Un aumento desmedido de la cuota desató una organización inédita de los estudiantes de la Universidad Católica. Tras varias protestas y asambleas, lograron reunirse con el Arzobispo para manifestar su descontento.

Por Ramiro Bisa y Gonzalo Andrés

Desde mediados de septiembre, los estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) vienen organizando una serie de asambleas, reuniones y sentadas en protesta por un aumento desmedido en el arancel mensual establecido de manera arbitraria y unilateral por las autoridades. Si bien la reacción se dio a partir de este hecho puntual, en realidad el descontento y el malestar estudiantil no son nuevos. Las medidas de fuerza se vienen gestando desde un tiempo a esta parte.

La punta del iceberg

El conflicto se desató a partir de un comunicado firmado el 14 de septiembre por el Directorio, el Rector y los Decanos (lo que los estudiantes llaman “la cúpula”) de la UCSF. Allí anunciaron un aumento en el arancel que no estaba pautado previamente. Este aumento consiste en una “actualización” de la cuota a partir de octubre: se le exige al estudiante abonar $3000 más de lo establecido en el acuerdo firmado a finales de 2017.

Cabe destacar que, según normativa vigente, la cuota se actualiza dos veces al año. Para el ciclo lectivo 2018 estaban acordados aumentos en mayo (de $5500 a $6500) y en diciembre (de $6500 a $7500). Pero la misma reglamentación concibe la posibilidad de un aumento extra siempre y cuando “haya un cambio significativo en la situación macroeconómica”. Y acá es donde la cosa se pone gris.

Amparándose en la situación del país, la cúpula autorizó un nuevo aumento arancelario. ¿A qué le llaman las autoridades de la Universidad Católica un “cambio significativo en la macroeconomía del país”? A lo mismo que Mauricio Macri llama “tormentas”.

Según el estudiantado, nunca hubo mucha claridad en los argumentos por los cuales se decidió este aumento. Los estudiantes tendrán que pagar en octubre y noviembre una cuota de $7500, y en diciembre $8500. Es decir, $3000 más que lo acordado en diciembre pasado. En rigor, este sería ya el cuarto aumento en 2018, ya que el año comenzó con un aumento de $1000 en enero. El arancel en 2017 terminó en $4950 y el 2018 comenzó en $5500. En otras palabras, en 12 meses la cuota aumentó casi un 100%, sobrepasando holgadamente la inflación del país. En este sentido, siquiera el cambio significativo en la macroeconomía explicaría un nuevo aumento, ya que con lo que en el año fue aumentando superaría incluso la inflación a diciembre de este año.

Este aumento de la cuota se suma al hecho de los aranceles no se ven materializados en una mejora en la calidad de la enseñanza, lo cual condujo a los estudiantes a una protesta que ya lleva más de tres semanas.

El huevo de la serpiente

Más allá del ajuste arancelario, las quejas se concentran en la calidad de enseñanza brindada por el establecimiento. La mayoría de los estudiantes que protagonizaron las asambleas y sentadas coinciden en que no se está recibiendo una educación acorde a la cuota que se está pagando. El principal foco de descontento tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura y material de estudio y trabajo.

En el caso de Ciencias de la Comunicación, por ejemplo, hay quejas por el estado de los equipamientos para poder trabajar en los talleres de manera adecuada: la Facultad de Humanidades tiene un estudio multimedial en el que se hace radio y televisión, y que no dispone de auriculares y presenta un solo micrófono. En este sentido, el material con el que cuentan los estudiantes para hacer radio es muy pobre.

También ocurre que algunas carreras se promocionan a partir del equipamiento con el que las facultades contarían. Tal el caso de Fonoaudiología, en la que se anuncia la existencia de un audiómetro, pero dicho equipo hace más de un año y medio que no funciona. Cabe destacar que Fonoaudiología, en Santa Fe y alrededores, solo se puede estudiar en la UCSF. La alternativa más cercana es Rosario. En otras carreras, dicen, directamente no hay libros; o sea, no tienen biblioteca especializada.

