La media sanción en la provincia se da en el marco del debate nacional por el aborto legal.
“Es necesario impulsar una educación sexual integral”. La frase no la dijo un diputado o diputada, ni una feminista o alguna figura pública de renombre por estos días. La frase fue dicha el pasado 15 de abril, durante la misa central de la Fiesta de Guadalupe, por el hoy ex arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo.
Sí, la jerarquía de la Iglesia Católica, ante el comienzo de las exposiciones y el debate sobre la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso, agitaba las banderas de la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta necesaria para no llegar a un aborto.
Por más extraño que parezca, hasta ahí, tanto Arancedo como el movimiento feminista estaban de acuerdo. “Educación sexual para decidir” es el primer lema de la Campaña por el Derecho al Aborto, Seguro y Gratuito, al que lo siguen “anticonceptivos para no abortar” y “aborto legal para no morir”. En estos otros, claro, las aguas ya se dividen.
Gran parte del sector anti legalización utilizó durante estos meses la educación sexual como el caballito de batalla con el cual oponerse pero “proponiendo” algo, olvidando o desconociendo que la ley de ESI a nivel nacional existe desde 2006, que en el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que obtuvo media sanción también está contemplada y que desde hace dos años se está intentando sancionar una normativa provincial que refuerce y ponga en valor el trabajo que vienen realizando los equipos locales. Más que preocupaciones genuinas parecen, entonces, maniobras distractivas.
Ley de refuerzo
En 2006 se sancionó en el país la ley 26.150 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, según la cual “establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada”, en todo el país.
Pero esta ley tuvo una aplicación dispar, discrecional o nula, según los casos. Santa Fe es una de las pocas provincias que, tal como lo indica la normativa, asumió la responsabilidad de incorporar la ESI a sus sistemas educativos, desde el nivel inicial hasta el superior, creando en 2008 el programa “De ESI se habla”, con un equipo de profesionales que coordinan y diagraman la formación a docentes en servicio y la incorporación de la ESI en la currícula de los profesorados.
Pero tal como le comentaba a Pausa, el año pasado, la coordinadora del programa provincial, Fernanda Pagura, “esto no es lineal ni es una ecuación matemática. A las escuelas se las invita, envían a los docentes que eligen según sus propios mecanismos, y luego las instituciones asumen una responsabilidad de ir incorporando la ESI en sus currículas, en sus aulas, pero esto ocurre de maneras diversas, y en algunas directamente no ocurre. Hay escuelas que deciden no capacitarse”.
Pagura también afirmaba, en ese momento, que habiendo pasado más de una década desde la sanción de la ley nacional, ya era momento de pasar de las dudas y cuestionamientos que docentes y establecimientos educativos pudieran tener sobre los contenidos y la aplicación de la misma, a la efectiva aplicación de la normativa. “Ya dimos un tiempo como para que esto pueda decantar, que se reconozca el derecho del estudiantado, ahora las escuelas ya tienen que estar trabajando fuertemente en la temática”, indicaba.
En esa búsqueda, y para dar sustento al trabajo que el equipo de ESI viene realizando desde 2009, es que está en tratamiento una ley provincial por el que, el mismo día en el cual la Cámara de Diputados de la Nación dió media sanción al proyecto de IVE, legisladores locales hacían lo propio con la normativa de ESI. “La gran movilización de ese día en las calles, junto con la media sanción, incidió para que la Legislatura diera curso a ley de ESI” dice el diputado Paco Garibaldi, autor del proyecto. “Incluso quienes hasta hace poco, antes de estas enormes movilizaciones que vienen desde hace muchos años pero que tomaron más fuerza este último tiempo, se oponían a la ESI, hoy la defienden y plantean que es necesaria, con lo cual creo que se dio un paso adelante en el debate social. Eso lleva a garantizar más derechos”.
La ley nacional fue sancionada con anterioridad a leyes trascendentales en este ámbito, como las de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Nº 26.485), de Matrimonio Igualitario (Nº 26.218) e Identidad de Género (Nº 26.743), entre otras, por lo que la normativa provincial busca incorporar esta mirada desde el género y la diversidad para reforzar una educación libre de discriminaciones y estereotipos.
