La reforma penal juvenil del gobierno nacional, que busca bajar la edad de punibilidad a 15 años, es denunciada por inconstitucional. Suspendieron su tratamiento en el Congreso.

Tras una avalancha de críticas desde muy diversos sectores, que advirtieron que el proyecto de ley penal juvenil propuesto por el gobierno nacional es regresivo e inconstitucional, el oficialismo suspendió las audiencias públicas sobre el tema en el Congreso. Los encuentros habían comenzado el pasado 9 de abril. Organizaciones sociales, profesionales, funcionarios y académicos expusieron ante legisladores sus opiniones sobre el proyecto que, entre otros puntos, propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años. Las voces en contra fueron mayoría y, si bien de manera oficial no explicaron los motivos, la quinta jornada de audiencia –que iba realizarse el 7 de mayo– se suspendió. Por lo tanto, tampoco se discutió el proyecto en la Cámara de Diputados el 9 de mayo, como estaba previsto.

Entre los aspectos más cuestionados del proyecto se destacan la baja de la edad de punibilidad, las penas –consideradas excesivas y que empeoran la actual situación de los adolescentes–, las supuestas sanciones, que en muchos casos consisten en cumplir derechos básicos como ir a la escuela o acceder a tratamientos de salud, y la posibilidad de abrir procesos de investigación sin condenas a menores de 15 años.

Los argumentos en contra provinieron de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); del  Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf) –compuesto por las secretarías de Niñez de todas las provincias–, de la Defensoría General de la Nación, de colegios de magistrados y funcionarios judiciales, de docentes, académicos y numerosas organizaciones sociales que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Y de los propios chicos, los pocos a los que les permitieron hablar.

“Como no tenemos voz y no podemos defendernos resulta que somos los culpables de la inseguridad, de la violencia social. ¿No será que la violencia es una epidemia social debido a la enorme brecha entre ricos y pobres?”, cuestionó Valentina Herbsommer, de 16 años, integrante del Consejo de la Niñez y Adolescencia de La Pampa, durante la audiencia del 23 de abril. “Los adolescentes necesitamos alimentarnos, estar escolarizados y una educación pública de calidad, trabajo digno para nuestros padres y madres, servicios de salud pública eficaces, actividades deportivas y culturales barriales y comunitarias, orientación y apoyo laboral, mayor contención, un medio ambiente sano, espacios de participación democrática”, enumeró. “Sin embargo, tenemos un Estado ausente que no interviene, que nos ignora presupuestariamente al momento de definir prioridades y políticas públicas. Que nos estigmatiza y nos convierte en enemigo público.”

Una a una, las exposiciones durante las cuatro jornadas de audiencia corrieron el eje que el oficialismo intentó trazar: de hablar de adolescentes que cometen delitos y no tienen respuesta penal se pasó a hablar de adolescentes con derechos vulnerados por el propio Estado. El cambio de eje no es casualidad sino que tiene un correlato directo con la realidad: mientras que no existen estadísticas concretas a nivel nacional de la participación de menores de 15 años en la comisión de delitos graves –se estima que no llegan al 1%–, lo que sí está documentado es que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes del país viven en la pobreza. De acuerdo a datos de Unicef Argentina de marzo pasado, el 42% de los chicos se encuentran bajo la línea de pobreza (5,5 millones) y un 8,6% vive en hogares que no cubren la canasta básica. El 48% sufre al menos una privación en sus derechos básicos y fundamentales.

Propuesta regresiva

Vigilados y castigados. La mayoría de los especialistas que participaron del debate en el Congreso se oponen al proyecto del gobierno.