En conclusión, el aumento de la cuota, más allá de lo unilateral y arbitrario, molesta también porque no se traduce en mejoras sustanciales en “el servicio prestado” o, en palabras acordes a la institución de la que hablamos, en la calidad de la educación brindada. Tal vez, si el aumento se hubiese visto en mejoras de sueldos para los docentes y en infraestructura, los estudiantes lo podrían pagar con una mueca parecida a una sonrisa. Pero nada de eso sucedió. Entonces, ¿a qué se debe el aumento? ¿Cómo se justifica?

Un monstruo grande que pisa fuerte

Las y los estudiantes de la UCSF, en diferentes declaraciones públicas, han manifestado que están en un sistema que los mantiene cautivo. Es como un monstruo que te atrapa dicen: si entrás, es difícil salir. Varias razones han dado para sostener esto.

En primer lugar, ante el conocido latiguillo “si no les gusta que se vayan, total si pueden pagar ahí, pueden ir a pagar a otro lado”, los y las estudiantes responden: ¿a dónde nos vamos? No todas las carreras que se dictan en la UCSF están en otras universidades de la ciudad. Por ejemplo, Fonoaudiología. Entonces, en algunos casos, cambiarse de universidad implicaría gastar la misma cantidad de dinero en traslados o aún más en alquileres en otra ciudad. Suena al menos ridículo irse lejos y gastar más, cuando lo que están reclamando es justamente no pagar más de lo que ya se está pagando.

Pero además se paga y nada garantiza que en otra universidad se acepten las homologaciones de las materias cursadas. Para que eso suceda, los programas de las materias tienen que ser similares y, en última instancia, termina dependiendo de la voluntad del docente que tienen que validar dicha homologación. O sea, es apostar par o impar. Te puede salir bien o podés perder mucha guita y tiempo. Y nadie quiere perder guita y tiempo. Entonces, en vez de perderlos, te terminás resignando a quedarte.

Asimismo, pasarse de universidad no es inmediato. Primero hay que homologar carreras públicas y privadas. Ello ya implica un obstáculo administrativo. Segundo, para homologar materias, a los estudiantes de la UCSF, les cobran un plus. Imagínense un estudiante que quiera homologar en otra facultad tres años de cursado. Acá puede verse ese sistema que te “cautiva”, en el peor sentido de la palabra. Es pagar o perder todo lo que se haya cursado. Es extorsivo.

En segundo lugar, plantean que si vieran que los aumentos en la cuota repercuten a nivel educativo y/o académico, quizás harían el esfuerzo de pagarlo. Eso es lo que le plantearon al Arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, en la reunión del viernes 5 de octubre. O sea que el reclamo que en principio podría pensarse era solo económico, ante esto se posiciona como un problema político: están reclamando por su derecho a una educación de calidad.

En este contexto, los y las estudiantes de la UCSF (y no solo en Santa Fe, sino que en las sedes de Posadas, Reconquista y Rafaela también) exigen que se vuelva atrás con el aumento arbitrario e injustificado de la cuota. Hasta ahora, las autoridades no han dado marcha atrás en su postura. En cambio, les proponen pagar el aumento en cuotas y financiado. Y en caso de que algún alumno tuviera problemas para pagarlo, se le revisará su situación y se negociará un financiamiento para que pueda hacerlo. La idea de las autoridades de la UCSF es la negociación uno a uno, con cada alumno por separado. Detrás de ello, es evidente que se encuentra la intención de desorganizar al movimiento estudiantil y segregar a los estudiantes en su lucha.

En Guadalupe también está el agite

Más allá de cómo termine el conflicto, esta situación es un síntoma de algo que incomoda, que molesta. Es el síntoma de algo que no se esperaban las autoridades de la Católica: que sus estudiantes reclamen y protesten contra un modo de administrar la universidad y que eso se visibilizara puertas afuera. Pero, además, mucho menos esperaban que los estudiantes se organicen y le dieran forma a un colectivo estudiantil, lo cual constituye un hecho sin antecedentes en los últimos años para la institución.

