma de la Constitución provincial: el del Poder Ejecutivo, que está en estudio en cinco comisiones desde el jueves 3 de mayo; el del diputado Luis Rubeo, que propone un cronograma alternativo para reformar la Carta Magna en el año 2020; otro del diputado Héctor Cavallero, por el cual se establece la necesidad de una reforma integral y no parcial, como pretende el gobierno; y el último del interbloque Igualdad que también propone una reforma integral.
A diferencia de sus antecesores, que plantearon la reforma constitucional pero no llegaron a enviar el proyecto a la Legislatura, el gobernador Miguel Lifschitz dio un paso clave el lunes 16 de abril al remitir a las cámaras el mensaje por el que se propone declarar la necesidad de la reforma, el paso previo y necesario para la posterior convocatoria a elección de convencionales constituyentes.
Lifschitz ha dejado en claro que la reforma es una de sus prioridades y cada vez que puede le baja el tono al tema de la reelección. El 1º de mayo, en su discurso ante la asamblea legislativa, el mandatario señaló: “Mi problema no es la reelección, mi problema es lograr una reforma de la Constitución que nos permita decir que pudimos hacerlo, que fuimos capaces”. Todo un guiño a la oposición que tiene los votos necesarios para habilitar el debate.
Aunque le baja el tono a la reelección, el gobernador no cede en su intento de lograr una reforma en 2018 que le permita competir el año próximo por un nuevo mandato. Por eso apuró el envío del proyecto y por eso dirigió un claro mensaje a los diputados y senadores: “Ahora es el turno de la Legislatura, es el momento de hacer cambios o agregados, de abrir el debate. Todo es modificable mientras se mantenga el espíritu de la reforma. Si no es ahora, cuándo entonces. Si los años electorales no son buenos y los no electorales tampoco, cuándo entonces”.
El calendario parece jugar en contra de las expectativas del gobierno. Los plazos que prevé el proyecto para la elección de convencionales son muy ajustados; para lograr su cometido, Lifschitz necesita que la ley que declara la necesidad de la reforma sea sancionada dentro del primer semestre del año. Se esfuma mayo y el proyecto solo fue abordado por la primera de las cinco comisiones de la Cámara baja que deben estudiarlo.
El mecanismo
La sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma es el primer paso. Una vez promulgada, corre un plazo de 120 días (cuatro meses) para la elección de convencionales constituyentes (el día de esa elección lo fijará el Ejecutivo provincial) y luego hay un plazo máximo de 60 días para que sesione la convención.
En el proyecto se establece que la elección de los convencionales (69 en total, con criterio de paridad de género y lista de distrito único) “no podrá coincidir con otra elección”. En otros términos: la reforma solo será posible en 2018 si la ley se aprueba entre mayo y junio. En febrero de 2019 comenzará formalmente el proceso electoral provincial con la inscripción de las listas para las primarias de abril.
Para la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma se necesita el voto de los dos tercios de cada cámara. El Frente Progresista no cuenta con esos números. En la Cámara de Diputados, el gobierno tiene 24 votos propios, entre socialistas y aliados. Y requiere de 34 para darle media sanción a la iniciativa. En el Senado el Frente Progresista cuenta con ocho representantes (seis radicales y dos socialistas) y el interbloque del PJ tiene 11 bancas.
Para conseguir la reforma, el Ejecutivo necesita convencer a diez diputados opositores y a cinco senadores. Por los posicionamientos públicos que tomaron los partidos de la oposición, respecto de los plazos acotados y de la cuestión de la reelección, parece una misión imposible para el gobierno de Lifschitz.
No obstante, el proyecto dio un primer paso el miércoles 23 de mayo cuando la Comisión de Asuntos Comunales de la Cámara de Diputados le dio dictamen favorable con la firma de los cuatro integrantes oficialistas de la comisión (Fabián Palo Oliver, Gabriel Real, Victoria Tejeda y Omar Martínez) y lo derivó a la Comisión de Educación, la segunda de las cinco que tratará el tema.
Asuntos Comunales sólo abordó las cuestiones específicas incluidas en el proyecto enviado por el gobernador Miguel Lifschitz: la autonomía municipal y la ampliación de los mandatos de las comisiones comunales. Así lo sugirió el presidente de la comisión, apoyado por los diputados del Frente Progresista. En disidencia, la justicialista Olga Coteluzzi firmó un dictamen de minoría.
La Comisión de Educación –próxima parada del proyecto– está presidida el diputado socialista Julio Garibaldi, aunque allí el oficialismo no tiene mayoría y deberá conseguir el visto bueno de al menos un integrante de la oposición. Si hubiese dictamen, pasará a las otras comisiones asignadas por los jefes de bloque: Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
El proyecto oficial
La iniciativa de la Casa Gris propone cambios en las nueve secciones en que está dividida la Constitución, cuya última reforma fue en 1962. En materia política, el proyecto incorpora la reelección del gobernador por un solo período y fija el mismo límite para los senadores y los diputados provinciales, que hoy tienen reelección indefinida. Además, propone aplicar el balotaje para la elección del gobernador. Y establece la paridad de género para las tres categorías.
En cuanto a la autonomía municipal, el proyecto determina que se deben reformar los artículos 106, 107 y 108 (régimen municipal) a criterio de la convención reformadora, aunque en su texto el gobierno establece dos pautas: la paridad de género para los comicios municipales y el mandato de cuatro años para las comisiones comunales.
