Hecha la ley, hecho el recorte

El 18 de octubre hubo una marcha de trabajadores del teatro santafesino en defensa a la Ley Nacional de Teatro.

Santa Fe también se moviliza por los recortes en el Instituto Nacional del Teatro.

Dicen que en épocas de crisis el hilo se corta por lo más fino, y lo cierto es que le llegó la hora al teatro. Y cuando hablamos de teatro decimos salas, puestas en escena, giras, becas de estudio y también el público que las consume. Otro dato: el teatro no incluye sólo a los actores y directores sino que moviliza todo un engranaje de trabajadores y trabajadoras como los escenógrafos y escenógrafas, maquilladores y maquilladoras, coreógrafos y coreógrafas, vestuaristas, iluminadores e iluminadoras, productores, productoras y muchos otros y otras que se ensamblan en esta gran máquina de creatividad.

Tras conocerse que la Ley de Presupuesto 2019 enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación prevé recortes presupuestarios que afectarán al Instituto Nacional del Teatro (INT) los trabajadores del sector llevaron adelante una movilización el 18 de octubre “En defensa a la Ley Nacional de Teatro” que se realizó simultáneamente en las distintas ciudades del país.

Este fue el puntapié para que los trabajadores teatrales se autoconvocaran y crearan un espacio denominado “Confederación Nacional de Teatro”, con el fin de generar acciones conjuntas en repudio a los recortes y políticas públicas de desfinanciamiento de la cultura.

El 2 de noviembre hicieron público un documento dirigido a los legisladores, que acusa a las autoridades nacionales de faltar a la ley 24.800, más conocida como la Ley Nacional de Teatro.

La ley, sancionada en 1997, con un gran espíritu federalista, en su primer artículo creaba el Instituto Nacional de Teatro (INT), “como organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral, y autoridad de aplicación de esta ley”. Desde esta perspectiva, el objeto principal del Instituto es promover la actividad teatral en todo el país.

Además, el Instituto, en su esencia, es profundamente federal y democrático: según el artículo 9, estará conducido por el Consejo de Dirección, integrado por doce personas: diez seleccionadas por concurso (cuatro representantes del quehacer teatral nacional y seis representantes regionales) y dos designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, el Director Ejecutivo (que desde fines de 2015 desempeña Marcelo Allasino) y un representante de la Secretaría de Cultura de la Nación.

¿Que se reclama?
Para los trabajadores del sector teatral, los artículos de la ley están siendo vulnerados por el actual director ejecutivo, Marcelo Allasino, afirmando que “el actual director es un burócrata funcional al actual gobierno nacional que cercena derechos, recorta y ajusta a costa del sufrimiento del pueblo”.

Una de las más graves violaciones que realizó Allasino fue presentar, sin pasar por el Consejo Directivo, como lo dictamina la ley en su artículo 23, el presupuesto para 2019 recortándolo en un 12% nominal en la partida específica de subsidios que sumado a la inflación estimada de más del 40 % para el corriente año 2018, más la demora en los pagos, produciría un recorte real superior al 50% del presupuesto para el año 2019.

Al asumir, el director Marcelo Allasino prometió revocar un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que lesionaba a la institución como tal, en su esencia federal, ya que transfirió al Director Ejecutivo competencia exclusiva sobre la gestión administrativa del INT. Pero el documento de los artistas denuncia que “lejos de revocarlo, hizo uso y abuso de tal dictamen, a favor de intereses personales y para tomar decisiones políticas, administrativas y legales, en forma unilateral, despótica, arbitraria, que –claramente– no hubieran sido aprobadas por el Consejo”.

El documento sintetiza las acciones del Director Ejecutivo como un “atropello” hacia el Consejo Directivo, llevando adelante cesanteos de dos miembros, amenazas de despidos, presentar al Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuesto 2019 sin contar con la aprobación del Consejo. Además se lo acusa de interferir en reiteradas ocasiones las sesiones del Consejo Directivo, con fines de abortarlas.

