Por Julia Colla*
Ismael Ramírez, de 13 años, asesinado en un enfrentamiento con la policía en Sáenz Peña; Silveiro Enríquez encontrado muerto dentro de una toma de tierras en Miraflores; Dominga Arias violada, asesinada, tirada al río y encontrada días después en Formosa. Estas son algunas de las muertes que se cobró el 2018 por el hecho de ser indígena en Argentina. “Me lo mataron por Toba”, exclamaba la mamá de Ismael al pedir justicia por su hijo.
A 500 años del inicio de la invasión y saqueo de América Latina y el Caribe, el genocidio y el colonialismo aún perduran. Hoy las persecuciones y hostigamientos se manifiestan en la vulneración de los pueblos originarios a su acceso a la tierra y en las represiones permanentes por las fuerzas de seguridad.
Relevamientos y desalojos
Según el Censo Nacional de 2010, en Argentina casi un millón de personas se autoreconocen como pertenecientes a alguno de los 31 pueblos originarios reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esta población –rural y urbana- conforma uno de los sectores más vulnerables, en términos de acceso al agua, alimentos, salud, educación y tierra.
Los problemas territoriales de las comunidades, como así también las condiciones de extrema pobreza en las que viven muchos de ellos (que ocasionalmente son utilizados por la agenda política y mediática por la muerte de los niños con desnutrición) son continuas violaciones a los derechos que las comunidades indígenas.
En cuanto al acceso de tierras, el Estado nacional viene realizando desde el 2006 un Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). Este proyecto constituye un paso previo importante para que las comunidades indígenas puedan identificar su territorio actual y se fomenten políticas públicas provinciales para la posterior adjudicación de títulos de propiedad comunitaria, respetando las lógicas y costumbres indígenas.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicado en agosto del año pasado hay 1532 comunidades identificadas en la actualidad. De ese número, han iniciado el proceso de relevamiento 759 comunidades, es decir, solamente un 49% del total. Y sobre esto, sólo 459 comunidades se encuentran con el trabajo finalizado. En la provincia de Santa Fe, la labor fue asumida por el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Se han relevado unas 17 comunidades de las cuales, solamente se entregó en 2008 la escritura comunitaria a la comunidad Mocoví “Com Caia” en la localidad de Recreo.
Esta legislación constituye un paso previo importante para que las comunidades indígenas puedan identificar su territorio actual y se fomenten políticas públicas provinciales para la posterior adjudicación de títulos de propiedad comunitaria, respetando las lógicas y costumbres indígenas.
Sin embargo, si bien se ha avanzado en el relevamiento y la titularización de tierras, en los hechos aumentan las denuncias por usurpación y expulsiones a la par que se privatizan predios con familias enteras viviendo dentro. Aunque la Ley Nº 26.160 suspende los desalojos a las comunidades indígenas hasta el 2021, las persecuciones y expulsiones continúan.
En síntesis, los gobiernos nacional y provinciales han intentado legislar sobre la “cuestión indígena”, pero son muchos los problemas para enfrentar. No sólo existe falta de presupuesto para llevar a cabo el relevamiento según los cronogramas programados, sino que también hay vinculaciones de distintos sectores políticos con las empresas, terratenientes y distintos proyectos agroindustriales que avanzan sobre territorio indígena.
Pero fundamentalmente, el problema central es el no reconocimiento real de otras formas de vida y culturas dentro de los territorios indígenas, lo cual direcciona al Estado argentino a legislar sobre una única idea de Nación, imponiendo sus lógicas a las naciones preexistentes.
Hacia una nueva Campaña del Desierto
Ayer salvajes, hoy terroristas. La idea del “enemigo interno” desestabilizador del Estado-nación utilizada como argumento en la Campaña del Desierto del siglo XIX, se reconfigura actualmente a la imagen de “terrorista”. En efecto, no faltan aquellos que piden “mano dura” y hablan de usurpación.
En ese marco, ante cualquier situación problemática se habilita a las fuerzas represivas para que intervengan en los territorios. Por ejemplo, en la ocupación de tierras que realizó la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen a las tierras del empresario Benetton, de origen italiano, en Chubut, donde finalmente murió Santiago Maldonado. Pocos meses después, el asesinato de Rafael Nahuel a manos de gendarmería. Y en septiembre de este año un supuesto saqueo a un supermercado en localidad de Roque Sáez Peña (Chaco) terminó con la vida de Ismael Ramírez, a partir de lo cual el gobierno nacional decidió militarizar la zona.
Mientras tanto, los megaemprendimientos turísticos, el avance del monocultivo, la industria extractiva, se encuentran lejos de aportar al desarrollo de las economías regionales y son algunas de las ramas que ocasionan el retroceso de derechos indígenas.
Como vemos, esta semana se cumplieron 526 años de genocidio ininterrumpido y de luchas indígenas contra la usurpación y el saqueo de recursos naturales. Pero vale preguntarse si las actuales agitaciones del fantasma de “terroristas usurpadores” le servirá al gobierno nacional para profundizar la lógica de civilización y barbarie instalada por el proyecto sarmientino. ¿Acaso se busca el consenso para justificar la escalada represiva?
*Socióloga. Becaria doctoral de Conicet.
