Los concejales de Rafaela suspendieron este jueves el tratamiento de una ordenanza que ampliaba de 200 a 500 metros la zona de resguardo de agrotóxicos. Afirman que falta debate.
Concejales de Rafaela suspendieron este jueves el tratamiento de la ordenanza para aumentar de 200 a 500 metros el límite para aplicar agrotóxicos en forma terrestre y prohibir las aplicaciones aéreas. El proyecto volvió a comisión para seguir la discusión. Argumentaron que no había acuerdo para aprobarlo y que se necesita hacer más consultas con la sociedad civil.
Vecinos afectados por las fumigaciones reclaman a los concejales que se amplíe el límite agronómico. Uno de los casos es el del barrio 41, que se encuentra en la zona sur de la ciudad. Es un barrio nuevo que quedó rodeado de campos que pertenecen no sólo a productores privados, sino también a la Municipalidad. El Estado local explota 100 hectáreas de soja dentro del predio del Aeródromo, que se encuentra frente al barrio. Allí se fumiga a 200 metros de las casas y a 700 metros de la planta potabilizadora de agua.
“Nunca me imaginé militando esta causa, pero me llegó el veneno hasta mi casa”, sostuvo Leandro Frana, vecino del barrio Brigadier López, otro de los sectores linderos al Aeródromo. “Si bien no sentimos olor, entiendo que esto es silencioso. La gente se enferma y es por algo. Tengo hijos chicos y no quiero esto cerca.”
En 2017, en un informe periodístico realizado por Leandro Gómez y Ezequiel Torres, se denunciaron casos de intoxicación con fumigaciones a la vera de las vías del ferrocarril (en el barrio 2 de Abril), en silos y en escuelas rurales de la zona.
Organizaciones ambientalistas locales, como Amigos de la Vida y Nueva Ecología de la Tierra, exigen, desde hace años, que se amplíe el área de resguardo y que se realice producción agroecológica en esa franja. Representantes de estos grupos no estaban de acuerdo con el proyecto de ordenanza que se iba a votar el jueves porque sostienen que el límite tiene que ser de, al menos, 800 metros. Y señalan que, en la provincia, la campaña Paren de Fumigarnos exige 1000 metros libres de agrotóxicos.
A nivel provincial, la organización Capibara, que trabaja con asambleas de vecinos de distintos municipios santafesinos, sostuvo: “El Concejo de Rafaela debe abrirse realmente ante la sociedad y generar instancias de consulta y participación sobre este y muchos otros temas. Solicitamos una audiencia ante los concejales para plantearles nuestra posición dejando en claro que cuando hablamos de legislar no solo hablamos de sancionar leyes como si fuera un mero trámite, hablamos de legislar en favor de la salud humana y el ambiente como derechos constitucionales que no pueden estar por debajo de un modelo productivo que considera estos derecho humanos fundamentales como mercancías.”
Normativa
Por una ordenanza de 2003 y un decreto reglamentario de 2008, el límite para aplicar agroquímicos en Rafaela es de 200 metros. Silvio Bonafede, concejal del PJ, retomó un proyecto de modificación de esa ordenanza y propuso ampliar el límite a 500 metros, prohibir la aplicación terrestre de productos de banda roja y también, las fumigaciones aéreas con toda clase de venenos.
El proyecto también disponía medidas de control y la difusión de líneas de teléfono para denunciar irregularidades.
Ninguno de los restantes nueve concejales apoyaron el proyecto. El cuerpo está presidido por Raúl Bonino, de Cambiemos, sector que cuenta con la mayoría de las bancas. El bloque macrista se completa con Hugo Menossi, Carina Visintini, María Sagardoy, Marta Pascual y Leonardo Viotti. Dos concejales, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, son del Frente Justicialista-PJ (que gobierna la ciudad). Y hay dos bloques unipersonales: el de Bonafede (que presentó el proyecto) y el de Lisandro Mársico, del FPCyS-PDP.
Muriel (PJ) y Viotti (Cambiemos) dijeron a Pausa que no hay acuerdo sobre extender el límite. Sostienen que hay partidarios de los cero metros y quienes piden más de 1000 de resguardo. “Hay dos bibliotecas”, sostuvo Muriel. Al ser consultado sobre el principio precautorio que dispone que, ante la duda, se debe priorizar la protección la salud y el ambiente, respondió: “Por ese motivo nosotros hubiéramos apoyado los 500 metros. Pero no había mayoría para aprobarlo”. Para Muriel, el proyecto necesita más debate y más precisiones con respecto, por ejemplo, a las sanciones por incumplimiento.