Si bien sufrieron altibajos institucionales en más de 20 años de vigencia de la ley 24.800, los trabajadores teatrales afirman que “jamás se han visto enfrentados y de forma sostenida desde fines de 2015, a semejante atropello y grave vejación de la ley y del INT. Es por eso que la comunidad teatral se autoconvoca y moviliza como el colectivo ‘Confederación Nacional de Teatro’ reclamando y luchando por el respeto de nuestras instituciones y el cumplimiento integral de nuestra ley, que es la única garantía de permanencia de los derechos adquiridos y el verdadero federalismo”.

Por nuestros pagos
El primer golpe a Santa Fe fue en el 2016, con la intención del cierre y el recorte presupuestario de la Subdelegación del INT. Finalmente, y gracias al reclamo de la comunidad teatral, se logró la continuidad de este espacio, aunque con funciones acotadas.

A esta altura del año ningún grupo, sala o becado cobró los subsidios otorgados por el INT. Si bien todos necesitan el apoyo, el problema de las salas es acuciante ya que el incremento de los gastos es diario y cada vez se hace más difícil mantener las puertas abiertas de espacios como La Treinta Sesenta y Ocho, Teatro de la Abadía, El Retablo de las Maravillas, por nombrar algunos que día a día luchan por seguir ofertando obras y talleres para los santafesinos. El Retablo, sala que lleva 20 años trabajando en la cultura, está en riesgo de cerrar sus puertas. En La Treinta Sesenta y Ocho a fines de octubre se realizó una función a beneficio de la sala de La extraordinaria vida de Jorge Valente, con el fin de contribuir a los enormes gastos de funcionamiento que implica un espacio independiente.

Según fuentes locales de la Confederación, “están ejerciendo una presión burocrática sin precedentes a todos los beneficiarios de los subsidios para de demorar los pagos”. Este es el caso de Oscar Camaño, quien junto a Cristina Pepe está al frente de El Retablo y que contó a Pausa su experiencia: “Nosotros todos los años cobramos un subsidio del INT, que tenemos que renovar cada año y siempre lo hicimos sin problemas. Este año sorpresivamente el Instituto nos dijo que quería una nueva habilitación porque la nuestra era antigua, eso nos trajo muchos problemas para ponernos al día, como la presentación de planos actualizados que es algo muy caro para las salas”.Con respecto a las consecuencias que genera la ausencia de envíos de subsidios hasta el día de la fecha nos cuenta: “Aun no hemos cobrado. Este monto si bien no es excesivo a nosotros nos ayuda mucho. Los gastos de una sala son innumerables. Y por más de que hacemos un presupuesto anterior al contrato cuando se termina de ejecutar por la inflación eso ha quedado muy reducido y si encima no se cobra estamos en una terrible situación”.

“Hoy estamos resistiendo con el esfuerzo de los artistas y la gente. Tenemos funciones casi todas las semanas, de música títeres y teatro. Si bien la actividad se mantiene es a costa de nuestro sueldo de jubilados, por eso es tan importante el subsidio”. Lo cierto es que gracias a la Ley de Teatro estos espacios tienen derecho a percibir los montos que fueron en su momento solicitados y deben ser sufragados por el Instituto que es una entidad de fomento del teatro, los títeres, la danza y todas sus variantes “la cultura es un bien al que tiene derecho todos los ciudadanos, no es un despilfarro, ni un lujo”.

Sol Jara, desde su experiencia como actriz y docente de teatro, da cuenta de otra arista del problema de los recortes, la que tiene que ver con el recorrido de las obras por las pequeñas ciudades, que pone en riesgo los derechos de los más postergados. “Yo doy clases en un pueblo, Colonia Aldao, donde no hay teatro si no fuera por las giras de los teatreros. Entonces estamos hablando de que estos recortes y falta de pagos del Instituto, va más allá del espectador de las grandes ciudades, es un retroceso gigante, veinte años para atrás, es pisotear el sentido del arte. Esto también es censura”.
Nicole Maillard, en representación del Centro de Estudiantes de la Escuela Provincial de Teatro afirma: “La postura que tenemos como estudiantes es de no al recorte y asistir a las movilizaciones que se están haciendo, poner el cuerpo. Para organizarnos nos nutrimos de grupos como ‘Dramas autoconvocades’ y ‘No al recorte’. La idea es seguir apoyando las movilizaciones y hacer intervenciones artísticas. Estamos totalmente en desacuerdo con el ajuste”.

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