Esperanza: sancionan una ordenanza contra los derechos de las personas gestantes

Organizaciones feministas reclaman que sea vetada por contradecir el ordenamiento legal vigente.

En la semana de la actualización del Protocolo de Atención Integral a las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) el Concejo Deliberante de Esperanza sancionó la ordenanza de “Protección de la persona gestante en situación de vulnerabilidad y de la niñez por nacer”. Dicha norma es una iniciativa de la agrupación «Esperanza por la Familia», y fue votada por unanimidad en el cuerpo legislativo. Contradice los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, amparados en leyes provinciales y nacionales, al restringir su autonomía para la toma de decisiones ante un embarazo no deseado. Ahora, diversas organizaciones sociales demandan a la intendenta, Ana Meiners, que vete la iniciativa.

El lunes pasado se trató en el Concejo Municipal de Esperanza un proyecto de la agrupación “Esperanza por la Familia”, quienes tras reunirse en varias oportunidades con los ediles y con miembros de la Secretaria de Promoción Social del Municipio, a cargo de Romina Toledo, presentaron la iniciativa. Norma Andrea Martínez, Víctor Elena, María Rosa Theler, Guillermo Bonvín, Pablo Comesatti, Marcelo Dellaporta y Eduardo Kinen la votaron por unanimidad.

Una ordenanza que atrasa cien años

La ordenanza tiene como objetivo poner en funcionamiento un “Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Persona  Gestante y de la Niñez por nacer” que funcionará a través de una Mesa de Trabajo, en jurisdicción de la Municipalidad de Esperanza. Señala en su redacción que la tarea se realizará «Respetando los protocolos vigentes que resulten aplicables en cada caso, articulando la tarea (pública y/o privada) para el acompañamiento del embarazo vulnerable con el objeto de garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional y provincial sobre el tema».

Sin embargo, en su artículo 3°) indica que «Cuando se presentaren situaciones de embarazos vulnerables, se articularán las medidas necesarias, para proteger los derechos de la persona gestante y la niñez por nacer». Entre los «embarazos vulnerables», el propio texto enumera: “aquel embarazo de riesgo en que se vea perjudicada la salud del binomio; que sea consecuencia de un abuso sexual; en que las circunstancias económicas, culturales y familiares sean tales que le hagan dificultoso llevar el embarazo adelante; aquel en el que una persona gestante con discapacidad requiera apoyos; aquel que se dé en toda situación de violencia o cualquier otro supuesto en el que existan circunstancias que pongan en riesgo a la persona gestante y/o a su embarazo”.

En 1921, el Congreso de la Nación sancionó el Código Penal vigente, estableciendo dos causales de despenalización del aborto: cuando el embarazo fuera producto de una violación o cuando pusiera en peligro la salud o la vida de la persona gestante. Durante muchos años, la letra de esta ley se forzó al punto de exigir a las mujeres denuncias y otros requisitos que la ley no requería. Fue en 2012, más de 90 años después, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación clarificó el modo en que debe interpretarse el famoso artículo 86. Es decir: en sentido amplio y conforme a los derechos sexuales y reproductivos que en nuestro país gozan de jerarquía constitucional.

Ahora, desde la localidad santafesina de Esperanza, y en la misma semana en que desde el Ministerio de Salud de la Nación se actualiza el Protocolo de Atención sanitaria para esas situaciones, la decisión del Concejo Deliberante atrasa cien años. Con la figura del «binomio» inserta entre las causales, no se hace más que cercenar la autonomía de la persona gestante ante el concepto «niñez por nacer».

Desde las organizaciones

Inmediatamente, la agrupación feminista esperancina Se Dice de Mí dio la voz de alerta sobre lo que el Concejo Municipal acababa de sancionar. Diversas organizaciones se sumaron solidariamente al reclamo para que Ana Meiners vete la ordenanza, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En su comunicado, Se Dice de Mí alega que «La intencionalidad es clara, se pretende utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las personas gestantes que han sido violadas o tiene riesgo de vida a llevar a término su embarazo aunque deseen lo contrario».

Además señalan que «Es altamente preocupante que en el art. 5 , inc a) se aclare específicamente que las intervenciones no tendrán ningún ‘sesgamiento ideológico, político o religioso’ cuando en la fundamentación se repite varias veces que Esperanza ha suscripto un compromiso ‘Cívico y Ecuménico por la vida’, lo que en criollo es que pertenece a las ciudades abiertamente declaradas antiderechos, como Salta y Tucumán, donde niñas víctimas de abuso sexual fueron obligadas a gestar y parir, una práctica que la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos catalogan como violaciones a los derechos humanos equivalentes a la tortura».

«Las personas gestantes abortamos, desde tiempos inmemoriales, interferir, obstaculizar, retrasar el acceso a la ILE no sólo vulnera derechos sino que pone en riesgo de vida a la persona que ha tomado la decisión y que buscará por fuera de las garantías del sistema de salud cumplir con su voluntad, arrojándola a la clandestinidad. Es doblemente grave porque es el mismo Estado Municipal quién brinda herramientas para que sean revictimizadas una y otra vez» alertan.

«Solicitamos a la Intendenta Ana Meiners que vete la ordenanza por atentar contra los derechos de las personas gestantes, violar las normativas para erradicar la violencia hacia las mujeres y la jerarquía de normas y convenciones superiores», reclaman, a la vez que reclaman la implementación de la Ley Micaela en el Estado esperancino.

En el mismo sentido, la Regional Santa Fe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiaron la ordenanza ya que «Desconoce la legislación vigente en nuestro país desde hace casi cien años y los derechos consagrados de las personas gestantes», por lo que exigieron que sea vetada. A su vez, expresaron que «La biología no es destino, y en el contexto de emergencia social que atraviesa nuestro país, desdibujar los derechos sexuales y reproductivos adquiridos resulta un acto de irresponsabilidad e ilegalidad por parte de quienes ocupan cargos legislativos».

Por último, enfatizaron que «El aborto no es una imposición, pero ante la decisión personalísima tomada, deben arbitrarse las medidas para acercar los servicios de salud pública, más allá de las creencias particulares de quienes cumplen funciones en el Estado».

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