Pequeños productores del cordón verde santafesino, obligados a alquilar las tierras en que trabajan, reclaman un plan nacional agrario que prevea políticas equitativas a largo plazo.

No son dueños de las tierras que trabajan. Su producción está condicionada por los costos dolarizados y los valores que les imponen los intermediarios para la comercialización. Habitan la zona rural donde los servicios son una carencia. Entre ellos y ellas, se repiten las historias de desarraigo en busca de supervivencia. Son los hombres y mujeres del campo pobre que reclaman un programa agrario nacional tendiente a fortalecer su labor diaria.

“Es un sector históricamente postergado. No hay en este momento políticas públicas de largo aliento que intenten que el pequeño productor tenga una vida digna o que supere las problemáticas a las que está sometido todos los días”, expresó Federico Di Pasquale, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que, a su vez, forma parte de la Mesa de Organizaciones de la Agricultura Familiar de Santa Fe.

Los dueños de la tierra

A la hora enumerar las problemáticas, sobresale la tenencia de la tierra. “Defendemos el histórico cinturón verde, la zona de Monte Vera y Ángel Gallardo. Desde hace años, hay un gran avance de los negocios inmobiliarios, con grandes loteos. Zonas que históricamente eran para quintas. La mayoría de nuestros compas vinieron desde 1970 de Bolivia. Vinieron a trabajar la tierra porque es lo que, históricamente, han hecho”, continuó. Irregulares y precarios son los contratos o acuerdos que median entre los inquilinos los propietarios.

Karina Argota, productora de la zona, ilustró: “Como no son tus tierras, no podés arreglar o plantar un naranjo. No podés modificar la casa que te dan. Hay terrenos que podés alquilar y vienen con casa, y hay otros que tenés que armarte de chapas y vivir así, precariamente”. A ello se añaden otros factores que repercuten en la calidad de vida. “Los caminos son de tierra y si llueve, no se pueden llevar los hijos a la escuela. Hay caminos que no están ripiados. Y como centro de salud, lo más cercano es el Protomédico”, en Recreo.

La UTT nuclea, en nuestra zona, unas 120 familias que viven de su producción y batallan cotidianamente frente a los dueños de esas tierras, “un grupito concentrado”, que “arrienda gran cantidad de hectáreas”. “A nivel nacional, la UTT impulsa desde hace unos años una ley de tierras, con crédito blando, como un Procrear Rural. La idea es acceder a un sistema de créditos blandos que permita que, en vez de pagar el alquiler, se vaya pagando la hectárea. Eso sería muy importante”, enfatizó Di Pasquale.

“Siempre salimos perdiendo”

Ante la dura realidad que sobrellevan, desde la organización han gestionado conversaciones con autoridades gubernamentales. “Pero no hay respuestas concretas”, comentó Beatriz Gudiño, estudiante, trabajadora de la tierra e hija de productores. “Tenemos que esperar y vivir en la incertidumbre. Son proyectos que presentamos y es una larga espera. Sembramos acelga, repollo, lechuga. Es una gran inversión la que hacemos ahí. Ni siquiera podemos invertir en máquinas o comprarnos una casa. Solamente podemos satisfacer necesidades básicas. Teniendo en cuenta que está todo dolarizado, poder producir y llenar una hectárea nos cuesta entre 10 mil y 15 mil pesos, involucrando mano de obra. Muchas veces no nos alcanza para poder seguir produciendo. La docena de acelga está 100 pesos y en la verdulería la conseguís a 40 pesos el paquete. Siempre salimos perdiendo. No tenemos otro trabajo. Esto es lo que nos gusta”, resumió la joven dando cuenta del panorama en su completitud.

El desarraigo y más

En paralelo y ya en el plano local, la pelea se circunscribe en la demanda de una regulación sobre “los terrenos y hectáreas que están destinados a la producción y cuáles no”. De lo contrario, “el pequeño productor queda sometido a la dinámica de los negocios inmobiliarios”, precisó Di Pasquale expresando, al respecto, que “muchos productores, desde la individualidad, lo único que hacen es ir corriéndose de quinta, volviendo a alquilar, quedándose sin trabajo. A veces, dejan el campo y engrosan las villas urbanas, dejando de ser productores. En el mejor de los casos, se opta por un trabajo en la construcción. Pero tampoco hay dónde ir a trabajar”, detalló.

A instancias de la participación en el Foro Nacional Agrario, que se realizó este 7 y 8 de mayo en Ferro, Capital Federal, Di Pasquale hizo hincapié en la urgencia de pensar “un programa que nos sirva al campo pobre”. “Van pasando los gobiernos y no se discute qué política agraria queremos para el país. No tenemos injerencia en decisiones sobre precios, sobre tierras y somos los que trabajamos y ponemos la verdura en la mesa de la gente”, exaltó.