El proyecto en tratamiento prevé la creación de un Consejo Asesor de Educación Sexual Integral, el cual será presidido por el Ministerio de Educación y estará compuesto por representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia, universidades, gremios docentes y organizaciones sociales que trabajen con la temática, en clave de derechos humanos. Las funciones de este Consejo son asesorar sobre las líneas de acción para la implementación de la ley, monitorear y evaluar el desarrollo de dichas líneas y proponer estrategias de actuación en caso de detectarse situaciones de incumplimiento de la misma.
Respecto de la necesidad de controlar y hacer cumplir la ley en todos los colegios, algo que hasta hoy no sucede, Garibaldi indicó: “En muchas provincias se desarmaron los equipos de ESI, con lo cual se produjo un retroceso en la implementación. Aunque eso no sucede en Santa Fe, porque de hecho en el último acta 
paritaria está en discusión la efectivización de las y los trabajadores del equipo, hay muchos docentes que han recibido las capacitaciones pero eso luego no llega a los estudiantes, con lo cual ahí sí hace falta mayor control e implementación de la ley, por eso incorporamos al proyecto el Consejo Asesor para velar que se cumpla como corresponde”. Para el diputado, la instalación del tema en la escena pública y los reclamos que las y los estudiantes hacen al respecto, serán también un garante de la aplicación. “El marco legal es necesario y creo que con eso vamos a dar un paso importante, pero creo, además, que todo ello es al calor de los debates y movilizaciones del movimiento feminista, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”.
—¿Cuáles son las expectativas de que el Senado trate y apruebe esta ley?
—Tenemos muchas expectativas, porque el tema está en la agenda pública, porque se logró instalar, hay mucho más consenso que hace poco tiempo atrás. Pero, además, porque el mismo día de la sanción, entró en el Senado un proyecto de ESI similar al nuestro, presentado por Armando Traferri, senador justicialista, que es el bloque mayoritario, por lo cual creo que este año tiene que haber ley de ESI en Santa Fe.
Ni educación ni anticoncepción
Aunque hoy las y los antiabortistas hablan de la necesidad de educación y anticonceptivos para no llegar al aborto, la realidad es que desde el comienzo de la gestión de Cambiemos a nivel nacional –que aportó la mayor cantidad de votos en contra de la legalización del aborto–, ambos programas, el de ESI y el de Salud Sexual y Procreación Responsable, que reparte gratuitamente anticonceptivos, han sufrido recortes y vaciamientos.
Este año la ESI cuenta con menos del 40% de los recursos que tenía en 2015, en precios corrientes, según calculó el Instituto Marina Vitte, de la CTERA, con datos del Ministerio de Educación y del Jefe de Gabinete.
En diciembre de 2015, además, se realizó la última entrega de materiales desde Nación para que las provincias realicen las capacitaciones, instancias estas últimas que se redujeron significativamente: entre 2012 y 2015 participaron de estas jornadas unas 115 mil docentes. Desde 2016 hasta la fecha lo han hecho unas 3500. Durante la gestión anterior 44 mil escuelas participaron de capacitaciones, desde la gestión de Cambiemos han sido apenas 600.
Por su parte, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo en 2016 una subejecución de los tratamientos: tenía previsto distribuir 27 millones de anticonceptivos y solo se pusieron en circulación 12,1 millones, de acuerdo con el mismo monitoreo. Según indicó la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, “recién durante 2018, luego de que se anunció que se debatiría el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se agregaron más fondos al programa”. Bienvenidos sean, aun cuando su causa, en el fondo, no sea sincera.
Para decidir
Uno de los lemas de la Campaña por el Aborto Legal tuvo, finalmente, su lugar en la redacción final del proyecto de ley que logró media sanción del Congreso. Una de las incorporaciones que se le hizo al proyecto original fue, justamente, la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de las Normativas sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual. Según lo estipulado en la normativa, sus funciones serán recibir denuncias de miembros de la comunidad educativa “sobre la falta u obstrucción de la aplicación” de esas leyes, así como solicitar informes respecto de la implementación de las mismas, entre otras.
