A menos de un año de la sanción de la Ley Integral para Personas Trans, una campaña que busca derogarla alcanzó la cantidad de firmas suficientes para impulsar un pre referéndum.
El 19 de octubre del 2018 Uruguay aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que establece medidas de protección y reparación para ese sector vulnerable de la población. Ahora, el efecto conservador y antiderechos que golpea buena parte del continente parece estar llegando a tierras de Mujica.
Una campaña en pro de la derogación de la ley, que comenzó en mayo, alcanzó ya la cantidad de firmas suficientes para impulsar un pre referéndum. La convocatoria la logró el ex precandidato del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, tras presentar ante la Corte Electoral casi 70.000 firmas. Para que la Corte convoque a un referéndum, el domingo 4 de agosto deben votar cerca de 650.000 personas, el 25% del padrón electoral. Sin embargo, el pre referéndum no es una votación obligatoria.
El movimiento que apoya la derogación de la normativa, y que en un increíble giro discursivo tiene como nombre "Todos somos iguales", emitió un comunicado en el que expresaba las razones por las que se opone a la Ley Trans. Según este grupo, la normativa "parte desde definiciones basadas en una mentira" y es "discriminatoria", porque prioriza el acceso a la educación, cultura, empleo, becas y vivienda "a un sector de la sociedad en detrimento de otros".
Además, aducen que la ley viola la patria potestad porque permite el cambio de sexo y de nombre en documentos identificatorios a menores de edad sin el consentimiento de sus padres.
Por su parte, los colectivos que defienden la Ley Integral de Personas Trans denunciaron penalmente a Iafigliola por "incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas".
La Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay se manifestó en contra del pre referéndum, señalando que una mayoría circunstancial de ciudadanos no puede quitarle derechos a una minoría. “La INDDHH entiende que los avances logrados en Uruguay para vivir con dignidad, deben ser protegidos por la ley y por la sociedad. Los derechos humanos reconocidos a las minorías (sean estas raciales, religiosas, por opinión política, identidad de género, estado de salud, o posición económica, entre otras) no pueden ser anulados por la decisión de una mayoría, que siempre será circunstancial y cambiante”.
“Como consecuencia de esa discriminación, hoy en Uruguay las mujeres trans tienen una esperanza de vida de menos de 40 años. La mayoría de las personas trans sufre discriminación en el ámbito familiar, escolar y laboral. El 67% se han visto empujadas al trabajo sexual en algún momento de sus vidas, quedando expuestas a violencias y enfermedades”, agrega el comunicado.
