El experimento político en vivo de una década que bailó al compás del Frente Progresista.

En la provincia de Santa Fe, la década 2008-2018 está signada por los gobiernos del Frente Progresista y su contraste con la etapa anterior. Desde la recuperación de la democracia, el PJ gobernó 24 años seguidos; la llegada del socialismo y sus aliados a la Casa Gris fue la gran novedad política del nuevo siglo. Transcurridas casi tres gestiones, el balance arroja aciertos y errores.

De entrada, el Frente Progresista impulsó una reforma del Estado con descentralización, nuevas estructuras y ministerios y un estilo de gestión basado en la experiencia del municipio rosarino que no siempre se pudo trasladar con eficacia a la provincia. El eje estuvo puesto en educación, salud y cultura.

En las grandes ciudades, el gobierno socialista apostó a la inversión social en los barrios más postergados. Con distintos nombres (Plan Abre, Acuerdo Capital, Abre Familia), los gobiernos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz buscaron incidir sobre las decisiones locales impulsando inversiones en infraestructura. Trasladado al plano provincial, se puede observar la misma decisión política en el norte –con millonarias obras de infraestructura en marcha– respecto de la zona sur, históricamente beneficiada por los distintos gobiernos a partir del fuerte impacto económico de sus sectores productivos.

El Frente Progresista –y en especial el socialismo, que poco y nada abrió el juego a sus aliados– hizo bandera de la inclusión y la equidad. Sobre la primera ha avanzado a partir de las políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables. La segunda sigue siendo una deuda. Ese discurso –y en definitiva, el proyecto político– no fue homogéneo entre el socialismo y sus aliados; de allí el desbande por derecha (la UCR macrista) y por izquierda (el socialismo de Giustiniani).

La equidad es una materia pendiente, sobre todo, porque fue uno de los compromisos más difíciles que asumieron –sin diferenciarse– los tres gobernadores socialistas. Aunque exhibe mejores índices sociales que la mayoría de las provincias, Santa Fe sigue siendo tierra de contrastes. Esas mejoras obedecen más al crecimiento general de la economía que a una redistribución política de los recursos.

Binner intentó una reforma tributaria progresiva que fue abortada por el Senado; Bonfatti y Lifschitz solo retocaron impuestos sin modificar la estructura de recaudación. Las exenciones de Reutemann y Mercier siguen vigentes. Los sectores más poderosos de la economía –el complejo agroexportador y, hasta 2015, la industria– facturan en dólares y tributan en pesos porcentajes que son una burla al lado de lo que paga un kiosquero.

Entre 2008 y 2018 el presupuesto público provincial pasó de 11.900 millones a 191.000 millones de pesos: un aumento del 1600%. En los momentos de bonanza y boom de la soja, la oposición pedía mayor austeridad; ahora, en plena retracción de la economía, el desafío pasa por una mayor eficacia en el uso de los recursos.

Otro dilema que nunca pudo resolver el Frente Progresista fue la relación con la Nación. Durante el kirchnerismo se “acusó” al socialismo de supuestos pactos de mutua conveniencia; la provincia perdió feo en el reparto de obras y recursos y los distintos gobiernos –de Binner a Lifschitz– nunca dejaron de remarcarlo. Con Cambiemos la cosa es igual o peor, porque el ninguneo político se produce en un marco de crisis económica. Si el macrismo no buscó saldar la deuda de la Nación con la provincia en los primeros dos años de gestión, cuando había margen de regateo, ¿por qué iba a hacerlo en 2018? Para la Casa Gris, con Cambiemos no cambió nada.

Las reformas económicas son una de las deudas; la otra es la seguridad. El Frente Progresista llegó al poder con el lema de los “buenos tiempos”. En 2007 era una propuesta posible: la provincia atravesaba su primera crisis severa de seguridad, con índices record de homicidios en Santa Fe y Rosario, y además nuestra ciudad salía de la segunda gran inundación en cuatro años. A Binner le rindió el slogan, ante un PJ que lucía tan agotado en la provincia como fortalecido en la Nación. Diez años después, esa promesa le quedó grande al socialismo.

En 2011 y en 2015 el proyecto político nacido en Rosario logró ser reelegido. Cada vez por menos margen. Y el tablero nacional cambió. Aunque Bonfatti fue el candidato más votado en 2015 –como diputado–, el gobernador Lifschitz es quien acumula mejores números en las encuestas. El socialismo mira a 2019 con un ojo en Cambiemos y el otro en el PJ. Lifschitz busca la reforma constitucional porque sabe que puede lograr la reelección; Bonfatti otea desde el costado porque todos lo van a nominar como candidato cuando el proyecto de reforma se postergue.

¿Alcanzarán los acueductos, las escuelas, los hospitales para que la ciudadanía le otorgue un cuarto período al socialismo? Pronto lo sabremos.

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