Nuevo reglamento para el uso de armas por parte de las fuerzas federales, atribuciones para las Fuerzas Armadas y mayores recursos para Seguridad.

El nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales suscitó una profunda controversia entre defensores y detractores. Mientras se acusa de inconstitucional la medida adoptada por la cartera que conduce Patricia Bullrich, el concepto que subyace es dejar en mano de la Federal, la Gendarmería o la Prefectura la ejecución del disparo ante lo que se considera un “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o para efectuar la detención de “quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” aunque en efecto no porte un arma o se encuentre en fuga (de espaldas). También se exceptúa la voz de alto cuando la acción delictiva pueda poner en riesgo de muerte o lesiones graves a otras personas.

Como parte de una política de seguridad que a todas luces se asocia a la mentada mano dura, este protocolo avala en términos legales ejecuciones como la perpetrada por el policía Luis Chocobar, quien disparó ocho veces tras perseguir a un joven de 18 años. Con un fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y una mayor vulnerabilidad en los sectores bajos de la sociedad, lo que se avizora es tierra fértil para la sucesión de hechos violentos que pongan en riesgo derechos humanos básicos a instancias de “la sospecha” y “el riesgo” como determinantes (subjetivos) del accionar represivo.

Están moldeando más Chocobares

A propósito, voces adversas advirtieron sobre un proceso tendiente a emular el discurso promovido por el derechista Jair Bolsonaro en Brasil que desestima la mirada social de la problemática de la delincuencia y atina a combatirla con dureza; así como se hizo hincapié en la necesidad de capacitar y formar a los efectivos en procura de asegurar la convivencia pública. Al respecto, altos funcionarios del gobierno santafesino rechazaron la adhesión al reglamento en cuestión al considerarlo “una herramienta peligrosa e innecesaria”. También indicaron que “es importante la persecución del delito y la sanción, así como que el trabajo de la policía sea efectivo, pero no hay que alentar el uso desmedido de la fuerza y no instalar mayor violencia”.

Además de las armas, la gestión de Mauricio Macri ya en julio le había otorgado mayores atribuciones y nuevos roles a las Fuerzas Armadas en relación con la seguridad interior bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, particularmente, en las fronteras. En aquella ocasión, amplios sectores de la sociedad civil se movilizaron para repudiar el carácter represivo que supone la militarización de las calles. Tres meses después, el propio gobierno efectuó una modificación presupuestaria significativa que evidenció no solo las prioridades sino el basamento de la política estatal. En rigor, se recortaron fondos para las áreas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en tanto se incrementaron los recursos destinados a la Policía Federal, Gendarmería y Fuerzas Armadas. En tiempos en que crece la pobreza y muchos derechos básicos –como el acceso a la salud y la educación– se ven reducidos, el Estado administrado por Cambiemos altera sus obligaciones para presionar desde los uniformes y las armas.

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