El norte provincial está en emergencia por las inundaciones. Mientras los productores esperan asistencia de la Nación, el gobierno santafesino decretó en zona de desastre agropecuario a los tres departamentos afectados, por lo cual se prorrogarán vencimientos impositivos.
Las intensas lluvias registradas en el norte de la provincia de Santa Fe causarán pérdidas millonarias en los sectores productivos. Desde el último trimestre de 2018 cayeron más de 800 milímetros en la zona y los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado quedaron prácticamente bajo agua.
Por las inundaciones, según el INTA, se perderán la totalidad de los cultivos de soja, girasol y algodón, mientras que el ganado menor y mayor está en riesgo.
La ministra de la Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, trazó un panorama similar y añadió las consecuencias negativas del agua sobre los sembrados de maíz: “Se perdieron cosechas de maíz, girasol y algodón y la ganadería quedó muy afectada”.
Luego de recorrer las zonas inundadas, el miércoles 16 el gobernador Miguel Lifschitz decretó zona de desastre agropecuario por ocho meses –desde el 1º de enero de 2019 hasta el 31 de agosto de 2019– a todas las explotaciones agropecuarias afectadas por las lluvias y las inundaciones ubicadas en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado y a las que se encuentran ubicadas en los distritos de Romang y Colonia Durán (departamento San Javier).
La declaración de desastre agropecuario implica beneficios en materia de impuestos provinciales para los productores afectados. En paralelo, algunos legisladores nacionales que representan a Santa Fe –como los senadores Omar Perotti y María de los Ángeles Sacnun y la diputada Silvina Frana– iniciaron trámites ante la Nación para que se decrete la emergencia agropecuaria, pero hasta el momento no hubo respuestas de las autoridades.
En cuanto al decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz, hay tres modalidades según el daño que hayan sufrido los productores afectados:
• Quienes se encuentren afectados en su capacidad de producción en más del 50% y menos del 80%, serán considerados en situación de emergencia agropecuaria y se les otorgarán los beneficios previstos en la Ley N° 11.297 (Créase la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria), que comprenden el impuesto Inmobiliario devengado hasta la fecha de finalización de dicha situación. Además, se suspenden la iniciación y sustanciación de los juicios y acciones administrativas iniciadas por el cobro de impuestos a partir del dictado del decreto y por un plazo de hasta 180 días posteriores a la finalización del plazo establecido.
• Para los productores que posean certificados de emergencia agropecuaria y cuya actividad se asienta en predios ubicados en zonas rurales, se estableció el siguiente calendario impositivo del impuesto Inmobiliario: cuota prorrogada 1/2019 con vencimiento el 22 de octubre de 2019; cuota 2/2019 con vencimiento el 23 de diciembre de 2019; cuota 3/2019 con vencimiento el 22 de enero de 2020; y cuota 4/2019 con vencimiento el 12 de febrero de 2020.
• Para quienes posean certificados de emergencia agropecuaria y cuya actividad se asienta en predios ubicados en zonas suburbanas, se estableció el siguiente calendario impositivo del impuesto inmobiliario: cuota prorrogada 1/2019 con vencimiento el 23 de septiembre de 2019; cuota 2/2019 con vencimiento el 22 de noviembre de 2019; cuota 3/2019 con vencimiento el 22 de enero de 2020; y cuota 4/2019 con vencimiento el 12 de febrero de 2020.
Emergencia hídrica
Además, el gobernador Lifschitz, a través del decreto 0043, declaró por 120 días el estado de emergencia en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado afectados por el inusual fenómeno de tormentas y lluvias intensas que viene azotando a la región en el último mes.
Esta situación de emergencia está basada en informes técnicos sobre el escenario climático de los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 correspondiente al fenómeno del Niño-Oscilación Sur, que registró precipitaciones que, hasta el momento, han sido superiores entre un 300% y un 500% en relación a los valores normales previstos para este período.
Desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia se manifestó la necesidad de realizar obras y medidas no estructurales para mejorar el drenaje en los tres departamentos afectados, contemplando la protección de cascos urbanos, restauración de almacenamientos naturales, identificación de obras hidráulicas clandestinas, mejoramiento de caminos rurales y colocación de alcantarillas y conductos para el drenaje a través de las vías de comunicación
De esta manera se habilita, también, a la Secretaría como a la Dirección de Protección Civil a efectuar las erogaciones necesarias para afrontar la emergencia en estos departamentos; e incluso; se contempla en el decreto la agilidad de las contrataciones en materia de obras y trabajos públicos enmarcadas en la emergencia.
