Datos de Correpi: El gobierno de Mauricio Macri fue el más represor desde 1983

    El dato se desprende del Informe de la Situación Represiva Nacional, presentado este viernes.

    La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó este viernes su Informe de la Situación Represiva Nacional, correspondiente a 2019. “Terminada –afortunadamente- la gestión de Cambiemos a nivel nacional, hoy el Archivo refleja el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y que superó con creces los propios”, indicaron desde la organización.

    Del informe presentado se desprende que “Por primera vez desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en 2017 el gobierno macrista superó la barrera de un muerto por día a manos del aparato represivo estatal, frecuencia que se siguió incrementando hasta llegar, concluida su gestión, al inédito promedio de una muerte a manos de su aparato represivo cada 19 horas”. 1833 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos en 1.435 días de gobierno (entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019).

    Desde la organización ilustraron el dato con una comparación: “Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 46 horas a uno cada 30. El macrismo, en apenas cuatro años, incrementó a más del doble la frecuencia”. Los 1833 crímenes del período de Cambiemos representan casi el 26% del total desde diciembre de 1983 en menos de 4 años. Correpi presenta su informe desde 1996. Desde 1983 a esta parte, registraron en total 7093 muertes en circunstancias de represión.

    Correpi fundamenta la cifra de los últimos cuatro años en el ánimo social promovido desde el propio gobierno nacional, a través de funcionarios como el propio presidente o la Ministra Bullrich: «Las recurrentes y ampliadas campañas de ‘ley y orden’, al amparo del discurso oficial de la ‘inseguridad’, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático». «A la vez, se desató como nunca antes una campaña de legitimación de estos fusilamientos, protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno y amplificada hasta el paroxismo por la prensa hegemónica», argumentan.

    Foto: Correpi.

    El informe

    A los fines estadísticos, para la realización del informe se desagregaron las modalidades de los crímenes en: gatillo fácil, muerte de personas detenidas, fusilamientos en movilizaciones u otras protestas, muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También se registraron el total de desapariciones y de femicidios.

    El organismo advierte la gran incidencia de muertes en cárceles y comisarías durante el macrismo (59,45 %), que superaron las muertes en circunstancias de «gatillo fácil» (27,32 %). “Indudablemente la decisión política del gobierno de Cambiemos de intensificar al máximo la intercepción de personas para identificar y requisar, que en muchísimos casos derivan en detenciones arbitrarias para averiguar antecedentes o imputaciones de contravenciones y delitos como la siempre dúctil ‘resistencia a la autoridad’, ha incrementado la circulación de personas en comisarías, y por eso la cantidad total de muertes con intervención de las policías en general resulta bastante superior a los casos estrictamente de gatillo fácil en la vía pública, que aumentaron también, pero en menor proporción”, fundamentan desde la organización.

    «Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros. En las cárceles federales, con una capacidad para 12.235 personas, se hacinan hoy 14.409, mientras que las unidades bonaerenses (cárceles, alcaidías y comisarías), con una capacidad total que apenas supera las 30.000 plazas, hay más de 50.000, según un informe oficial del Tribunal de Casación Penal bonaerense de octubre de este año. Según la misma fuente oficial, en 2015 el total de personas detenidas en la provincia eran 34.000. Esto explica el exponencial crecimiento de las muertes en lugares de detención durante la gestión de Cambiemos, muy especialmente en la provincia de Buenos Aires, que registra el 50% del total de personas privadas de la libertad del país», contextualizan.

    A su vez, Correpi distinguió las fuerzas que cometieron los crímenes: la mayoría de las muertes (47,71%) corresponden al conjunto de las policías provinciales; le siguen de cerca los servicios penitenciarios de todo el país (37,25%). Gendarmería y Prefectura ven incrementada también su participación (1,49 y 0,86 %), después del protagonismo excluyente que tuvieron, en 2017, en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

    «Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso (1,16 %), así como la categoría ‘otras fuerzas’, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos ‘tercerización de la represión'», señala el informe. En sus tres años de existencia, además, la Policía de la Ciudad -otra invención de Cambiemos- logró el récord de duplicar la cantidad de casos registrados por la Metropolitana en cuatro veces más tiempo  (68 casos en 36 meses, contra 22 en 8 años).

    Correpi registró 200 desapariciones de personas durante la gestión Bullrich. A las 91 personas asesinadas en contexto de protesta social, el gobierno de Mauricio Macri agregó la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y los crímenes contra Rafael Nahuel, Ismael Ramírez (13) en la represión a un piquete de desocupados en Sáenz Peña, Chaco, y Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, en la represión a un conflicto por tierra y vivienda en La Matanza.

    El 43% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos. «El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar ‘equivocado’, es también poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las políticas represivas que sirven para implementar el control social», puntualizaron.

    En cuanto a los índices provincias, Buenos Aires lidera el ránking (7,5 %), con muy poca diferencia con las que la siguen: Tierra del Fuego (6,9 %), Santa Fe (6,6 %), Chubut (5,7 %) y Mendoza (5,3 %). Más atrás siguen La Pampa, Río Negro, CABA, Córdoba y Santiago del Estero. «Es de notar que los distritos que encabezan la lista son aquellos en los que de manera más brutal se viene aplicando el ajuste, y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación» enfatizaron desde Correpi.

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