Los abusos de las fuerzas de seguridad provinciales se consolidan en cantidad y calidad.
Creado en 2012, el Registro Provincial de Violencia Institucional y afectaciones de los Derechos Humanos expresa en un informe anual una conclusión que se reitera siempre. Las fuerzas de seguridad te torturan si son varón, joven, pobre y te encontrás en tu barrio abandonado. Año tras año se vuelve a constatar la misma realidad, esa es la eficacia de los sistemas.
El Registro forma parte de las acciones que lleva adelante regularmente el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de la provincia. Aparte de las tareas propias de la Defensa Penal, los funcionarios y empleados del Servicio van consignando en una planilla estandarizada, durante todo el año, cada una de las denuncias de “prácticas estructurales de violación de derechos, ejecutadas por acción u omisión de funcionarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicio penitenciario y efectores de salud, así como también operadores judiciales, en contextos de restricción de autonomía y/o libertad”. Esas entrevistas se realizan de forma privada y confidencial, para resguardar la identidad del declarante, que puede ser tanto una víctima como un familiar.
Desde el Registro se deja en claro que los datos que producen son “el piso mínimo” en relación con la violencia de Estado. La “cifra negra” –las personas que sufren violencia institucional pero no lo declaran– es imposible de estimar en su proporción.
En el recientemente publicado informe de 2018 repitieron, una vez más, en la conclusión: “el tipo de selectividad que el Estado aplica en su accionar criminalizante es siempre el mismo: joven, adulto, de unos 26 años promedio, que vive en los barrios más pobres de las ciudades y cuyo nivel de instrucción es muy bajo. Esto ha llevado a algunos autores a esbozar la idea de una letalidad policial caracterizada por aristas raciales, ya que orienta su actividad hacia cierto tipo de víctima claramente identificada por su color de piel, su pertenencia territorial o su anclaje identitario. Por lo tanto podemos afirmar que el sistema penal es claramente selectivo. Su característica principal –profundizada en los últimos años– es la delegación en la agencia policial de la captación de personas”.
Aquello que se llama política de seguridad es, entonces, acosar a los pobres, hasta encarcelarlos (ver aparte)
579 víctimas
En 2018, el Registro tomó nota de la existencia de 579 víctimas de violencia institucional en toda la provincia. Unas 108 son de la circunscripción judicial Santa Fe, 280 de Rosario. Apenas el 51% de las víctimas hizo la denuncia formal.
La cifra marca o bien un aumento en la ferocidad de las fuerzas públicas o bien una mejora en la llegada de las víctimas al Registro, ya que en el informe de 2017 la cantidad de víctimas consignada fue de 453. Es un aumento del 27,8% en la cantidad de víctimas.
Lo que no varía –mostrando, otra vez, la eficacia de los sistemas– es la cantidad de víctimas que denuncian (50% en 2017). Tampoco varían las razones. En 2018, un 67% de quienes no denunciaron se justificaron en su temor a represalias (66% en 2017). Luego, un 22% dijo que denunciar a la Justicia iba a empeorar su situación de detención (19% en 2017). “La palabra del preso no vale”, dijo un 6% de quienes no denunciaron en 2018 y un 7% en 2017.
El 86% de las víctimas es varón, el 53,1% tiene nivel primario completo o menos. Esa cifra se estira al 85,4% sumando a quienes tienen el nivel secundario incompleto. El 50% tiene 26 años o menos. La edad que mayor cantidad de casos concentra es 19 años.
En 2018, el Registro sumó datos de localización. El listado es por demás gráfico. Los barrios donde residen la mayoría de las víctimas son Centenario, San Jerónimo, Varadero Sarsotti, Las Lomitas, San Pantaleón, Barranquitas, Ceferino Namuncurá, San Ignacio de Loyola Sur, Vuelta del Paraguayo, El Pozo. “La selectividad sociodemográfica responde a criterios etarios, educativos y económicos, por una parte, y por la otra, la selectividad territorial responde a zonas geográficas, caracterizadas por la precariedad, la pobreza y la exclusión social”, establece el informe.
Ensañamiento
“Los relatos relevados reflejan testimonios de víctimas que son objeto de permanente hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Muchos de estos hostigamientos terminan por efectivizarse sobre las familias o los testigos”. Más claro: los oficiales se comportan como matones impunes que toman de punto a sus víctimas, a lo largo del tiempo.