El monocultivo

Sabido es que el monocultivo no sólo ha ganado terreno sino que perjudicó, claramente, la diversificación. De ese modo, “la riqueza de la multiplicidad de cultivos se ha ido perdiendo porque el productor es un sujeto que vive endeudado con el que le vende la semilla y los insumos. Y al no haber ninguna política pública duradera no le queda otra que sacar préstamos”, cuestionó Di Pasquale.

La desigualdad en términos de producción no hace otra cosa que traducirse en las ganancias. “Una lata de semillas de lechuga de medio kilo que, en 2015, costaba entre 350 o 400 pesos, hoy está entre 3500 y cinco mil pesos, dolarizado. Y los precios que nos pagan no han variado con ese incremento. Una jaula de lechuga rinde alrededor de ocho kilos. Con un kilo que vende el intermediario recupera lo que te pagó”, graficó el dirigente. En efecto, desde la UTT se realizó un estudio durante la época de persistentes precipitaciones que se inició en noviembre pasado. “Cada productor había perdido alrededor de 100 mil pesos por hectárea. Son familias empobrecidas que laburan dos o tres hectáreas. Entonces lo que hace el productor es esperar que seque un poco el piso y empezar a laburar de vuelta. Eso no viene acompañado de ninguna política pública –insistió– que frene el desmonte ni la sojización absoluta que hay en Santa Fe. Estamos acostumbrados a decir que son cuestiones climáticas, pero son decisiones políticas que terminan alterando el clima”.

En palabras de Argota, “el intermediario paga por mitad. Si una docena de acelga está 100 pesos, va a pagar 50. Porque ellos van con sus vehículos, llegan a las quintas, llevan las verduras y después de una semana te facturan al precio que ellos quieren”, lamentó ante un hecho a todas luces injusto y desfavorable. “Los pequeños productores no somos formadores de los precios, no podemos poner nuestro IVA y tenemos que darlo porque si no se nos queda sembrado, se pudre y necesitamos esa hectárea para poder seguir en el circuito de reproducción”, agregó Gudiño, habitante de la zona rural de Monte Vera. “Las condiciones de nuestros compañeros no son dignas y eso también dificulta nuestro desarrollo como persona y nuestra salud. Pero es lo único que nos gusta trabajar”, remarcó la muchacha.

Agroecología

El sector también está atravesado por los mentados agroquímicos. La propia Argota se ha volcado a producir desde la agroecología. “Estamos comenzando a producir todo sano, libre de químicos. Es el bien para nosotros y para mis compañeros. Vamos por muy buen camino. Producimos vegetales de hoja, pero queremos empezar a producir otras cosas como papa”. En ese sentido, la organización considera que el pequeño productor “es un sujeto que está recontra oprimido y le han enseñado que es lo único que hay. Está obligado a usar eso –los agroquímicos– que es lo único que las cinco empresas multinacionales les han enseñado que puede usar. Están trabajando la agroecología desde las bases. Hacemos un laburo permanente de concientización. El agronegocio es un sistema hegemónico y ha condicionado la forma de entender la producción. El pequeño productor conoce que lo que le venden tiene cierto rendimiento en tiempo récord. Es un círculo vicioso. El laburo que hacemos en la organización busca romper con eso y poder producir y vender de otra manera para sacarnos los intermediarios de encima, dejar de comprarle a esas grandes empresas y dejar de sacar deudas”, argumentó Di Pasquale.

Con relación a la estabilidad laboral, los trabajadores del campo pobre también se han visto afectados por el fin del Monotributo Social Agropecuario, medida dispuesta por el gobierno nacional el año pasado. Ahora, les cabe ser beneficiarios del Monotributo Social. “Al caerse el Monotributo Social Agropecuario, muchos no fueron notificados en tiempo y forma y generaron deuda en la Afip. Permitía tener formalidad a la hora de la venta, se podía tener una obra social y aportes jubilatorios”, indicaron los integrantes de la UTT.

Contra la ley del más fuerte

De modo continuo los productores montan ferias en distintos barrios de nuestra ciudad. “Son una forma de visibilizarnos y de hacer llegar al consumidor un producto que a nosotros nos deja más de lo que nos pagan los intermediarios y que para el consumidor es más barato. Es una medida de organizarnos y una medida de lucha. Mientras no tengamos un propio mercado popular, en el que podamos regir los precios, estamos sometidos a la ley del más fuerte”, recalcó Federico Di Pasquale, de la Unión de Trabajadores de la Tierra.

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