Este conflicto también visibilizó el hecho de que a esta universidad privada no solo van los que tienen mucha guita y que estacionan su BMW en la puerta. Seguro que los hay, pero hoy queda claro que también hay pibes y pibas a los que el aumento desmedido de la cuota los deja fuera del sistema.

Más allá de aquellos que estudian en la Católica porque les sale más barato que irse a otra ciudad, también hay muchos estudiantes que trabajan, generalmente de manera precarizada, para bancar sus estudios. Son alumnos que aún viven con la familia y con lo que ganan trabajando se pagan el estudio. A ellos, este aumento los deja al borde del knock out. Para muchos de ellos, esos $3000 es la diferencia entre estudiar o no estudiar.

En las asambleas realizadas a raíz de este conflicto, hubo entre 400 y 450 estudiantes presentes. Son los que se vieron directamente afectados por el aumento, y muchos de sus compañeros lo saben. De la carrera de Fonoaudiología ya hay 15 alumnos que podrían abandonar por culpa del aumento.

Esto devela una política elitista por parte de la universidad: se quedan solo con los que pueden pagar, que cada vez son menos. Según los estudiantes, esto atenta contra los principios rectores con los que nació la UCSF. El objetivo de esta casa de estudios era ser una alternativa de calidad a la Universidad Nacional del Litoral, y con una cuota relativamente barata o accesible. Así llegaron a la Católica muchos estudiantes de clase media o clase media baja que egresaron como primera generación de sus familias.

Con el tiempo, la institución devino más elitista. Quizás aquellos primeros egresados hoy no podrían estudiar allí. Y esta concepción fortalecida de la educación como una mercancía les devolvió la rebelión de sus estudiantes, que a partir de la capacidad de organización y, sobre todo, la solidaridad entre los pares sacaron a la calle lo que ellos entienden es un abuso y un atentado contra el derecho a la educación.

La primavera estudiantil

Los estudiantes supieron organizarse para reclamar colectivamente por sus derechos. A partir del aumento arancelario, se realizó la primera asamblea estudiantil en 20 años, y a la que asistieron 400 personas (casi el 20% del total de estudiantes de la universidad, contando quienes ya no cursan más y solo les resta rendir materias o sus tesis).

No hay que quitarle relevancia al contexto a nivel nacional de la lucha estudiantil. Las movilizaciones, tomas de facultades, marchas y diferentes intervenciones en defensa de la educación superior, en todo el país, también los debe haber animado a ser parte de esta “Primavera del 18”.

De todos modos, esta reorganización no comenzó recién ahora, sino hace dos años cuando empezaron a funcionar los centros de estudiantes de la Facultad de Humanidades, Derecho y Ciencias Políticas y Psicología. Estas experiencias dentro y fuera de la universidad contagiaron a las facultades de Arquitectura y Ciencias Económicas, que ya comenzaron el camino del reconocimiento legal y académico de sus respectivos centros.

Los propios estudiantes entienden como inédita esta solidaridad entre ellos. Reconocen que era más esperable una actitud individualista, debido a la “cultura institucional”. Sin embargo, a las sentadas y asambleas asistieron personas que no están perjudicadas por esta medida pero se solidarizaron con sus compañeros. El hecho de mirarse a la cara en un espacio colectivo, les devolvió una imagen de ellos que tal vez no conocían.

No se sabe cómo terminará el conflicto. Pero lo que sí se sabe es que los estudiantes de la Católica comenzaron a organizarse para que ya no los traten como clientes. O que, en todo caso, se respeta la norma de que “el cliente siempre tiene la razón”. Que no pueden hacer con ellos lo que quieran, porque en la primavera del 18 marcaron el camino para sus compañeros y compañeras que vienen.

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