El actual Régimen Penal de Minoridad es el decreto 22.278 de la última dictadura. Por ello, el gobierno nacional sostiene que con su proyecto viene a saldar una deuda de la democracia. Sin embargo, si bien hay acuerdo en la necesidad de crear un Sistema Penal Juvenil, no hay consenso en esta propuesta. “Aprendieron el uso de la terminología. Son palabras que parecen ser muy garantistas pero termina siendo punitivo. Y no es solamente la baja, todo el proyecto es grave”, señaló a Pausa Estela Rojas, integrante de Encuentro Niñez y Territorio, un espacio en el que confluyen organizaciones que trabajan con niños y jóvenes de los sectores más postergados del país. Entre otros puntos, el proyecto:

= Baja de la edad de punibilidad. El gobierno propone bajar la edad de 16 a 15 años para quienes cometan delitos con penas de 15 o más años de prisión (homicidios, robos violentos, extorsión, entre otros). Esta medida es rechazada porque viola el principio de no regresividad en materia de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Así lo advirtieron, entre muchos otros, el uruguayo Luis Pedernera, flamante presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, y el defensor Público Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación.

• Penas excesivas. Se propone una pena máxima de 15 años para adolescentes de 15 años. Y no se establece un tope de pena para los de 16 y 17, sólo que no podrá ser prisión perpetua. Esto empeora la situación vigente, ya que no pone límite de condena para los mayores de 15 y tampoco permite absolver o reducir penas, algo que sí se puede hacer con la legislación actual.

• Sanciones que son derechos. En el capítulo cinco del proyecto se enumeran las sanciones de tres tipos: socioeductativas, disciplinarias y privativas de la libertad. Entre las socioeducativas y disciplinarias se cuentan: iniciar o completar la escolaridad obligatoria, aprender un oficio, participación en programas deportivos, recreativos o culturales, concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad, participación en un tratamiento médico o psicológico, abstenerse de consumir estupefacientes. Ante ello Unicef Argentina sostuvo: “El sistema penal juvenil no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes”.

• “Judicializa” a los inimputables. Para los menores de 15 años el proyecto prevé que se realice una investigación para determinar la existencia del delito, que intervengan equipos interdisciplinarios y que éstos envíen informes sobre la niña o niño cada tres meses al juez. “Sostenemos que la técnica legislativa de este capítulo es deficiente, ambigua y contradictoria”, advirtieron desde el Colegio de Magistrados bonaerense. Y sostienen que si un adolescente es no punible, el juez de menores ya no puede tener intervención.

• Alarga los procesos. El proyecto dice que el adolescente tendrá que ser juzgado en un plazo “razonable” pero establece como duración máxima del proceso penal tres años. Esto significa que un joven que cometió un delito puede llegar a estar tres años involucrado en un proceso mientras espera por una condena.

Proteger la niñez

“Las medidas represivas no solucionan; los problemas se solucionan con una vida digna, con educación, salud, con integración, y participación social, cultural, política y espiritual de los jóvenes”, sostuvo Adolfo Pérez Equivel durante una conferencia de prensa junto a Nora Cortiñas, organismos de Derechos Humanos y la Mesa de Articulación por la Niñez el pasado 10 de mayo.

La exigencia de políticas efectivas de protección de la niñez y adolescencia fueron también una constante en las exposiciones en Diputados. En concreto, se pide que se cumpla –con presupuesto suficiente– la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de 2005.

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, es uno de los ámbitos académicos que, desde hace varios años, estudia en paralelo los proyectos de ley penal juvenil y las políticas de protección niños y adolescentes. “El sistema de promoción y protección de derechos vigente está desfinanciado hace 15 años en nuestro país”, señaló Vanesa Salgado, integrante del Observario. “Es ahí donde deben generarse las respuestas. La barrera política criminal es la barrera de edad a partir de la cual el Estado decide castigar a través del sistema penal. Por debajo de esa edad no actúa el sistema penal. Ahora, si el sistema de promoción y protección de derechos está tan desfinanciado para que parezca ‘la nada misma’ (así lo definió el subsecretario de Justicia y Política Criminal de la Nación, Juan José Benítez, al argumentar la necesidad de la nueva ley penal), entonces ahí está la alarma”, sostuvo. Y alertó: “El sistema penal donde toca, rompe. El sistema penal lastima, deja marcas para siempre. Es inadmisible que se proponga que la forma de responder a la garantía de derechos de un sujeto sea a través del sistema penal. Pero cuando eso se sostiene sobre un niño, además de inadmisible es espantosamente cruel”.

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