El 50% de las víctimas puede reconocer a sus agresores (el 55% en el informe de 2017). Por lejos, la fuerza que más abusos registra es la Policía de la Provincia. Luego viene el Servicio Penitenciario. En 2018, el 87% identificaba como agresor a un policía (83% en 2017).
Dentro de las fuerzas policiales, el personal de Comisaría es el que más gusto tiene por el verdugueo, representaron el 59% de los agresores de azul, seguidos por el 25% de Comando Radioeléctrico. En 2017 esos porcentajes fueron de 55% y 27%, respectivamente. La solidez de los sistemas.
Los abusos se ejercen mayoritariamente en la vía pública (58%, en 2017, 57%) y, lógicamente, en las mismas comisarías (32%, en 2017, 33%).
Golpes y amenazas
El Registro releva vejaciones físicas, psicológicas y a los derechos humanos en general (como armar causas o robar a los ciudadanos). Una misma víctima puede sufrir a la vez los tres tipos de abusos. Por eso, en 2018 se relevaron 958 casos de abuso, perpetrados sobre las 579 víctimas declarantes.
El 54% de los casos fue físico, el 26% psicológico y el 10% corresponde a otras afectaciones de los derechos humanos. Las afectaciones físicas son de las más variadas, en el tope está los golpes y las golpizas. Se registran también disparos de bala goma, submarinos, pata pata (pegar con un objeto plano en la planta de los pies) y abusos sexuales. Hubo 10 muertes como resultado de estas violencias, son dos menos que en 2017. No hubo casos registrados de picana, mientras que 2017 se relevaron cuatro.
Por lejos, las amenazas y las humillaciones son los apremios psicológicos más utilizados. Más tenebrosa es la primera categoría de las afectaciones a los derechos humanos: en 2018 se registraron 56 armados de causas truchas por parte de las fuerzas de seguridad (65 en 2017). Otros delitos de la misma índole cometidos por el Estado son la falta de atención médica, odontológica, psicológica o de medicamentos, las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente alimentación de los detenidos, el robo de pertenencias, las exigencias indebidas de dinero, la falta de recepción de denuncias, las sanciones administrativas fraudulentas y la obtención de pruebas falsas, entre otros.
Penados al infierno
Los informes del Registro Provincial de Violencia Institucional y afectaciones de los Derechos Humanos hacen especial hincapié en la situación de los centros de detención de personas, ya sean cárceles, comisarías o alcaidías. Las condiciones de vida son oprobiosas, los malos tratos permanentes. Y mientras tanto, las ganas de meter (pobres) presos son cada vez mayores.
En 2018 se contabilizaron 5949 personas detenidas en cárceles y alcaidías. El 43% solamente está procesado, el 57% tiene condena. Sólo en 2018 entraron al sistema penitenciario 979 privados de su libertad.
En 2010, había 79 personas presas cada 100 mil habitantes de la provincia. En 2018, había 167 personas presas cada 100 mil habitantes. La tasa se duplicó. La curva comienza a ascender rápidamente en 2016. En 2015 había 89 presos cada 100 mil habitantes, en 2016 había 102, en 2017, 143 y en 2018, 167.
Cinco de 10 unidades penitenciarias que pertenecen a la provincia sobrepasan la capacidad de alojamiento declarada: en Coronda hay 228 presos de más, en Las Flores el exceso es de 121 reclusos, en Santa Felicia sobran 10, en Piñero sobra 219 y la Unidad Penitenciaria N° 16 hay dos presos de más. La sobrepoblación carcelaria es el signo de las tres penitenciarías más importantes: Coronda, Las Flores y Piñero.
“La sobrepoblación implica el aumento en términos cualitativos del padecimiento de estas personas que se encuentran bajo la custodia del Estado y son vulneradas en sus derechos elementales. La sobrepoblación genera hacinamiento, deterioro edilicio, pésimas condiciones higiénicas y falta de privacidad. Intensifica los niveles de violencia institucional, aumenta los conflictos entre internos y produce muertes”, dice el informe.
En 2018, murieron 18 personas en unidades penitenciarias. En 2017 fueron 22, en 2016 fueron 19, 17 en 2015, 15 en 2014. “La regularidad del flujo de muertes a lo largo de los años pone en cuestión el desempeño estatal. Los fallecimientos persisten como fenómeno en el tiempo”.