Sobre la composición de la Cámara de Diputados, la Constitución vigente le otorga 28 bancas al partido que gana la elección y reparte las 22 bancas restantes según el sistema D’Hondt (proporcional a la cantidad de votos de cada partido). El nuevo texto deja de lado la mayoría automática y propone repartir las 50 bancas a través del sistema D’Hondt. Además, busca ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
El proyecto del gobierno establece una serie de cambios y de nuevas figuras vinculadas a las instituciones de la provincia. Entre ellos, la propuesta de lograr una composición impar de la Corte Suprema de la provincia, que hoy está integrada por seis miembros. También le otorga rango constitucional a la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de la Defensa Penal.
En otro punto, se propone un cambio sustancial para la designación del jefe de la Policía. Hoy es una potestad exclusiva del gobernador; el nuevo proyecto establece que deberá ser votado por la asamblea legislativa, que componen la totalidad de los senadores y diputados provinciales.
La iniciativa fija criterios de progresividad en materia impositiva. Y determina que las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del sector público seguirán bajo la órbita de la Caja de Jubilaciones de la provincia con “carácter intransferible”.
También se apunta a la incorporación, con rango constitucional, de las convenciones internacionales ratificadas por la Argentina en la reforma de 1994. Y se propone establecer la neutralidad religiosa del Estado provincial.
La alternativa 2020
Apenas una semana después de la presentación de la iniciativa del Ejecutivo, el diputado del PJ Luis Rubeo ingresó a la Legislatura su propio proyecto de reforma constitucional. El legislador opositor remarcó “la necesidad del Poder Legislativo de hacer un buen uso de los tiempos a fin dar curso a una genuina reforma que no responda a intereses personales o partidarios, sino a las necesidades de todas y todos los santafesinos”. En otras palabras: sí a la reforma, pero no a la reelección de Lifschitz.
La iniciativa de Rubeo propone que los constituyentes sean elegidos el mismo día en que se realicen las próximas elecciones generales (junio de 2019) y que la convención reformadora sesione a partir del 1º de marzo de 2020 por un plazo de 120 días. Rubeo respeta la premisa de no mezclar la reforma con las elecciones, pero posterga los plazos para que ese debate se realice luego del cambio de gestión.
“Está claro que este intento llevado adelante por el gobernador Lifschitz no ha logrado los acuerdos políticos necesarios para su viabilidad”, evaluó el legislador opositor. “Esta iniciativa enviada a la Legislatura por un gobernador que ve finalizar su mandato lleva consigo el germen de la reelección, que ya ha hecho quedar en el camino a numerosos intentos previos”.
No hay dos sin tres
También diputado Héctor Cavallero ingresó a la Legislatura un proyecto que, a diferencia del que envió el gobierno, propone una reforma total y no parcial de la Constitución santafesina. Según Cavallero, no hay tiempo para una reforma durante 2018. Por lo cual, el tema debería discutirse recién en 2020, año no electoral. Entre tanto, el diputado opositor propone la conformación de una comisión para la elaboración del ante proyecto que funcione en los 19 departamentos de la provincia.
“Estamos de acuerdo con la reforma, pero no con la reelección del gobernador”, resumió Cavallero. “La reforma que plantea Lifschitz tiene como principal objetivo incumplir la Constitución por la cual juró. La Constitución actual no lo habilita para un período más. Y eso es lo que ha priorizado”.
El diputado provincial dijo además: “Nosotros estamos de acuerdo con la reforma, pero debe discutirse con todas las fuerzas vivas desde el norte provincial hasta el sur, que participe todo el mundo, y luego reunir a las cámaras. Con lo cual los tiempos no dan para hacer la reforma este año”.
El proyecto de Cavallero establece que la Legislatura declare la “necesaria la reforma total de la Constitución provincial”, para lo cual propone la creación de una comisión para la elaboración de “los puntos de acuerdo ciudadano”. Esa comisión será integrada por todos los partidos políticos con reconocimiento vigente en los 19 departamentos, y de allí surgirán los puntos a introducir en la reforma.
Según los plazos del proyecto de Cavallero, recién en 2020 podría elegirse la Convención Constituyente encargada de la reforma. La elección de los 69 convencionales se realizaría con el sistema de primarias y generales y no de una sola vez como pretende el Ejecutivo.
El proyecto de Igualdad
Por último, el mismo miércoles 23 se presentó el cuarto proyecto de reforma firmado por los integrantes del interbloque Igualdad: Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger, Carlos Del Frade y Mercedes Meier.
Ellos proponen una reforma completa bajo el argumento de que “las reformas parciales no implican una verdadera redistribución del poder provincial, ni del político ni mucho menos del fáctico”.
La iniciativa establece expresamente que “la Convención Reformadora es soberana para decidir los temas y contenidos a incorporar” y que Poder Ejecutivo “deberá convocar a elecciones para elegir convencionales constituyentes en la misma fecha de las elecciones provinciales de 2019, en un mismo acto eleccionario”.
Los diputados de Igualdad señalaron que “es preciso incorporar al debate sobre la reforma constitucional los temas que hoy movilizan a la ciudadanía: la seguridad, contemplando la organización de la Policía y la Justicia, además de los organismos de control para el seguimiento de las inversiones financieras e inmobiliarias y el combate a la corrupción; y los servicios públicos y su forma de regulación y la participación de los usuarios”. Y también “las garantías para la igualdad efectiva de mujeres y varones; las garantías para la no discriminación por orientación sexual, identidad de género, origen étnico, por edad, por creencias o ideología, por condición social”.
