Van casi cuatro semanas de paro por tiempo indeterminado. El gobierno responde con una magra oferta salarial, recorte y subejecución del presupuesto. Cómo seguirá el conflicto.
El tipo que te arranca las muelas, la vieja galerita que le da historia a tus retoños, la contadora que te hace zafar de la AFIP y el abogado que te sirve para no indemnizar a tus empleados en negro, el arquitecto que te puso ese techo verde tan chic, el sociólogo que le arruinó la cabeza al mayor y la cirujana que le arregló su rodilla de rugbier; la universidad pública produce especialistas para todo uso. Pero los salarios de buena parte de los trabajadores que forman a esos profesionales que mueven las poleas básicas del funcionamiento social están rozando la línea de la pobreza.
La era Cambiemos pegó duro en el bolsillo de la docencia universitaria y preuniversitaria, tanto como en el presupuesto para que las universidades crezcan (ver aparte). En 2016 el aumento salarial se firmó el 19 mayo por el 31%. Conaduh, la federación en la que se inserta el sindicato de la UNL, Adul, no dio su acuerdo pero, de todos modos, esa fue la cifra. La inflación ese año superó el 40%. En 2017 hubo un empate: el acuerdo salarial se cerró el 11 de julio con subas que fueron del 25% al 26,45%, con cláusula gatillo y todo. El Indec marcó un alza de precios del 24,8% en el año, aunque la ponderación real de los tarifazos no está incluida.
En 2018 la primera reunión paritaria fue el 12 de marzo, no hubo oferta oficial. Recién el 23 de abril la Secretaría de Políticas Universitarias hizo una propuesta: 2% de aumento en abril, 2% en junio, 5% en agosto y 6% en diciembre, sin cláusula gatillo. Desde entonces, el gobierno no se movió ni un centímetro en cada reunión de negociación. Apenas cambió la cantidad de cuotas. El rechazo de los sindicatos fue unánime.
En mayo se convocó a una nueva mesa de negociación, luego vino un largo silencio. Apremiados, los sindicatos anunciaron el 6 de julio que el 6 de agosto iniciarían un paro total e indeterminado. Le dieron una oportunidad al gobierno, el silencio continuó. Así, el 6 de agosto comenzó una histórica medida de fuerza, que ya lleva casi cuatro semanas y que promete continuar cada vez con mayor adhesión.
El tamaño exacto del recorte presupuestario en la universidad
Y se pudrió
El gobierno está pagando a cuenta del aumento que se pacte (o no) una suba que alcanzará el 10,8% en agosto. Primero se impuso un 5% en junio, luego un 5,8% en agosto. Previamente, en abril se había activado la cláusula gatillo con una suba del 2,77%, pero no sobre el último salario –como corresponde– sino sobre el sueldo inicial de 2017. En un comunicado reciente consideró la cartera educativa nacional que la suma total de las subas empata la inflación, ultrajando la aritmética simple. El cálculo concreto muestra que el aumento de agosto para el cargo más alto –Titular con dedicación exclusiva– representa $1937 más por mes, un tanque de nafta de la buena. Peor es la situación en el cargo más común de la universidad, un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial: un aumento del 5,8% son $655, o cinco kilos de carne.
Otra vez más el gobierno le ofreció 15% a los docentes universitarios
Para la secretaria general de Adul, Mariana Carminatti, acaso la contumacia del gobierno explique los altísimos niveles de adhesión –incluso en unidades académicas como Jurídicas y Sociales– a la extraordinaria medida de fuerza que se está llevando adelante. Considera la dirigente que nunca se vio un ajuste tan fuerte como el actual. “Se está entendiendo a fuerza de bolsillo que lo que el gobierno está haciendo es una barbaridad”, dice. Las palabras resaltan, hasta los más carneros están parando.
“Aún si cobráramos hoy el 15%, sin cláusula gatillo no nos alcanza. Siempre la inflación está por encima de lo que nos van a pagar”, explica. Y apunta a los rectores: “Necesitamos que haya una definición, saber si están de acuerdo con lo que estamos pidiendo todas las federaciones. Necesitamos que lo digan, porque los rectores tienen parte en la paritaria. La mesa de negociación salarial tiene tres partes: la Secretaría de Políticas Universitarias, los rectores con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los docentes universitarios y pre universitarios. Los rectores pueden decir que no tienen poder para definir el monto del aumento, pero lo que no pueden hacer es ratificar acuerdos que son por debajo de la inflación, recortes en definitiva”.
Conaduh pide por un inmediato aumento del 30% del salario y por la devolución del dinero recortado del presupuesto. El horizonte: una masiva movilización de la educación superior toda el 30 de agosto, en Buenos Aires.
