Salud comunitaria: la Red Puentes contiene a jóvenes pobres con problemas de adicciones.
Al transitar por los barrios del oeste y norte de Santa Fe resulta evidente que las drogas y las armas circulan fácilmente. De hecho, así lo confirma un reciente estudio realizado por la consultora Canónika y el Centro Cultural y Deportivo “Ni un pibe menos por la droga”, sobre consumo abusivo de sustancias psicoactivas: el 54,4% de los encuestados de esa zona de la ciudad manifestaron que conocen dónde se puede conseguir drogas en su propio barrio, un 10% que pueden hacerlo en su propia manzana y un 36% en otro barrio.
El porro, el pipazo y la merca abundan en la capital provincial. Los narcos se llenan los bolsillos y los jóvenes se queman la cabeza. ¿Qué hace el Estado ante esta situación? En muchas ocasiones parecería que su única respuesta es la persecución policial, mayormente a los consumidores antes que a los vendedores.
Pero también hay organizaciones civiles que enfrentan esta situación a través de un trabajo cotidiano, como los “CAACs” (Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario) que existen en todo el país. Estos espacios dependen de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). El programa surgió en 2012 a partir de que un grupo de mujeres de Capital Federal se organizaron para luchar contra el paco. La mayoría de ellas trabajaban en comedores barriales y eran madres de adolescentes con problemas de adicción. Por lo que comenzaron a reclamarle al Estado una política pública específica.
Actualmente existen 218 casas de este tipo en todo el país y son gestionadas por diferentes organizaciones sociales y eclesiásticas. Si bien en nuestra provincia hay más de veinte, en la ciudad hay tres: “Casa Pueblo”, coordinada por el Movimiento Evita, el ya mencionado “Ni un pibe menos por la droga”, organizado entre otros por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la “Red Puentes”, dependiente del Movimiento Popular La Dignidad.
En este caso, Pausa dialogó con Sofía García y Agustina Bottaro, coordinadoras de la Red Puentes Santa Fe.
—¿Cómo surgió la Red?
—La Red Puentes surgió en las villas de Buenos Aires en el 2012. En nuestro caso, el Movimiento popular La Dignidad tiene una política de salud comunitaria integral en estos dispositivos convivenciales como centros de día. Actualmente existen 22 casas de la Red Puentes en todo el país. Cada una de esas casas son CAACs y todas juntas componen una cooperativa de salud en todo el país.
—¿Y en Santa Fe cuando comenzaron?
—Específicamente en Santa Fe estamos hace dos años, emplazados en una casa de calle Francia 2719. Hacemos un abordaje integral de problemas de salud en personas con consumos problemáticos y en situación de calle. Nuestro equipo es interdisciplinario: somos 13 personas, contando psicólogos, trabajadoras sociales y los talleristas semanales. Tenemos talleres de panadería, educación física, feminismo, masculinidades, formación política, radio, rap y reiki. Dentro de la casa se abordan diferentes temas, a nivel personal-subjetivo, pero también a nivel grupal.
—¿Qué diferencia a este centro de salud de los demás?
—Este es un espacio voluntario y gratuito. No trabajamos por obra social ni cobramos cuota. El sector de la población con el que laburamos viene de las barriadas populares y/o están en situación de calle. Además este espacio viene a irrumpir en la ciudad en la construcción de una institucionalidad disidente, porque tiene un abordaje de la salud desde una lógica comunitaria. Intentamos abordar todos los aspectos de la vida: educación, trabajo, vivienda, terapia individual y colectiva. Por eso no todos habitan el dispositivo de la misma manera. Hay quienes vienen un par de días y otros que participan de todos los talleres. Pero eso va variando, vemos qué necesita cada uno.
—¿Para asistir hay que tener un vínculo con la organización?
—Cuando abrimos, muchos de los pibes y pibas que llegaron era por el trabajo territorial que tiene el Movimiento La Dignidad: copas de leche, comedores, espacios educativos, cuadrillas de saneamiento. Luego, otros pibes llegaron porque nosotros a mediados de 2017 realizamos un censo popular para personas en situación de calle. Ahí nos encontramos con que había un montón de jóvenes en esa situación –y también atravesados por la problemática del consumo–, y que no había un lugar público específico para su atención.
