El aumento de 10% con actualización condicionada no convence a los sindicatos, que hacen huelgas y marchas. El gobierno devuelve descuentos salariales y otras medidas.
El gobierno provincial y los gremios públicos ingresaron en una etapa de conflicto de la cual no se advierte una salida clara. Las negociaciones salariales quedaron estancadas luego del rechazo unánime a la oferta salarial realizada el martes 19: un aumento del 10% con cláusula gatillo sujeta a revisión en función de la evolución de la recaudación. En medio de las medidas de fuerza, hubo una masiva marcha hacia la Casa Gris, el martes 26, en la cual los líderes gremiales reclamaron paritarias sin techo y cuestionaron el ajuste fiscal de la provincia.
La relación entre el gobierno del Frente Progresista y los sindicatos de docentes y estatales ingresó en el momento más tenso de los últimos 12 años. Las negociaciones salariales, en el marco de las paritarias, nunca fueron sencillas, pero este año el conflicto ha escalado a niveles nunca antes vistos. Dos decisiones del gobernador Miguel Lifschitz causaron malestar y rechazo: el descuento de los días no trabajados por medidas de fuerza, que alcanza a docentes, estatales y trabajadores del sector salud, y la suspensión de las titularizaciones docentes acordadas en las paritarias de 2018.
Las medidas que anunció el gobierno generaron estupor en los sindicatos. Amsafe salió rápidamente a criticar la suspensión de los concursos con un comunicado en el que se expresa el “enérgico repudio ante el anuncio del gobierno” que cancela el cronograma de titularizaciones de cargos y horas cátedra acordado para el primer semestre de 2019.
Una semana antes de cancelar los concursos, el gobierno había anunciado que este año invertiría 202 millones de pesos para la creación de nuevos cargos docentes, la mayoría destinados a los niveles inicial, primario y secundario. La movida tuvo por objeto desactivar las medidas de fuerza que analizaban los docentes, pero no dio resultado.
Estatales de paro
A diferencia de los sindicatos docentes, que llevan tres semanas con paros de 48 horas y han anunciado nuevas medidas para el 3 y 4 de abril, los estatales de ATE y UPCN esperaron durante un mes y medio una propuesta salarial convincente. El aumento del 10% con cláusula gatillo sujeta a revisión que ofreció el Ejecutivo resultó “insuficiente” y por eso pararon el 26 y 27 de marzo.
El gobierno reaccionó a los nuevos paros con una advertencia que, lejos de calmar los ánimos, terminó por exaltar a los sindicatos. Con el anuncio del descuento de los días no trabajados por medidas de fuerza, la relación entre los trabajadores y el Ejecutivo entró en zona de conflicto.
“Si alguien está faltando a su obligación, es el Estado”, disparó el líder de UPCN, Jorge Molina, cuyo gremio fue al paro pero sin participar de la marcha del 26. “No sólo no hay un acuerdo paritario que posibilite establecer un acuerdo salarial, sino que el gobierno está debiendo a los trabajadores el porcentaje de incremento del mes de febrero. Si alguien está en mora, es el Poder Ejecutivo de la provincia”.
Molina conduce UPCN desde la muerte de Alberto Maguid y siempre tuvo buen diálogo con las gestiones socialistas. Pero los últimos movimientos del gobierno cayeron mal en el principal sindicato de empleados públicos. “Que se plantee el descuento de días cuando está en falta el gobierno, me parece insólito”, criticó Molina, además de calificar como “injusta e infundada” la medida anunciada por la Casa Gris.
ATE también repudió la advertencia de descuentos. “El gobernador debería estar orgulloso de los trabajadores públicos de Santa Fe por el sacrificio que vienen haciendo estos años, no obstante el deterioro de su calidad de vida, en lugar de sancionarlos porque luchan por su dignidad”, sostuvo el secretario general del gremio, Jorge Hoffmann.
Argumentos oficiales
Desde la Casa Gris habían avisado en enero, antes del inicio de las negociaciones, que este año iba a ser difícil sostener la aplicación de la cláusula gatillo –por la cual los salarios se actualizan de manera automática ante el avance de la inflación– en los mismos términos de 2018, es decir sin limitaciones.
Cuando el gobierno puso sobre la mesa la idea de revisar con los gremios el comportamiento de la inflación y de la recaudación provincial, comenzó a observarse que esa revisión iba a ser motivo de conflicto.
El gobierno insiste en contrastar la inflación con la recaudación para justificar el límite que se busca aplicar a la cláusula de actualización salarial. Los datos los reveló el ministro de Economía Gonzalo Saglione. En 2018, la inflación en la provincia fue del 50% y la recaudación aumentó un 35%: 15 puntos porcentuales por debajo. En enero de este año, siempre según Saglione la diferencia es de “entre 9 y 11 puntos”.
El gobernador Lifschitz apeló a la “racionalidad” de los sindicatos al exponer una y otra vez ese desfasaje. Lo que ocurrió en 2018 es elocuente: en abril se firmó un aumento salarial del 18% en dos tramos, pero para fin de año, por aplicación de la cláusula gatillo, el aumento terminó siendo casi del 50%. El argumento del gobernador, dirigido a docentes y estatales, es que ningún sindicato del sector privado siquiera se acercó a ese porcentaje.
Masiva protesta
Alrededor de 20 mil personas marcharon el martes 26 en rechazo a la política salarial del gobierno provincial. La movilización fue convocada por Amsafe, Sadop, ATE, Siprus y Festram. Ante una plaza colmada, de espaldas a la Casa Gris, los líderes sindicales remarcaron la unidad de los trabajadores y dejaron en claro que no aceptarán propuestas salariales que impliquen una pérdida del poder adquisitivo.
“Vamos a seguir peleando”, bramó desde el escenario Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe provincial y de la Ctera nacional. Y le envió un mensaje al gobernador Miguel Lifschitz, vinculado a las declaraciones formuladas la semana pasada en las que ensalzó el aumento de casi 50% otorgado en 2018 por aplicación de la cláusula gatillo: “Que no se equivoque el gobierno; no vamos a renunciar a pelear por salarios dignos en la provincia”.
Alesso empezó poniendo en contexto las medidas de fuerza y se refirió a una “estrategia de poder para la región, de todas las derechas de América Latina, que significa quita de derechos, represión a la protesta social, hostigamiento al movimiento sindical y una campaña de invisibilización de las protestas por parte de los medios hegemónicos”.
La secretaria general de Amsafe aclaró que, además de la cuestión salarial, los gremios docentes seguirán dando pelea por otras demandas: condiciones dignas de trabajo, reconocimiento pleno de la jornada completa y una intervención decidida por parte de las autoridades para frenar las fumigaciones que afectan a las escuelas rurales. “El gobierno no lo quiere discutir porque hay mucho dinero de por medio”, acusó.
Luego, cuestionó la suspensión de los concursos de ascenso y anticipó que Amsafe realizará una presentación judicial por “práctica desleal” contra el Ministerio de Educación: “Se usó como un apriete; la suspensión de los concursos no es por culpa del paro, porque podrían haberlos reprogramado; fue un apriete, igual que los descuentos”.
Sobre la propuesta de aumento salarial del 10%, Alesso dijo que “ni siquiera compensa lo que aumentaron las tarifas” y lo calificó como “peor que el del año pasado”, cuando los gremios y el gobierno cerraron un acuerdo del 18% con cláusula gatillo sin limitaciones.