De acuerdo, pero...
Sobre todo por las fuerzas de izquierda, independientes y peronistas, el reclamo va tomando cuerpo entre el estudiantado, pese al fuerte alineamiento con Cambiemos de la agrupación con más peso en la región y el país: los radicales de Franja Morada. Al momento, a nivel local se han opuesto a todas las tomas de facultades (son tres: Humanidades, Arquitectura y Música, que conviven en un mismo bloque de Ciudad Universitaria).
De esa agrupación es el presidente de la Federación Universitaria del Litoral, Guillermo Ferrero, que analiza el ajuste con este vocabulario: “El país se está reestructurando pero no está siendo discutido el cómo. Eso afecta fuertemente todo el sistema. Estaría bueno que entre todos consensuemos cuáles son los esfuerzos”. Sobre los paros, considera: “Tenemos que ser solidarios entre todos los estamentos y tratar de mantener viva lo más que se pueda la universidad. En la medida que paremos todos, le vamos a hacer el caldo gordo no a la defensa de la educación pública, sino que vamos a agotar el recurso que es el estudio, que nuestros compañeros puedan cursar. Si todos paramos, es lo que más va a perjudicar la educación pública”. Y repitió el concepto: “Necesitamos visibilizar el conflicto pero no parando. Entendemos la situación, la oferta salarial es una provocación, pero la no toma de exámenes… tengo compañeros a los que represento, cuyas familias hacen un esfuerzo muy grande y no tomarles exámenes en un turno es que pierdan todo un cuatrimestre. Es un problema muy grande. Compartimos la lucha, tenemos que pensar en un mejor salario docente, pero también tenemos que pensar en el esfuerzo que hacen esas familias para enviar un estudiante del interior”.
Esa vigilia de la que vas a seguir hablando dentro de 20 años
Ferrero reconoce que “claramente no es una prioridad para el gobierno las universidades”. “Hemos tenido un ministro de Educación, Esteban Bullrich, planteando si tenía que volver la educación religiosa, más los dichos de María Eugenia Vidal. Uno sospecha de sectores dentro de Cambiemos, sobre los que somos muy críticos de cómo están llevando las políticas educativas”, analiza casi como participante del oficialismo.
Durante la vigilia realizada en Rectorado, una de las movilizaciones estudiantiles más importantes en más de una década, Ferrero sufrió la rechifla de los estudiantes presentes. En la perspectiva, parecen verdaderos revolucionarios los estudiantes radicales que se opusieron a la Ley de Educación Superior del menemismo y al ajuste de la Alianza en 2001, provocando la salida del ministro de Economía Ricardo López Murphy, si bien aquellos luchadores estudiantiles de entonces son hoy el brazo más PRO del radicalismo.
Razón y libertad
La universidad define cómo tratamos los temas más complejos de nuestras comunidades, desde la locura y sus pastillas hasta los puentes para hacer viajar la soja. Condensa míticos sueños argentinos de ascenso social y atávicos temores a las nuevas ideas y libertades, como esas que cocinan las ciencias sociales.
Las características de la universidad argentina son muy difíciles de encontrar en el mundo. La formación y la investigación son de punta, en la comparación internacional, pero además es gratis e irrestricta en su ingreso. Su estructura es una realización del mandato humanista moderno.
El desprecio de Cambiemos por lo público en general es constante desde aquella declaración sobre la “grasa militante” del ex ministro Alfonso Prat Gay hasta el ajuste salvaje que se desató a partir de nuestro descenso a Virreinato del FMI. Pero el ataque oficial a la producción pública de conocimiento es otra cosa. Cambiemos afectó no sólo a las universidades sino también al Conicet, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, al INTI, al INTA y a todo organismo de control técnico, como el Senasa.
Coyunturalmente, el gobierno puede estar rascando la olla para achicar el déficit fiscal, como hace con el parate de la obra pública o la disolución del Fondo Soja. Como estrategia, quizá busque restringir el ingreso –para justificar menor presupuesto– o arancelar la permanencia. Pero en su sustancia, el ataque central va a dirigido a algo más sustantivo. Separar al Estado del conocimiento científico es suicida, no importa cuál sea el modelo capitalista que se defienda ni el tipo de relación colonial que se asuma con cualquiera de las grandes potencias del mundo. Son los Estados, siempre y en todos los casos, los principales promotores de la ciencia y la técnica. Y gracias a la crítica racional pública los Estados pueden avanzar en ser más abiertos, más democráticos, más plurales y más equitativos e igualitarios. Esos valores son los que están peligro, a esos valores le teme el oscurantismo oficial.
