España avanza en saldar cuentas con la sanguinaria dictadura de Francisco Franco. El gobierno quería ordenar para este viernes que se saque el cuerpo del dictador de su monumental panteón, el Valle de los Caídos. Su familia apela a la justicia y quiere fastos militares.
El terror de Estado de la dictadura que comandó entre 1938 y 1975 Francisco Franco todavía está presente en su monstruosa tumba, un conjunto de monumentos por él construido para su cuerpo y el de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange. También hay una espantosa fosa común con víctimas de la guerra civil española, de ambos bandos, cuyos cuerpos están entremezclados. Se trata de 33.847 personas distintas, todas bajo la cruz católica, como si eso no fuera un insulto para los republicanos y como si Franco no hubiera sido un criminal de Estado.
Más de 40 años después de muerto, el gobierno democrático español por fin parece tener la voluntad de disolver esa celebración del fascismo, ordenando la exhumación de Franco y el traslado de lo que quede de su cadáver a otro lugar que determine la familia que lo sobrevivió. Esta decisión se realizaría este viernes 15, después de una serie de recursos judiciales presentados por los Franco para detenerla. El último pedido revocado a los consanguíneos del fascista fue el de trasladar los restos a la catedral de Madrid (La Almudena), con fastos funerarios militares, "himno nacional completo, con arma presentada, una descarga de fusilería y la salva de cañonazos que corresponda".
Ahora tienen preparado un nuevo pedido judicial para detener las acciones anunciadas para este viernes o, en caso contrario, reforzar el pedido de trasladar los restos a la cripta familiar, que está en La Almudena. El gobierno busca que la nueva tumba no se convierta en una nuevo lugar de adoración para los fascistas. La familia de Franco ya lleva 12 acciones judiciales para frenar al gobierno del socialista Pedro Sánchez, que inició en agosto de 2018 los trámites para la exhumación.
Respecto de La Almudena, el gobierno afirma que el traslado del cuerpo a la cripta de los Franco supondría riesgos de seguridad: "La reinhumación en dicho lugar supondría evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad tanto en la propia Catedral como en el entorno de la misma, implicando una amenaza seria y significativa para los derechos y libertades de los ciudadanos, una amenaza que el Gobierno no puede asumir al igual que la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Francisco Franco en un lugar accesible y abierto al público y de las características de la Catedral De la Almudena".
