Mientras los voceros del gobierno se empeñan en decir que no hay ajuste presupuestario en la universidad y que la crisis es sólo una cuestión salarial, los datos duros –y la voz de los rectores– los desmienten.
En días recientes, distintos integrantes de Cambiemos y medios gubernamentales –con el ex rector de la UNL, ex secretario de Políticas Universitarias y diputado nacional por Santa Fe, Albor Cantard, a la cabeza– insisten en que las medidas de fuerza de estudiantes y docentes universitarios son sólo por razones salariales, no presupuestarias.
Para Albor Cantard la cantidad de docentes universitarios es exagerada
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, entidad encargada de analizar el presupuesto nacional y también cómo se va ejecutando, al 5 de agosto de este año el Ejecutivo había efectuado transferencias para gastos corrientes de las universidades por 57.875 millones de pesos, sobre un total de 103.942 millones presupuestado en el año. Es el 55,6% de dinero anual, no es una mala proporción si se considera que a fin de julio la ejecución tendría que ser del 58,3%.
Sin embargo, en las transferencias para gastos de capital se ve el impacto duro del ajuste y los famosos tres mil millones de pesos de recorte que unilateralmente impuso el gobierno y comunicó al pleno de rectores la secretaria de Políticas Universitarias Danya Tavela, a fines de marzo. Las universidades disponían para invertir y crecer en infraestructura de 3703 millones de pesos, según el presupuesto 2018; el gobierno les transfirió a la fecha 325 millones, apenas el 8,7%.
El daño al desarrollo de las universidades no es una novedad en la era Cambiemos. Entre 2016 y la actualidad se presupuestaron para infraestructura y equipos, gastos de capital, 5653 millones de pesos pero se devengaron sólo 3165 millones, el 55%. La comparación de ese ciclo corto de fuerte subejecución presupuestaria con la creación de 17 universidades nuevas en el período 2003-2015 no merece calificativo.
Por otra parte, en diálogo con Pausa, Enrique Mammarella, el rector de la UNL, reconoció los problemas presupuestarios y salariales del sistema universitario: “Nosotros recibimos todas las cuotas a tiempo para pagar los salarios, pero lo último que recibimos para gastos de funcionamiento fue en mayo. Esos meses de atraso son normales, nuestro funcionamiento no está complicado, pero en la medida en que aumentan los servicios, los pasajes, los alquileres, el tipo de cambio, claramente nos ajustamos cada vez más y tenemos menos posibilidades de seguir evolucionando. El resto de las universidades también está en la misma situación”.
Previendo los recortes, la UNL tomó a comienzos del año la decisión de no empezar obras nuevas. “Tenemos una obra parada, tendría que haber empezado este año, un aulario en Ciudad Universitaria. En todo el sistema universitario a través del CIN se hizo un análisis de la situación general y todas las obras que estaban ejecución continúan en ejecución, si bien con demoras. Muy pocas están paradas. Pero todas las obras que estaban por licitarse, o licitadas y sin comienzo de ejecución, están todas paradas”.