—Reciben a sectores sociales que el Estado no atiende…
—Nosotras empezamos a construir y consolidar una línea intervención en pos de una política pública que atienda a las pibas y pibes que atraviesan un consumo problemático y/o están en situación de calle. Y si bien dependemos del Sedronar, la relación no es sencilla. A comienzos de este año, las organizaciones sociales y eclesiásticas que tienen CAACs desarrollaron un proceso de lucha en todo el país porque teníamos el presupuesto congelado desde 2017. Gracias a eso se conquistó el 40% de mejora presupuestaria. Pero también el plan de lucha es más amplio, ya que reclamamos la efectiva implementación del decreto nacional que declara la emergencia en adicciones. Y además pedimos el tratamiento de un proyecto de ley que presentamos en el Congreso.
—¿Qué propone ese proyecto de ley?
—El proyecto reclama la declaración de la emergencia nacional. Entendemos que en este contexto de crisis socioeconómica que vive nuestro país, la problemática del consumo se ve incrementada y profundizada. Por ejemplo, nos encontramos que esta ciudad está plagada de una droga de exterminio: la alita o el pipazo. Es un derivado de la cocaína, similar al paco. Tiene consecuencias físicas y de dependencia muy rápidas y destructivas. Decimos que estamos en emergencia porque se expande muy rápido: hace año y medio vemos un incremento masivo de esta sustancia. Los jóvenes están en extrema vulnerabilidad: estas situaciones pueden terminar en la muerte o la cárcel.
—O sino viviendo en la calle…
—Muchos pibes terminan viviendo en la calle, hostigados y marginados de sus propios barrios porque no quieren vender o robar para el comisario de turno. Y la crueldad que implica vivir en la calle es algo que muchos ni siquiera podemos dimensionar. La crueldad de buscar un pibe que está durmiendo en una iglesia abandonada entre la mierda, los insectos y las ratas. Así es como llegan acá la mayoría. Sumado a la violencia policial e institucional que sufren. La mayoría llega acá sin documento de identidad.
—¿Y qué resultados obtuvieron a partir de su trabajo?
—Nosotros somos un centro de día y tenemos un abordaje integral e interdisciplinario. Además hacemos asambleas de equipo donde debatimos la construcción de esta casa y los proyectos de vida de los pibes y pibas. Después de varios meses donde ellos habitan el dispositivo, podemos pensar en que trabajen o que retomen sus estudios. Nos dedicamos a construir proyectos de vida, a pensar en su “egreso” de esta casita. Por eso, por ejemplo, hoy tenemos en funcionamiento un espacio productivo donde se configuran como sujeto trabajador. En ese espacio funciona, en articulación con La Dignidad y el Polo Productivo Tosco, una fábrica de adoquines y una bloquera compuesta por pibes que salieron de esta casa.
—¿El objetivo es también que puedan volver a su hogar?
—La situación es mucho más compleja, porque a veces no tienen dónde volver. En general, no hay un núcleo socio-afectivo que acompañe y contenga. Trabajamos en contextos de extrema vulnerabilidad. El tejido social está totalmente disgregado, atravesado por generaciones sumidas en la pobreza extrema. Nuestra lógica de trabajo implica que cuando sus núcleos socio-afectivos existen, o los podemos reconfigurar, nosotras avanzamos en ese sentido. De hecho, algunos han vuelto a vivir a sus casas, son pequeñas victorias que hemos tenido.
—Es muy difícil su reinserción social…
—Nosotros no hablamos de reinserción social, sino que nos dedicamos a construir proyectos de vida digna de los pibes y pibas. Eso implica no sólo que tengan las necesidades básicas satisfechas sino también algo fundamental: que puedan pensar qué desean hacer. Porque llegan a esta casa con el deseo anulado. La mayoría de ellos llegaron en situación de calle. Muchos no habían terminado la escuela. Entonces pensamos los egresos dependiendo las necesidades de cada uno de los pibes. Se los acompaña en el alquiler de pensiones o en la construcción de una casita propia. Pero también hay que decir que resulta difícil el proceso de “egreso”, porque existe mucha discriminación y estigmatización. Es complicado que los acepten en pensiones o en escuelas, aún cuando ellos puedan demostrar que trabajan en espacios cooperativos con sueldo fijo. Entonces, lo más importante para nosotras es entender que el proceso de rescate no es lineal, el contexto es sumamente hostil. Por eso hemos construido esta casa, en articulación con centros de salud, hospitales, la Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas y el Área Mujer y Diversidad Sexual de la Municipalidad. Nosotras entendemos que estamos construyendo una política pública y una forma de salud comunitaria.
