“Aquí vive un genocida”

Organismos de derechos humanos escracharon al represor Víctor Hermes Brusa, que cumple prisión domiciliaria en su hogar, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Denuncian que el beneficio forma parte de “una política de época” que implica un “retroceso” en materia de derechos humanos.

“Si no hay justicia, hay escrache, dijimos hace 20 años en esta misma calle, frente a este domicilio. Y lo volvemos a repetir. Si no hay justicia, hay condena social. Desde que recuperamos la democracia, nuestro pueblo dijo nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al genocidio, nunca más a ver a los represores, torturadores y asesinos caminar por nuestras calles junto a sus víctimas”.

De ese modo finalizó Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, la lectura del documento de los organismos de derechos humanos en rechazo a la decisión de la Cámara Federal de Casación de otorgarle al represor Víctor Hermes Brusa el beneficio de la prisión domiciliaria.


Los organismos que forman parte del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe realizaron este miércoles un escrache en la puerta de la casa donde está alojado Brusa, ubicada en el sur de la ciudad (9 de Julio 1741), a media cuadra del Juzgado Federal donde se desempeñó hasta su destitución por el Consejo de la Magistratura en el año 2000.

El ex juez federal fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La Justicia lo halló culpable de los delitos de secuestros, torturas y asociación ilícita. Fue el primer funcionario judicial condenado en el país por su participación en el terrorismo de Estado.

El represor está detenido desde 2005 y debía purgar sentencia hasta 2028. Los últimos nueve años estuvo alojado en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores, en la capital provincial. Pero a principios de diciembre la Cámara Federal de Casación aceptó su planteo, fundado en razones de salud, y le otorgó la prisión domiciliaria. Así, los últimos 10 años de su condena los pasará en su hogar.

Para los organismos que conforman el Foro Contra la Impunidad, se trata de un “privilegio” otorgado por la Cámara de Casación. Según Puyol, “es una política de época, no es un caso aislado. Lamentablemente en los últimos tiempos tuvimos que ver que genocidas muy paradigmáticos como Etchecolatz plantearan pedidos de domiciliaria. También el fallo del 2×1 es parte de esta época que estamos viviendo, de mucho retroceso en las políticas de derechos humanos”.

Durante el escrache, se leyó un documento en el que los organismos de derechos humanos recordaron que el primer escrache contra Brusa –cuando todavía era juez federal– se hizo en el mismo lugar hace más de 20 años: en febrero de 1998. También realizaron intervenciones y pintadas para dejar señalado el domicilio: “Aquí vive V.H. Brusa, genocida”.

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