Denuncian a intendenta por no actuar ante fumigaciones

Una vecina de Cañada de Gómez se cansó de reclamar en vano porque la fumigaban con agrotóxicos e impulsó, junto a diversas ONGs, una denuncia penal contra la intendenta de su ciudad, otras autoridades y personas.

Norma Cabrera muestra fotos y certificados médicos de ella, su esposo y sus hijos. Daños en la salud de la familia, animales de granja muertos, pérdida de sus cultivos de hortalizas, todo como resultado de vivir en el límite de su ciudad, Cañada de Gómez, y haber sido fumigada el 28 y 29 de noviembre de 2015, el 16 de julio de 2016, el 26 de octubre de 2017, el 1 de febrero, 30 de julio y 27 de septiembre de 2018. A la séptima se cansó de hacer los reclamos formales pertinentes –está prohibido por ordenanza el uso de biocidas en un perímetro de tres kilómetros alrededor de la ciudad– y directamente presentó una denuncia penal contra la intendenta Stella Maris Clerici, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación judicial fue acompañada por la multisectorial Paren de Fumigarnos, la Asociación Civil Capibara y el Centro de Protección a la Naturaleza. También fueron denunciados los señores Jesús Gilberto Mosca –arrendatario del campo donde se aplican las fumigaciones– y Miguel Aranda, por delito de lesiones, daño agravado por la utilización de sustancias venenosas, contaminación del medio ambiente o atmósfera de un modo peligroso para la salud, y amenazas, sólo en el caso de Aranda. También se solicitó que se investigue al ingeniero agrónomo Horacio Penino, que es inspector del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe y que recibió numerosas denuncias formales, sin tomar ninguna medida para resguardar la salud de Norma Cabrera y su familia. El dueño del campo, Carlos Pellegage, también fue denunciado, junto a las firmas Land Agro y Nova, con el fin de verificar incumplimientos o infracciones en el manejo de productos tóxicos o residuos peligrosos.

El inmueble de la familia Cabrera se encuentra dentro de la zona urbana de Cañada de Gómez y las fumigaciones se practican, en algunos casos, a 20 metros de distancia de la vivienda, cuando la distancia debería ser de al menos tres kilómetros. “Si bien fueron oportunamente denunciadas ante los organismos competentes, tanto el Municipio como la Fiscalía penal local no han tomado intervención o medida alguna a los fines de resguardar la vida y salud de la familia Cabrera como así también prevenir el agravamiento de los daños ya ocasionados sobre la granja familiar y el ambiente, colocando a las víctimas en una flagrante situación de desamparo y denegación de justicia, situación escandalosa para un estado democrático en razón de los derechos humanos fundamentales comprometidos”, señalaron desde las ONGs.

La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal local del Ministerio Público de la Acusación en Cañada Gómez.

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