La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que llegó con media sanción desde el Senado.
La Legislatura santafesina sancionó ayer la adhesión provincial a la Ley Micaela. Se trata de la Ley Nacional n.° 27.499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la media sanción proveniente del Senado, a partir de una iniciativa del senador Giacomino. En la Cámara Baja había además otros tres proyectos con el mismo objetivo: uno de la diputada Augsburger, otro del edil Busatto y un tercero proveniente del Ejecutivo. Dichas iniciativas fueron soslayadas en función de poder sancionar la norma. De esta manera, el Estado santafesino deberá procurar la capacitación en perspectiva de género de quienes trabajen de los tres poderes. Asimismo, deberá garantizar que quienes detentas cargos de jerarquía en el ámbito ejecutivo, legislativo o judicial tengan formación en la materia.
La Ley Micaela fue aprobada en el Congreso de la Nación en diciembre de 2018, y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. En cuanto a los contenidos de la capacitación, éstos deberán regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones de derechos humanos vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por Argentina. Se trata de una demanda sostenida por el movimiento de mujeres y de disidencias sexuales. A lo largo del tiempo, diversas provincias fueron adhiriendo, sumándose ayer Santa Fe y La Pampa.
La norma lleva el nombre de Micaela García, la joven violada y asesinada en 2017 en Gualeguaychú. El femicida, Sebastián Wagner, había sido condenado por violación y en el momento del crimen debía estar cumpliendo su pena. Sin embargo, fue liberado por el juez Rossi, desoyendo los informes del Servicio Social del Servicio Penitenciario que desaconsejaban la libertad condicional para Wagner por su peligrosidad.
