Trump avanza sobre el aborto y la planificación familiar

El presidente de EEUU busca recortar fondos a las organizaciones que brindan información y servicios de aborto para dirigirlos hacia grupos antiabortistas de base religiosa.

La interrupción voluntaria del embarazo es legal en todos los estados de Estados Unidos desde la sentencia de la Corte Suprema de ese país en el Caso Roe contra Wade, del 22 de enero de 1973. 46 años después, ese derecho conquistado y mantenido por las mujeres norteamericanas, está en riesgo.

La administración de Trump anunció el viernes que prohibirá que las organizaciones que brindan servicios de aborto reciban dinero federal para la planificación familiar, un paso que podría despojar a Planned Parenthood de millones de dólares y dirigirlo hacia grupos antiabortistas de base religiosa.

La normativa establece que estos centros deben tener una «clara separación física y financiera» entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que se ofrecen para abortos, financiados de forma independiente. Las clínicas podrán hablar con las pacientes sobre el aborto, pero no sobre dónde pueden realizarlo, por esto la llaman «ley mordaza». Además, ya no tendrán que aconsejar a las mujeres sobre todas las opciones reproductivas, incluido el aborto, un cambio que hará que los proveedores de servicios anti aborto sean elegibles para recibir financiamiento.

La ley entrará en vigencia dentro de 60 días, cuando sea publicada en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno en el que se difunden leyes, disposiciones y avisos públicos. En sus últimos discursos, Trump había prometido cambios legislativos e incluso pidió al Congreso que prohibiera los abortos tardíos de niños “que puedan sentir dolor en el vientre de la mujer”. De todas formas, se espera que esta ley sea impugnada en los tribunales.

Esta normativa es el paso más reciente de la administración Trump para cambiar el enfoque de los programas de salud federales en una dirección conservadora. La administración ha ampliado la capacidad de los empleadores para reclamar objeciones religiosas o morales y ha canalizado fondos para programas de prevención de embarazos en adolescentes y subvenciones para planificación familiar hacia programas que enfatizan la abstinencia sexual en lugar de la anticoncepción.

Algunos de estos cambios están siendo cuestionados en juicios por grupos que apoyan los derechos reproductivos, pero las nuevas políticas tienen un amplio apoyo entre los evangélicos, que son una gran parte de la base política del presidente.

La medida afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar de EE.UU. y que, sin ánimo de lucro, ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos. La organización, que se convirtió en blanco de ataques por parte de grupos antiderechos y seguidores de Trump en 2016, consideró que esa «clara separación física y financiera» entre servicios sanitarios y de aborto no contribuye a la salud de los pacientes.

Las organizaciones que reciben dinero a través del programa federal de planificación familiar, llamado «Título X», aún podrán realizar abortos, pero tendrán que hacerlo en un lugar separado de sus otras operaciones y cumplir con el nuevo requisito de no remitir a los pacientes. Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood, dijo en un comunicado que esta ley «es inadmisible y carece de ética» porque impide a los médicos cumplir con el juramento que han hecho para atender a sus pacientes y ayudarles a tomar las mejores decisiones para su salud.

El «Título X» proporciona $286 millones en fondos para programas que brindan servicios como el control de la natalidad, la detección del cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino y la detección y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Estos programas atienden a cerca de 4 millones de pacientes cada año, muchos de ellos pobres, en más de 4.000 clínicas. Aproximadamente el 40 por ciento de esas clínicas son operadas por Planned Parenthood, que recibe cerca de $60 millones a través del programa de planificación familiar cada año.

«En muchas partes del país, Planned Parenthood es el único proveedor que participa en el programa», dijo la Dra. Leana Wen, presidenta de la Federación de Estados de Planned Parenthood, y añadió: «Los pacientes esperan que sus médicos hablen con honestidad con ellos, respondan sus preguntas y los ayuden en sus momentos de necesidad. Imagínese si la administración de Trump impidiera a los médicos hablar con nuestros pacientes con diabetes sobre la insulina. Nunca sucedería. La atención de salud reproductiva no debe ser diferente».

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