La más importante representación de los médicos para niños del país se puso firme contra la gobernadora Vidal y logró frenar una resolución que habilitaba el rociado con agrotóxicos en las proximidades de las localidades.
Junto distintas ONG y asociaciones civiles, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se puso firme ante una resolución del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires que autorizó el uso de agrotóxicos en las zonas periurbanas y logró que se suspenda la autorización hasta el año que viene. La SAP es la más importante institución que nuclea a los expertos en medicina infantil. Fue taxativa sobre el modelo de producción dominante en el campo argentino: "La OMS define a los fitosanitarios como 'sustancias destinadas a destruir toda forma de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y la agricultura', lo cual pone de manifiesto su potencial toxicidad biológica. Los niños son especialmente vulnerables a dichas sustancias por sus características anatomofisiológicas en desarrollo e inmadurez orgánica y tisular".
El fragmento pertenece a una carta enviada desde la SAP a la gobernadora María Eugenia Vidal. La resolución de Agricultura permitía las fumigaciones en "zonas contiguas al área urbana, cursos de agua, áreas de esparcimiento y establecimientos educativos entre otras, hoy protegidas por áreas de exclusión o de amortiguamiento". La misiva, firmada por la presidenta de la SAP, Dra Stella Maris Gil, y el vicepresidente, Dr Omar Tabacco, fue enviada el 11 de febrero pasado. El 18 de febrero, el Ministerio de Agroindustria dio marcha atrás y modificó la resolución 246/18, suspendiendo la autorización de las fumigaciones en zonas periurbanas por el término de un año.
¿Buenas prácticas?
Contra el discurso que emana desde los gobiernos en defensa del modelo de transgénicos y agrotóxicos, la SAP advirtió que no alcanza con solamente seguir al pie de la letra las instrucciones de aplicación de los venenos. "Es alarmante como se minimiza la toxicidad de estas sustancias", expresaron, para luego señalar que el Grupo de Trabajo Interministerial sobre las Buenas Prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios sólo trabajó “el cuerpo dinámico de publicaciones oficiales que dan recomendaciones técnicas de buenas prácticas de aplicación”, sin hacer referencia "a las múltiples publicaciones científicas sobre el daño de los agrotóxicos o fitosanitarios en la salud de la población, aun cuando se exponen a pequeñas cantidades".
Luego enumeraron: "Enfermedades respiratorias, dermatológicas, trastornos del sistema endócrino, del desarrollo, del sistema nervioso hasta distintos tipos de cáncer, han motivado que bajo el amparo del principio precautorio, se definan áreas protegidas, de exclusión o de amortiguamiento de estas prácticas agrícolas en distintos municipios provinciales, y que la Corte Suprema de Justicia por unanimidad condenara el uso de agroquímicos y la fumigación en cercanías poblacionales o en establecimientos educativos de las zonas rurales".
Las razones básicas del reclamo de la SAP son evidentes, "A nuestro entender esta resolución prioriza la producción, por encima de la salud de la población y del cuidado del ambiente, lo cual constituye una vulneración de dos derechos primordiales, que pueden ponen en riesgo la salud infantil y de las futuras generaciones".
¿Y por qué sólo para la provincia de Buenos Aires? ¿Acaso la SAP no es una institución que tiene alcance nacional? ¿Las comunidades fumigadas de la provincia de Entre Ríos, no merecen el mismo tratamiento y consideración?