Tras un año de intríngulis judicial, el Tribunal Supremo español, por unanimidad, dictaminó que los restos del genocida sean exhumados del monumento celebratorio de su dictadura teocrática. No podrán ser enterrados en la catedral de la Almudena, como quería su familia, sino que irían al cementerio El Pardo.
Se terminaron los fastos para uno de los criminales más grandes del siglo XX. El terror de Estado de la dictadura que comandó Francisco Franco entre 1938 y 1975 todavía está presente en su monstruosa tumba, el Valle de los Caídos, un conjunto de monumentos por él construido para su cuerpo y el de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange. También hay una espantosa fosa común con víctimas de la guerra civil española, de ambos bandos, cuyos cuerpos están entremezclados. Se trata de 33.847 personas distintas, todas bajo la cruz católica, como si eso no fuera un insulto para los republicanos y como si Franco no hubiera sido un genocida.
Tras anunciarlo en junio, en agosto de 2018 el gobierno socialista de Pedro Sánchez inició los trámites para exhumar la momia del dictador, desactivando al tenebroso lugar como Meca de brutos, fascistas y sotanudos. Automáticamente, la familia de Franco inició acciones judiciales, que superaron la decena, para evitar que se retiren los restos o para que, al menos, se trasladen a la cripta familiar, que está en la coqueta catedral de La Almudena.
Nada de eso avaló hoy el Tribunal Supremo español, que por unanimidad y en una hora le dio su aval al gobierno para que saque el cuerpo de Franco y lo entierre donde disponga. El lugar de la futura inhumación sería el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde está enterrada la esposa del genocida, Carmen Polo. La familia de Franco también pedía que en caso de exhumación el asesino recibiera honores militares: himno nacional completo, arma presentada, descarga de fusilería y cañonazos.
El gobierno socialista podría comenzar con las tareas ya mismo, en el marco de una nueva campaña electoral. Sin embargo, ni siquiera tras el fallo del Tribunal Supremo se puede tocar a la momia: un juez madrileño dicto en febrero una cautelar para suspender las obras por los riesgos que traería para la infraestructura del Valle de los Caídos el corrimiento de la losa de dos mil kilos que cubre al muerto.
En un giro sarcástico de la historia, los Franco apelarían a sucesivas instancias judiciales superiores al Tribunal Supremo. Primero está el Tribunal Constitucional, para apelar por la supuesta violación del derecho a elegir el lugar de enterramiento de los familiares. Luego, queda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derechos Humanos para los Franco.
Repercusiones
Al toque, el representante de la ultraderecha española Santiago Abascal salió a sentar la posición de su partido, Vox. En su cuenta de Twitter reflejó el pensamiento profundo de una corriente que viene creciendo rápidamente en toda Europa.
Nos da igual que sea legal o no la intención del gobierno de profanar tumbas contra el deseo de las familias. Estaremos siempre en contra de desenterrar muertos y odios del pasado. Miramos al futuro. Porque amamos a España y deseamos la convivencia entre los españoles.
— Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) September 24, 2019
El traslado del dictador debió haberse producido el 10 de junio. Como muchas otras veces, la acción se paralizó por la intervención judicial. Según estimaciones oficiales, la obra costaría 51.520,96 euros, entre el traslado de Franco y la adecuación del panteón en El Pardo. "Una democracia no puede tener un mausoleo dedicado al dictador", dijo el presidente Pedro Sánchez, en el debate por las elecciones que ocurrió el lunes pasado.
Por su parte, los familiares de víctimas de la dictadura franquista recibieron con alborozo la decisión del Tribunal Supremo.
Víctimas del franquismo reciben el fallo del Supremo. Franco saldrá del Valle y no irá a la Almudena. pic.twitter.com/pINb7wZ1zX
— Alejandro Torrús (@ATorrus) September 24, 2019
