Por decreto, el gobierno dio de baja los convenios con las universidades y avanzó en otros ajustes en línea con los pedidos del FMI.

El gobierno nacional continúa con el ajuste hacia la universidad pública, en el marco de los recortes que ahora también exige el FMI. A través del decreto 632/2018 firmado por el presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda y Finanzas) y Andrés Ibarra (Modernización), se le pondrá fin a los convenios de asistencia técnica con la universidad que todavía estén activos en 2018 y se prohibirá la celebración de cualquier convenio, a partir del 1ª de enero de 2019. La justificación de este recorte no tiene nada que ver con la calidad técnica de los servicios ofrecidos en los convenios, sino meramente con la “reducción del gasto público”.

Así lo expresa el decreto en los considerandos: “a fin de contribuir con la reducción del gasto público se considera necesario prohibir la celebración de nuevos convenios de Servicios de Asistencia Técnica” entre el Ejecutivo Nacional y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública.

Cabe destacar que apenas asumió Cambiemos en la Nación, hubo un fuerte recorte de estos convenios, que finalmente se normalizaron con el decreto 336 de febrero de 2016. El nuevo decreto 632, justamente, le pone fin a esos convenios antes avalados y cualquier otro que se pueda imaginar: no se podrán celebrar “nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales” entre personal de la academia y el Estado nacional.

La respuesta sindical

Luego de conocer la sanción del decreto, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) se manifestó a través de su secretario general, Sergio Rómero, que denunció la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales debido a los incumplimientos presupuestarios. También afirmó: “Los docentes están viendo seriamente afectada su subsistencia y su manutención, ya que siguen percibiendo salarios de 2017. Con la inflación galopante que hay, esto es inaceptable”.

Romero calificó como inaceptable que ninguna propuesta del gobierno nacional haya superado el 15% de aumento salarial, cuando se calcula que la inflación proyectada para el año en curso, como mínimo, va a ser del 27%.

“Exigimos la rápida reposición de las partidas presupuestarias pertenecientes a las universidades nacionales”, remarcó Romero, y adelantó que la UDA realizará un paro nacional luego del receso invernal, en coincidencia con el resto de los gremios universitarios.

Los otros recortes

Con los ajustes que acompañan al cese de los convenios con la universidad pública, el gobierno pretende reducir el gasto del Estado en 20.000 millones de pesos. El decreto congelará hasta el 31 de diciembre de 2019, las contrataciones y designaciones de personal de planta del Estado Nacional, salvo en Inteligencia, la AFIP, el Servicio Penitenciario, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y las Universidades Nacionales. Además la norma prohíbe la instrumentación de nuevos bonos, premios, incentivos o suplementos. Los organismos estatales deberán reducir en un 30% los gastos en movilidad y viáticos. Por otro lado, el decreto expresa que solo las autoridades de nivel Ministro o superior podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva. En este sentido, los organismos deberán achicar sus gastos en un 30% sus viáticos. También, el decreto obliga a suspender la compra o alquiler de nuevos vehículos oficiales.

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