Inundación 2003: fallo civil y apelación de la provincia

Foto: José Almeida

A 16 años de la catástrofe del río Salado, por primera vez un juez ordenó que se pague una indemnización. El fiscal de Estado se interpuso.

La Justicia le ordenó al Estado provincial indemnizar a un ciudadano de Santa Fe por los daños causados en su vivienda por la inundación de 2003. El fiscal de Estado de la provincia apeló el fallo, que sienta precedente y le abre la puerta a miles de demandas similares.

Se trata de la primera demanda civil que llega a sentencia, luego del fallo en la causa penal, de febrero de este año, que condenó a tres años de prisión (de ejecución condicional) a dos ex funcionarios del gobierno de Carlos Reutemann: el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica la provincia, Ricardo Fratti, por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.

El nuevo fallo del Tribunal Colegiado N° 4 de Santa Fe, fechado el 30 de abril, condena al Estado a pagar la suma de 50.258 pesos por los daños ocurridos durante la inundación de 2003 en la vivienda de Rodolfo Oscar Langhi, en calle San Juan 1624. Actualizado, el monto es de alrededor de 400 mil pesos, según la Fiscalía de Estado.

La sentencia se conoció el lunes 6 de mayo. El abogado de Langhi, Oscar Radkievich, explicó que “el Tribunal admite la demanda de resarcimiento contra la provincia por los daños y perjuicios producidos por la inundación de 2003”.

Según el abogado, el fallo “sienta precedentes muy interesantes respecto a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios y sobre el derecho de las víctimas a cobrar un resarcimiento por lo ocurrido”.

“El fallo está muy bien argumentado. Determina que hubo obras públicas que no se terminaron, que eso provocó el ingreso del agua a la ciudad y que es algo que se podía haber previsto”, agregó Radkievich.

El fallo del Tribunal Colegiado –integrado por las juezas María Georgina Rodríguez y Nora Vello y por el juez Gabriel Scaglia– sienta precedente para otras miles de personas que fueron víctimas de la inundación y que iniciaron acciones civiles. Solo el estudio del abogado rosarino Iván Cullen tramita unas 4200 demandas.

Argumentos

El Tribunal determinó que el daño ocasionado por la inundación en el inmueble de Langhi fue por un monto total de 32.438,99 pesos. A su vez, fijó el resarcimiento por los daños ocurridos en bienes muebles en 14.320 pesos, por “daños derivados” otros 3.500 pesos y por “daño moral” otros 3.000 pesos. Un total de 50.258 pesos: la suma exigida por el demandante en 2005, año en que comenzó la causa.

Sin embargo, la suma del resarcimiento debe ser actualizada según la tasa activa promedio del Banco Nación aplicando intereses desde el 29 de abril de 2003 (fecha en que ingresan las aguas a Santa Fe) hasta la fecha de su efectivo pago.

Entre otros fundamentos, los magistrados indicaron que hubo responsabilidad por parte de la provincia porque la obra de defensa del oeste estaba inconclusa y por allí ingresaron las aguas del río Salado.

En su defensa, el Estado provincial había planteado que “el exceso de lluvias a valores excepcionales”, comparándola con los 800 años anteriores, fueron la causa de la inundación y que, por lo tanto, no se podía imputar responsabilidad al Ejecutivo provincial. La sentencia civil –igual que la penal– rechaza ese argumento, similar al que usó en su momento Reutemann para deslindar responsabilidades.

Por el contrario, el Tribunal consideró que existieron negligencias del Estado que permitieron el ingreso del río Salado por un tramo de la defensa (entonces inconclusa) que corre paralela a la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe.

“La responsabilidad de la provincia de Santa Fe surge al no cumplir con su obligación de controlar tales alternativas hidrológicas y climáticas y no realizar obras de infraestructura adecuadas para evitar el desborde del río Salado”, sostiene el Tribunal en su fallo. Y entre las faltas cometidas por el Estado, enumera: “Dejar lugares abiertos a la altura de calle Gorostiaga en el Hipódromo de Santa Fe, no culminar los tres tramos de la obra construcción de la autopista de Circunvalación Oeste, para que cumpla funciones viales y al mismo tiempo de terraplén de defensa contra las inundaciones, y la errónea concepción del proyecto de terminación del tramo II, no prever la exigua luz de escurrimiento de las aguas de la autopista Santa Fe-Rosario, que hizo de dique, falta de planes de contingencia y alertas, deberes contemplados en cabeza del gobierno de Santa Fe”.

Apelación

El fiscal de Estado Pablo Saccone confirmó que se apelará el fallo ante la Corte Suprema porque “llama la atención la extensión de la responsabilidad que se le atribuyen a la provincia”.

“Está acreditado a través de prueba pericial que es un suceso que tiene una recurrencia de más de 800 años. Entendemos que hay algo de caso fortuito, cuestión que el tribunal rechaza, y que ha habido causas que han contribuido a que el fenómeno fuese de mayor trascendencia”, indicó Saccone a LT10.

“Hay una multiplicidad de causas que entiendo que en este fallo no son atendidas y le atribuyen el 100% de la responsabilidad al Estado”. Por eso, el funcionario pidió en su apelación ante la Corte “limitar la responsabilidad del Estado” y explicó: “Queremos tener certeza de cuál es esa extensión. Entendemos que en una causa de tanta trascendencia, es el máximo tribunal el que tiene que disponerla”.

La peor catástrofe

La inundación de 2003 dejó, según datos oficiales, un saldo de 23 muertos, 18 de los cuales fueron incluidos en la causa penal. El colectivo de inundados ha denunciado que, en los meses posteriores a la catástrofe, por los daños colaterales, murieron en total 158 personas.

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