Mabel Busaniche, una de las fundadoras de la ONG Acción Educativa y quien armó y organizó el equipo de Educación Sexual Integral de la provincia, junto a Fernanda Pagura, expuso hoy en el Senado la experiencia de implementación de la ESI en Santa Fe, en el marco del debate por la sanción definitiva de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Aquí el texto y video de su intervención:
Agradezco la oportunidad que me han dado para poder tener estos momentos de reflexión sobre la ley que se está debatiendo. Me parece sumamente importante conversar estos minutos sobre el TÍTULO III de la ley que nos convoca, dado que el artículo 19 se refiere a políticas de salud sexual y reproductiva, y Educación Sexual Integral (ESI).
¿Por qué es importante esta ley que nos convoca? Porque deja en evidencia que esta ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene a completar el marco legal desplegado en las leyes 25673, de Salud Sexual y Reproductiva; 26061, de Protección Integral a las niñas, niños y adolescentes; 26150, de Educación Sexual Integral; y 25485, de Protección integral a las Mujeres.
En este sentido, nos parece importante destacar lo reiterado de la reivindicación de la ESI en los debates generados tanto a nivel legislativo como en la sociedad civil, y entre las y los jóvenes que la demandan en las escuelas. Donde aparentemente existe un acuerdo generalizado en relación a la importancia de su implementación, a pesar de lo cual es dispar la concepción en torno a lo que es la ESI y los contenidos a abordar -que en muchos casos no responden al marco normativo.
Queremos mencionar también que ante el desmantelamiento del equipo nacional, que respaldaba y nutría con materiales y capacitación a muchas provincias, vemos con preocupación la discontinuidad de esta propuesta en el tiempo y su garantía más allá de las contingencias políticas. Rescatando que el sostenimiento de esta propuesta a nivel nacional viene dándose principalmente a partir del interés y movilización de algunos establecimientos educativos y de grupos puntuales de la docencia y el alumnado, a quienes es necesario seguir acompañando.
Por todo esto, quisiéramos aprovechar la oportunidad para compartir algunos resultados del trabajo que venimos desarrollando desde hace diez años en la provincia de Santa Fe, donde ya tenemos media sanción para la ley de ESI que en estos momentos se está tratando en el Senado.
Asimismo vale resaltar que el Ministerio de Salud adhiere desde el año 2012 al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, y provee desde el 2013 de Misoprostol en el sistema público -cuya producción ya está en desarrollo desde el LIF, que es el laboratorio provincial de medicamentos en nuestra provincia.
En Santa Fe una provincia con realidades totalmente diferentes, donde se repiten las asimetrías norte-sur que se ven a nivel nacional; en todas las instituciones de los diferentes niveles y modalidades se ha facilitado el acceso a capacitaciones sobre el tema. Realizadas en diversos formatos (presenciales, semipresenciales y virtuales) y orientadas tanto al personal docente como al directivo y de supervisión. Garantizando además el acompañamiento ante situaciones problemáticas puntuales, tanto desde el equipo ESI como desde los equipos socioeducativos y programas afines del Ministerio de Educación.
La ESI se implementa en todos los niveles del sistema educativo provincial. Históricamente, la educación sexual se circunscribía al nivel secundario, limitándose al despliegue de contenidos de las Ciencias Biológicas (genitalidad, prevención de ITS y embarazo).
A diferencia de las propuestas de educación sexual “bancaria” y racionalista, o aquellas de corte moralista, la educación sexual que asumimos desde la provincia es integral ya que considera los presupuestos de la ley. En este sentido, la pensamos como un proceso que en cuanto tal requiere continuidad en el tiempo, tanto en la capacitación docente como en la formación del alumnado, y en el relacionamiento con las familias.
La ESI está sostenida en dos grandes pilares. Por un lado, la perspectiva de derechos, que entiende a la persona como autónoma en la toma de decisiones. Y, por otro, la de género, que considera las asimetrías de poder fundadas en las diferencias sexuales, y su articulación con aquellas de clase, etnia, diversidad funcional, sexualidades disidentes y otras. Involucrando de manera transversal a todas las áreas institucionales y disciplinares, para dar respuesta a su complejidad.
Al abordar la ESI desde esas perspectivas, el cuerpo deja de ser definido desde una única mirada disciplinar para plantearse como una construcción entre lo individual y lo social, entre el derecho a decidir y los mandatos que la sociedad patriarcal nos ha impuesto.
Los cuerpos –de docentes, de estudiantes- son cuerpos sexuados (de mujeres, de varones, de personas trans e intersex) y entran a la escena pedagógica desde el reconocimiento y la celebración de las diferencias. Se fisura la mirada de riesgo, de prevención, vinculada con mitos, prejuicios y estereotipos, para gestar una perspectiva de la promoción de derechos sobre el cuerpo, desde el disfrute y el placer.
Para muchas personas, el cuerpo es el lugar de sufrimiento, de sometimiento y dominación, pero desde la perspectiva de la ESI, el cuerpo es ante todo el territorio de soberanía del sujeto, reconociéndola como una dimensión de la ciudadanía. Por eso desde las escuelas invitamos a visibilizar las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, como también a dotar de herramientas para acompañar en la activación del sistema de protección.
Pretendemos una educación sexual integral que permita a las personas tomar decisiones responsables sobre su sexualidad: para saber decir no ante el abuso, el acoso y la coerción desde la infancia, reconociendo al cuerpo como un territorio personalísimo, sobre el cual sólo el sujeto puede tomar decisiones.
La escuela suele generar continuidades en la reproducción del sexismo, la homofobia y las discriminaciones que se dan en la sociedad. Si bien, las transformaciones culturales no pueden llevarse a cabo desde la escuela en forma aislada; sí puede tornarse como una institución que rompe con el status quo.
Con estas consideraciones, y a partir de nuestra experiencia, nos preguntamos en qué tipo de educación sexual estamos pensando cuando la proponemos como alternativa necesaria a la interrupción voluntaria del embarazo. Ya que esta decisión parte del ejercicio de la soberanía corporal de las personas con capacidad de gestar, exige su empoderamiento y el reconocimiento de un proyecto de vida dentro del cual está contemplada la opción.
Por otra parte, la gestación no deseada profundiza las situaciones de desamparo vinculadas a la pobreza, la violencia y otras condiciones de vulnerabilidad, recortando la autonomía e incrementando la inequidad y desigualdad asociadas al género. Circunstancias contempladas en las cuatro leyes mencionadas al inicio.
Consideramos por lo tanto, que una educación sexual biologicista acotada a la genitalidad, que no contemple la perspectiva de género y derechos, no sólo es limitada al momento de abordar la complejidad de la decisión de interrumpir una gestación no deseada. Sino que, al invisibilizarla, tiende a reproducir las condiciones que la generan.
Por último, queremos destacar fundamentalmente el artículo 20 de la ley donde se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa sobre salud reproductiva y educación sexual. Ya que consideramos necesario garantizar la continuidad y adecuada implementación de un marco legal que nos asegure no sólo la educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar, sino también aborto legal para no morir.
Que sea ley.
